Piden informes al Municipio y la ex ADIF por posible estafa en Puerto Norte
El presidente de la Comisión de Producción y Empleo del Concejo Municipal, Martín Rosúa, realizó una serie intervenciones con el objetivo de evitar que capitales privados, a través de maniobras judiciales, puedan apropiarse de terrenos pertenecientes a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ubicados en la estratégica zona de Puerto Norte. Asimismo, adelantó que solicitará, a través de otro proyecto, que la Municipalidad comparezca en el expediente ya iniciado.
En la tarde del jueves se aprobó un pedido de informe al mencionado organismo nacional y a la Municipalidad de Rosario, a la que también pidió que se presente en la Justicia a comparecer en la causa ya iniciada. En el caso de ADIF, Rosúa pretende conocer la defensa ejercida en la problemática de los terrenos ubicados en la zona de Puerto Norte, donde un fideicomiso conformado por empresarios locales, a través de la figura de la prescripción adquisitiva, pretende quedarse con los 28 mil 500 metros cuadrados que desde hace años se encuentran usurpados por familias de la ciudad. “Tenemos dudas sobre la actuación de la gestión en la ex ADIF del Gobierno anterior. Creemos que hay una defensa judicial de los terrenos que resulta sospechosamente light”, sostuvo.
“La usucapión puede solicitarla aquella persona que ocupa durante un tiempo determinado un terreno que no le fue reclamado. En este caso, llama la atención que prácticamente todos los vecinos del lugar hayan pedido conjuntamente la posesión de las tierras”, resumió el edil, para luego agregar: “Si algún vecino firmó documentación en contra de su voluntad o sin conocer los pormenores, puede haberse caído en una maniobra ilegal”.
El concejal radical, uno de los autores de la iniciativa, manifestó que la transparencia en los actos de gobierno es un “derecho de los rosarinos”. Es por ello que, cuando tomamos conocimiento del reclamo judicial por el cual un fideicomiso privado pretende apropiarse del dominio de terrenos pertenecientes al Estado Nacional, decidimos denunciar la irregularidad.
“Existieron reuniones entre la intendenta y autoridades del Gobierno Nacional que nos hacen suponer que se puede llegar a buen puerto para, en primer término, evitar una eventual estafa al Estado y, posteriormente, para poder utilizar las tierras de manera eficaz no sólo desde lo económico sino también en lo social”, apuntó.
“Nos importa que no se beneficien unos pocos con algo que puede cambiar la calidad de vida de muchas personas. Proponemos que se liciten públicamente los terrenos estatales y con lo que produzca esa venta se genere un fideicomiso, que sea administrado de forma responsable, transparente y eficiente en pos de construcción de viviendas sociales”, adelantó.
“Hablamos permanentemente del déficit habitacional y de vivienda que sufre Rosario y la Argentina. Evaluamos seriamente la posibilidad de que esos terrenos sean licitados y, con ese dinero, poder construir una significativa cantidad de viviendas sociales para quienes ocupan esas tierras y otros rosarinos que también precisan”, abundó.
