Propuesta para abordar la violencia institucional
La diputada del Partido SI, Alicia Gutiérrez, presentó un proyecto de Ley que propone la creación de fiscalías especializadas en la atención de hechos que involucren el uso abusivo de la fuerza por parte de los agentes policiales de la provincia. El objetivo del mismo es contar con oficinas integradas por expertos de diversas disciplinas que se ocupen tanto de verificar los operativos destinados a conjurar la acción delictiva como de sancionar las infracciones que se detecten por parte del personal de seguridad.
“Frente al avance del delito y el aumento de la violencia que se percibe en lo cotidiano es necesario fijar las reglas que deben prevalecer en un sistema democrático a la hora de castigar la conducta criminal. De esta manera, se busca establecer las pauta que jueces y fiscales deberán tener en cuenta para evaluar si la actuación policial estuvo conforme a derecho”, explicó la legisladora provincial respecto al sustento filosófico del proyecto.
El fiscal responsable de dichas fiscalías, designado por la Asamblea Legislativa a propuesta del gobernador, se ocupará de coordinar el equipo de trabajo multidisciplinario encargado de la investigación y represión del delito, como así también de la protección y custodia de los denunciantes. Para esto contará con un cuerpo de policías seleccionados y especializados en la temática. “Incluso se busca someter a escrutinio popular el desempeño de los funcionarios públicos a cargo de estas estructuras tan sensibles a los intereses institucionales”, explicó la diputada Gutiérrez.
La medida se enmarca en lo que es el cambio del sistema procesal penal de la provincia, que se encuentra “en plena etapa de transición entre el viejo esquema punitivo y el actual, que se presenta moderno y flexible de manera que permite adaptar las distintas herramientas disponibles a las situaciones concretas”, según se lee en sus fundamentos.
Se entiende por “uso abusivo de la fuerza” a las acciones realizadas por los agentes que no sean necesarias para asegurar la seguridad o el orden, evitar la fuga del delincuente o proteger la vida propia o de terceros y que, en definitiva, violen los principios básicos establecidos por Naciones Unidas respecto al empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley.
