Causa Franco Casco: Se presentaron las tres querellas

Los abogados querellantes del caso del joven que apareció muerto en el río en octubre del año pasado se presentaron formalmente ante la justicia federal en defensa de la familia. En un acto realizado frente a los tribunales, denunciaron un “avance represivo de las fuerzas de seguridad hacia los jóvenes pobres” y recalcaron la “obligación del estado de garantizar el acceso a la justicia”.

Además de los abogados, estuvieron presentes los padres de Franco Casco, Ramón Casco y Elsa Godoy. Distintas organizaciones sociales y políticas participaron también del acto.

Se presentaron tres querellas: los abogados Salvador Vera, Nicolás Vallet, Juliana Girolimo y Guillermo Campana, en representación de Elsa Godoy; Matilde Bruera, de la Defensoría General de la Nación, en nombre de Ramón Casco; y Matilde Gatti y Santiago Bereciartúa, por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

En octubre del año pasado Franco Casco, de 20 años de edad, viajó desde Florencia Varela hasta Rosario para visitar a su familia. Estuvo detenido en la comisaría 7ma de la policía de Santa Fe y luego desapareció. Un mes después, su cuerpo apareció flotando en el río, a la altura del parque España.

Desde su desaparición, la familia de Franco Casco y diversas organizaciones se movilizaron y denunciaron irregularidades en el accionar de la policía y el poder judicial provincial.

La abogada Juliana Girolimo destacó el traslado de la investigación del fuero provincial al federal: «Es importante que la causa haya salido del ámbito provincial, ya que nosotros creemos que es un hecho de violencia institucional, configurándose el delito de desaparición forzada de persona».

En este sentido, señaló que es necesario que “todos los querellantes trabajen en conjunto”. Y agregó: “La causa de Franco es compleja, ya que aparece una trama de complicidades entre los distintos poderes del estado provincial. Estamos convencidos de que vamos a lograr hacer justicia y evitar la impunidad. Por Franco y evitar la impunidad, y por los cientos de jóvenes que mueren cada año en manos del narcotráfico y el entramado de connivencia policial, víctimas del desamparo estatal”.

Por su lado, Bruera afirmó que desde la Defensoría tomaron la decisión de patrocinar al padre de Franco Casco ya que se trata de un caso de “violencia institucional” y que “el estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia”.

A su turno, Bereciartúa sostuvo que el estado nacional tiene interés en esclarecer el caso. De hecho, reconoció que “el estado nacional podría ser responsable a nivel internacional” si no avanzara la investigación.