Michetti echó a 2 mil empleados del Senado nombrados por Boudou
La vicepresidenta explicó que eran «designaciones políticas» que ponían «en crisis el presupuesto para 2016». El gremio expresó su rechazo.
La vicepresidenta Gabriela Michetti decretó ayer la baja de «2.035 designaciones políticas» en la Cámara alta que había realizado su antecesor en el Senado, Amado Boudou. Además, creó una «comisión revisora especial de máximo nivel» que analizará, «en un plazo máximo de 120 días, la totalidad» de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones del último año.
El objetivo de la medida es «garantizar el pago de los salarios» porque «si hoy el Senado quisiera hacer frente» a esa instancia, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones», precisó un comunicado oficial.
A su vez, resaltó que «el ex vicepresidente violó todas las reglas de ingreso y promoción que protegen la carrera administrativa de los trabajadores» y «puso en crisis, además, el presupuesto para 2016».
Michetti, quien también difundió la decisión por las redes sociales, «firmó un decreto por el cual se dan de baja las 2.035 designaciones políticas decididas por su antecesor a través de tres decretos, dos del 26 de enero y uno del 3 de noviembre de 2015».
A su vez, la medida se complementa con «la creación de una comisión revisora especial de máximo nivel, integrada por el senador nacional Mario Daniele; el director general de Recursos Humanos, Pablo Casals, y el subdirector general de Administración, Diego Lacu», informaron.
Esa comisión «analizará, en un plazo máximo de 120 días, la totalidad de los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los últimos doce meses a la luz de las necesidades funcionales del Senado, que no variaron de manera sustancial desde el final de la gestión de Julio Cobos», explicó el comunicado.
Además, fueron invitados a participar los gremios que actúan en el Congreso: Asociación del Personal Legislativo (APL), ATE y UPCN.
En la Cámara baja el macrismo intentó días atrás dar de baja algunos contratos, pero luego la medida quedó sin efecto a raíz del fuerte rechazo de los trabajadores agrupados en la APL.
La baja de los más de 2 mil contratos «cuenta con el apoyo de las distintas bancadas», se explicó.
«La medida tomada de dar de baja las 2.035 asignaciones políticas decididas por Boudou significan un aumento de la plantilla del 146 por ciento», explicó Michetti.
En su cuenta de la red social Twitter, la vicepresidenta resaltó que «no es posible que un desmadre administrativo del Senado caiga sobre la espalda de los propios trabajadores y de los contribuyentes». En ese sentido, indicó que «si hoy el Senado quisiera hacer frente al pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones de pesos».
«La gestión del Senado debe volver a ser transparente. La Cámara alta volverá a estar abierta a la gente», enfatizó Michetti.
Como parte de la misma decisión, Michetti dispuso que se revisen las 2.317 recategorizaciones que ordenó Boudou antes de dejar su cargo.
«Una barbaridad». En tanto, el titular de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero, afirmó que «es una barbaridad» la decisión de la vicepresidenta de dar de baja en el Senado 2.035 designaciones calificadas como «políticas» y advirtió que van a «luchar hasta las últimas consecuencias».
«Realmente me parece que es una barbaridad esta medida, que afecta a más de 2 mil familias que son de planta permanente, que están amparadas por la ley y que vamos a recurrir», enfatizó el dirigente sindical.
Di Próspero sostuvo que «es un gran error de la política de Estado» del oficialismo y pidió al gobierno nacional que «se saque la careta».
«Quieren hacer un estudio previo, forman una comisión, donde no figura ninguno de los gremios, para investigar si hay gente que trabaja o no y dan de baja esos contratos. Tendrían que haber empezado al revés y ver quiénes son los que no trabajan», afirmó.
Además, Di Próspero sostuvo que «tienen que tener fundamentos para decir que en el Senado hay 2 mil ñoquis», y señaló que «hace dos días la vicepresidenta les pagó a los más de 2 mil compañeros despedidos, cuando lo que tendría que haber hecho era denunciarlos a la Justicia si realmente son ñoquis».
«Somos gente de consenso y de diálogo, pero ellos cortaron todo consenso y todo diálogo y ahora vamos hasta las últimas consecuencias», remató el dirigente. (La Capital)
