Así actuaban policías y ladrones de la subcomisaría 26ª

Cinco uniformados fueron imputados de formar una organización delictiva con seis civiles. Policías marcaban lugares para robar, aportaban armas y luego limpiaban las evidencias.

El jefe de la subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez, su secretario, dos suboficiales y un agente quedaron imputados de formar una banda con seis civiles —cuatro siguen prófugos— a quienes brindaban protección y logística para que cometieran distintos robos a mano armada. El más resonante, en mayo pasado, fue el copamiento de la subcomisaría de General Lagos donde robaron armas y un móvil policial para minutos después asaltar el banco Credicoop de esa localidad. A un hombre de 51 años le asignaron la jefatura del grupo que aportaba la mano de obra de la organización.

Una situación de descontrol que habría imperado durante meses en la subcomisaría 26ª (ver página 35) desembocó la semana pasada en 16 allanamientos. Así se desbarató una banda mixta de policías y civiles que cometió varios delitos. Los policías acusados son Maximiliano Maldonado, de 43 años y jefe de la sub 26ª; su secretario Juan Carlos Morgan, de 39; los suboficiales Nara Lucía Rodas, de 28, embarazada de 7 meses y pareja de Maldonado, y Fernando Rubín Acosta, de 33; y el cabo de la seccional sub 13ª, Javier Lanero, de 39. A ellos se sumaron Humberto Ismael «El Viejo» o «Pachín» Aguirre, de 51, y el albañil David Berlari, de 33. Todos fueron los imputados ayer de integrar una asociación ilícita cuya actividad se remonta a por lo «seis meses de permanencia», según la fiscal Viviana O’Connell.

Según la imputación, la banda «conocía los resortes del sistema, porque hablaban con teléfonos descartables». De las intervenciones a los teléfonos de Morgan y Maldonado se pudo constatar el vínculo cercano con El Viejo, Berlari, o con los prófugos «Damián», «Rastrero» y «Camuchi».

En algunas conversaciones se advierte la planificación previa y cómo se marcaban lugares, lo cual corría por cuenta los uniformados. Y luego se trataba de «limpiar» sitios que serían allanados por los investigadores en busca de evidencia.

Escuchados. «Mirá que salí, te alcanzo el extravío», le dijo Morgan a uno de los civiles sobre una escopeta, lo cual demostraría, según la fiscal, el abastecimiento de armas que hacían los policías. En otra escucha, uno de los prófugos pide «¿no hay para rescatar un 22 o una Bersa?», a lo que el policía responde «ahí tiré los hilos». En otra comunicación entre Morgan y Miguel Vallejos, prófugo y condenado por una entradera, el policía pregunta «¿cómo estuvo el partido de ayer?». Para la fiscal las escuchas son una evidencia de la connivencia en varios robos.

O’Connell recordó una comunicación entre dos supuestos delincuentes: «Estuve hablando con mi amigo el de la sub (por la comisaría), que tiene un trabajo para mí y para vos, ahí me lleva con él a ver», en referencia a que el policía (aparentemente Morgan), lo trasladaría al lugar marcado para robar.

La imputación también desmenuzó una supuesta protección a quioscos de drogas, algo que se desprende de la recriminación que Morgan le hace a un vigilante ajeno a la situación que había merodeado un búnker. «Esa zona la manejamos con el jefe», dijo el secretario de Maldonado.

Hechos. Los fiscales O’Connell, Gisela Paolicelli y Karina Bartocci vincularon los hechos con los protagonistas. Así, atribuyeron a la banda el copamiento a la subcomisaría 13ª y el robo al banco Credicoop de General Lagos el 13 de mayo pasado. Recordaron que ese día Lanero y Rodas debían custodiar la seccional, pero «se fueron antes de cumplir su horario», y dejaron a cargo a la sargento Claudia A. Casi en simultáneo seis delincuentes llegaron al lugar, redujeron y ataron con alambre a la mujer policía y se apoderaron de una ametralladora FMK3, dos escopetas calibre 12.70, tres chalecos antibalas y la pistola de la agente.

Los maleantes huyeron en el patrullero que estaba en la puerta. En esa maniobra entra sospechado Lanero como un engranaje de la banda al dejar sola y desprotegida a su compañera. Es que no hay coincidencia entre el horario registrado en las cámaras del banco robado minutos después y el cotejo del GPS del ómnibus que Lanero dijo abordar.

Según las fiscales, y de acuerdo a esa secuencia, el policía debía haber observado todo el movimiento desde la esquina. Incluso está sospechado de desconectar la radio del patrullero un día antes para evitar la intervención oficial.

Con el camino despejado, la banda hizo cinco cuadras hasta el banco, redujo al custodio y a varias personas para robar 120 mil pesos. En ese hecho las cámaras registraron un Chevrolet Astra blanco que acudió en apoyo de los delincuentes y es propiedad de Vallejos, uno de los prófugos.

De ese hecho se sumaron testigos clave para la pesquisa, algunos de identidad reservada, que lograron reconocer a miembros de la banda.

Entradera. Pero la investigación que desnudó el entramado delictivo de la banda fue una entradera ocurrida el 3 de junio pasado en España al 5500 de Villa Gobernador Gálvez. Allí se identificó a Vallejos por su auto, y al Viejo, quien golpeó en la cabeza al dueño de casa. Es más, un miembro de la familia asaltada reconoce que uno de los maleantes era el ex novio de una empleada suya.

Las víctimas denunciaron el robo en la subcomisaría 26ª y brindaron datos de los agresores pero, como era de esperar, no prosperó.

Lo significativo es que según las evidencias que acumulan la pesquisa, Morgan y Rodas prestaron colaboración «anterior y ulterior» al hecho, porque al ordenarse un allanamiento a la casa de Vallejos para dar con él y procurar lo robado, hay testigos que vieron a ambos policías ayudar a la esposa del sospechoso a vaciar la vivienda y cargar objetos en una camioneta, en la que se fueron «todos juntos».

Por ese hecho Morgan dejó su teléfono a la fiscal de turno quien, a partir de algunas sospechas por su extraño vínculo con la mujer de Vallejos, hizo intervenir la línea y se comenzó a esclarecer la actividad de la banda.

Otro hecho que se atribuye a Berlari y Aguirre es el atraco al negocio de insumos electrónicos El Arca, de Villa Gobernador Gálvez, donde robaron 28 mil pesos, un utilitario Fiat Ducato y un Chevrolet Agile. En los allanamientos a las casas de los imputados se secuestró evidencia que ahora es peritada. En la casa del Viejo hallaron una campera con escudo policial, una pistola 9 milímetros, un revólver 22 desarmado, teléfonos. Se logró ubicar también un bolso que el grupo hacía circular de mano en mano con varios insumos utilizados en los atracos.

A Morgan le incautaron una camioneta Amarok negra, un Ford Ka, seis teléfonos, packs de víveres que el gobierno provincial destina a las comisarías para la comida de los presos y el personal. Algo llamativo es que a Lanero le encontraron en la casa 145 municiones calibre 9 milímetros, vainas servidas de ese calibre y otro tanto calibre 22 y 5 teléfonos.

El trabajo de inteligencia de PDI que describe el modus operandi, filmaciones, fotos, allanamientos, el relato de testigos y el secuestro de varios de elementos utilizados por el grupo, conectó a las sospechosos con los delitos que les atribuyen. Incluso durante la investigación se pudo contactar a víctimas de varios hechos cuyas denuncias en la seccional de Villa Gobernador Gálvez nunca prosperaron y ni siquiera fueron notificadas a la fiscalía en turno.

Imputaciones. La revisión de las medidas cautelares se pospuso para mañana, pero el juez Gustavo Pérez de Urrechu imputó a Maldonado la jefatura de la asociación ilícita, dos robos calificados por el uso de arma de fuego (al banco y a la subcomisaría), dos hechos de privación legitima de la libertad, cohecho, falsificación ideológica de instrumento publico e incumplimiento de sus deberes de funcionario.

A Morgan le atribuyeron el rol de «organizador» de la asociación ilícita, el hecho de General Lagos, la coautoría del robo al galpón, y ser partícipe necesario del robo a la vivienda el 3 de junio, entre otros delitos como incumplimiento de sus deberes, falsificación y amenazas.

A los otros uniformados los imputaron de integrar la asociación ilícita y la participación en distintos delitos. A la suboficial Rodas, a quien le concedieron arresto domiciliario por su avanzado embarazo, también le atribuyeron ser partícipe necesario del robo calificado por el uso de arma impropia a una casa.

(La Capital)