Caso Gerardo: patovica imputado

En un video se lo ve golpeando a Pichón a la salida del bar. Dos policías y otros dos empleados de seguridad, acusados de encubrir.

Un patovica del boliche La Tienda fue acusado como autor de la muerte de Gerardo «Pichón» Escobar, el joven que fue visto por última vez al salir del local la madrugada del viernes 14 de agosto, mientras que otros dos encargados de seguridad y dos policías que realizaban adicionales en el local fueron acusados de encubrimiento agravado.

La prueba más reciente en la que respaldó la acusación es una filmación de un edificio de Tucumán al 1000 —exhibida en privado a la defensa— en la que se ve al custodio golpear al muchacho y luego arrastrarlo desvanecido fuera del alcance de la cámara. Otro dato citado en la audiencia es que un software de búsqueda de celulares utilizado por sus amigos detectó la última señal del aparato a 80 metros de la casa del empleado. La aplicación fue testeada en la fiscalía y se pedirá un informe a peritos sobre su margen de certeza.

Particularidad. El caso tiene la particularidad de que aún no se sabe cómo murió el empleado municipal de 23 años. Es que el informe de autopsia no refiere una causa de muerte violenta sino indeterminada, por lo que aún se esperan estudios más precisos para avanzar en ese aspecto. La fiscal Marisol Fabbro, acompañada por su par Rafael Coria, mencionó que el viernes ante una consulta telefónica el médico forense Raúl Rodríguez reiteró que no se detectaron elementos de una muerte por sumersión ni fracturas, como tampoco heridas de bala o arma blanca.

El profesional indicó que el estado de descomposición del cuerpo impide establecer si algunos edemas corresponden a «lesiones traumáticas o putrefacción» e indicó que se extrajeron tejidos encefálicos para analizar en laboratorio si existen rastros de un hematoma. «El informe no es contundente ni determinante», admitió Fabbro ante el juez Luis María Caterina. Pero subrayó que el forense dejó una «puerta abierta» al aclarar que, aun en ausencia de marcas o fracturas, el muchacho «pudo sufrir golpes», incluso letales.

De eso da cuenta una filmación breve tomada desde una cámara de vigilancia de un edificio de Tucumán 1059 en la que se basaron las detenciones ordenadas el sábado. La imagen se exhibió ante los defensores sin presencia del público, que debió retirarse de la sala. Según indicó luego Fabbro en conferencia de prensa, la cámara registró que un hombre cuya vestimenta y rasgos se compadecen los del patovica Cristian Jesús V. (esa noche apostado en la puerta de La Tienda) golpeó a Escobar en la esquina de calle Sarmiento.

Golpes. Con una calidad a mejorar, en el video se advierte que el custodio inmovilizó al muchacho pisándole la mano, le pegó un rodillazo y golpes de puño. «No se alcanza a determinar si le pega en la cabeza», indicó la fiscal. Luego se ve que lo arrastra desvanecido fuera del alcance de la cámara, que actúa con un sensor de movimiento.

Sobre lo que pasó desde ese momento hasta la aparición del cuerpo en el río siete días después poco se sabe. Ante la prensa, la fiscal explicó que la teoría de la acusación es que el custodio no habría podido ocultar el cuerpo sin ayuda y por eso se le imputó encubrimiento al resto. «Trabajé todas las hipótesis pero, por descarte, me encaminé en el homicidio porque era lo que más urgencia ameritaba y obligaba a trabajar con detenciones», dijo. No descartó que el cuerpo haya sido llevado a un domicilio antes de arrojarlo al río porque las pericias arrojan que estuvo «entre seis y ocho días» en el agua y por lo tanto «los márgenes dan» para que esa mecánica fuera posible.

También dijo que se realizaron pruebas de luminol en busca de rastros de sangre en autos secuestrados a los acusados, con resultados negativos. Se detectaron manchas en una remera y una funda de un asiento trasero sobre los que se ordenó un test de laboratorio, que estará listo en tres a cuatro días, para determinar si es sangre. Además aclaró que quedan medidas de prueba pendientes, se siguen recolectando filmaciones y se volverán a tomar declaraciones.

Los roles. La sala de audiencias quedó chica para los familiares de los detenidos, abogados y un nutrido número de periodistas, mientras que por la familia de Escobar acudió su hermana, Luciana. La fiscal acusó a Cristian V., de 36 años y domiciliado en Uruguay al 3100, de «haber dado muerte intencionalmente con golpes de puño y de la rodilla en distintas partes del cuerpo» a Escobar. Le endilgó la autoría de un homicidio simple, con pena mínima de 8 años.

Según la atribución fiscal, esto ocurrió alrededor de las 6 del 14 de agosto cuando el muchacho salió de La Tienda caminando hacia el este y “presuntamente” intentó abrir la puerta de un Peugeot 308 de la encargada del bar que estaba estacionado por Tucumán al 1100, a veinte metros del local. Cruzó Sarmiento y se agazapó a la altura del 1059 detrás de un auto estacionado a 45 grados para “evitar un ataque”, pero entonces recibió “varios golpes de puño que le provocaron la muerte”.

Luego, siguiendo la hipótesis fiscal, al patovica lo ayudaron a borrar rastros. El policía Luis Alberto N., de 32 años y el efectivo con carpeta psiquiátrica Maximiliano A., de 32, quienes cubrían adicionales; junto a los patovicas César Darío A., de 30; y José Luis C., de 33, fueron acusados de “haber ocultado el cuerpo” para luego “arrojarlo a la orilla del río Paraná”. Los cuatro quedaron imputados de encubrimiento agravado por la gravedad del delito ocultado.

Postergación. Los abogados particulares que los representan, Juan Ubiedo, Marcelo Piercecchi y José Luis Giacometti, pidieron postergar hasta mañana la discusión de las medidas de prisión preventiva. Pretenden conocer mejor el legajo y discutir las pruebas.

El juez Caterina adelantó que al inicio de esa audiencia se expedirá sobre el pedido del defensor general Gabriel Ganón para que el caso lo investigue la Justicia federal como desaparición forzada de persona.

Uno tras otro, los abogados cuestionaron que se le dé tratamiento a un planteo de competencia que no fue formulado por ninguna de las partes en litigio, por lo que formularon reservas para acudir hasta la Corte provincial o nacional.

Con los cinco acusados aún presos, el debate sigue y acaso la nueva cita permita avanzar sobre lo que pasó entre la golpiza y la caída al río de Pichón.

(La Capital)