Las dos caras de la justicia provincial
En Santa Fe, al igual que en el resto de nuestro país, desde el fin de la última dictadura militar las instituciones han sufrido importantes cambios, aún con sus claros y oscuros, y avanzado hacia lo que exige un sistema democrático. Algunas han logrado llevar adelante esa transformación con mayor celeridad –un ejemplo es la conformación actual de la Legislatura provincial– mientras que otras, fundamentales para la vida de los ciudadanos, se resisten a las ideas renovadoras y a la modificación de ciertas estructuras. Este es el caso del Poder Judicial.
La “corporación judicial”, como la ha llamado la Presidenta de la Nación los últimos meses, pretende mantener ese lugar tradicional de privilegio que reniega de las concepciones democráticas e igualitarias. El no pago del impuesto a las ganancias, la falta de sistemas de rendición de cuentas, la distribución a dedo de cargos muy bien remunerados y la permanente incorporación de familiares, son algunos de los mecanismos que permiten perpetuar esta situación y conspiran contra su transparencia, democratización interna y acercamiento a la sociedad. Aún resuenan los ecos del tema “Resistiré” que cantaban los magistrados santafesinos reunidos con funcionarios del gobierno peronista tras la elección que llevó a la Casa Gris a Hermes Binner.
Desde la Legislatura provincial, como así también desde el gobierno de Santa Fe, hemos intentado, a través de distintos caminos, democratizar este poder estatal. Con este objetivo votamos una serie de leyes –como la del Código Procesal Penal, la del Ministerio Público de la Acusación, la del Servicio Público de la Defensa Penal– y designamos una cantidad de funcionarios y magistrados a través de la realización de concursos de capacidad. También se han tomado diversas medidas que apuntan a la fiscalización de los recursos y a lograr la periodicidad de los cargos como corresponde a un sistema republicano.
Sin embargo, todo esto parece ser insuficiente. Y, de hecho, hoy conviven dos esquemas paralelos. El que viene siendo impulsado por el gobierno provincial, y que es defendido tanto por legisladores oficialistas como de la oposición, organizaciones no gubernamentales y renombrados catedráticos del derecho, y el otro, el que sobrevive desde la época del Terrorismo de Estado. Este viejo sistema es el que llevó a la firma del acuerdo con la banda «Los Monos» de Rosario para lograr un juicio abreviado.
Este pacto secreto y espurio, expresión de un sistema judicial anacrónico y perimido, que genera el rechazo social, quiere ser aprovechado por algunos dirigentes políticos de bajo vuelo para golpear al gobierno provincial, siendo éste el que más hizo para enfrentar a esta temible banda narco que tuvo su apogeo en épocas del reutemanismo que hoy quiere volver.
Nosotros no convalidamos el acuerdo llevado adelante por fiscales y jueces del viejo sistema, no queremos que se perdonen homicidios, bajen penas, ni que la justicia federal mire para el costado. Tampoco los rumores u opiniones tendenciosas, ni más muertes por venganza. Pretendemos lograr un debate amplio y transparente, de cara a la sociedad y que los magistrados que intervienen en este tipo de causas se hagan cargo y asuman su responsabilidad. Porque, como todo santafesino, queremos vivir en paz, con seguridad y que se respeten los Derechos Humanos, y para eso necesitamos un sistema judicial cada vez más democrático que garantice la aplicación de la ley.
