Con aval de la Fiscalía y familiares, la Justicia concedió una probation al extitular de International Park
El ex concesionario del parque de diversiones donde murieron dos hermanas tras ceder un juego no irá a juicio y sólo deberá cumplir tareas comunitarias. Con el aval de la Fiscalía y los familiares de las víctimas, la Justicia concedió la probation a Adrián Osella, apoderado del International Park, donde en agosto de 2013 se produjo la tragedia. El imputado, que se encontraba procesado por doble homicidio culposo y lesiones graves, se comprometió a colaborar con Cáritas, yendo una vez por semana a la parroquia Nuestra Señora de Pompeya.
La resolución la adoptó el juez Correccional Rodolfo Zvala en el expediente que investiga las responsabilidades penales por las muertes de las hermanas Melanie (14 años) y Florencia Aranda (de 12 años), ocurridas el 10 de agosto de 2013.
Ese día, en el marco de los festejos por el Día del Niño, las menores oriundas de Rafaela se encontraban arriba del juego «La Vuelta al mundo» cuando la góndola que las contenía se desplomó desde unos 20 metros de altura. Fallecieron en el acto.
Desde esa fatídica jornada el parque de diversiones fue clausurado primero por la Justicia y luego por el municipio.
Y nunca más volvió a funcionar. A fines de noviembre del año pasado, el municipio decretó la caducidad de la concesión, determinó que no habrá más juegos mecánicos en ese parque y anunció que se recuperará el predio para el uso público.
La pericia oficial realizada sobre el juego determinó notables fallas de diseño. Y destacó que no se realizaban «inspecciones periódicas programadas» que «podrían haber detectado esa anomalía», y en consecuencia haber evitado la tragedia.
El lapidario informe pericial advirtió que otras cuatro canastas tenían los mecanismos desgastados y estaban a punto de colapsar, lo cual hubiese acarreado consecuencias aún más graves. «Era una ruleta rusa, pudo ser una masacre», graficó la fiscal inicial de la causa, Cristina Herrera.
Dos años y medio después del desastre, la Justicia benefició al principal imputado. El magistrado tuvo en cuenta el aval de los padres de las chicas y el consentimiento de la fiscal subrogante Magdalena Mazzini.
En una audiencia celebrada el 23 de diciembre pasado, los padres de las chicas fallecidas señalaron: «A pesar de que las vidas de nuestras hijas nadie nos la puede devolver, hemos sido reparados patrimonialmente, queriendo poner fin a la revictimización que significa el trámite judicial».
La representante del Ministerio Púbico Fiscal dijo que no tenía nada que objetar al pedido de suspensión de juicio a prueba si los querellantes lo convalidaban tras haber sido indemnizados.
El juez Zvala accedió al pedido de probation por tratarse de un ilícito con penas menores a tres años. Argumentó que este beneficio apunta a «evitar la aplicación de sanciones en casos donde puede verificarse su concreta innecesariedad, además de aliviar el elevado número de causa penales a juicio en trámite en el sistema penal (…) e impedir el efecto estigmatizante de las condenas».
El magistrado fue más allá y advirtió además que si la causa tenía «una eventual condena (contra Osella), la misma sería de ejecución en suspenso».
En ese marco resolvió suspender el juicio a prueba por dos años y estableció una serie de reglas de conducta. Por caso, Osella no podrá ejercer como ingeniero en ese mismo lapso.
Además, deberá efectuar trabajos comunitarios para Cáritas dentro de la sede la parroquia Nuestra Señora de Pompeya (Mendoza 5160), «los días lunes 16 a 18 colaborando con el ropero comunitario y en el banco de alimentos. Y participar cada 15 días en la cocina, de 14 a 17.30».
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