Crónica de un fracaso anunciado

Arrancó el 2015 con el retiro de la Gendarmería en la provincia de Santa Fe, acción coordinada y programada según los Secretarios de Seguridad de la Provincia de Santa Fe Gerardo Chaumont y el de Nación Sergio Berni, quienes aseguraron que el lugar que ocupaban las fuerzas federales iba a ser reemplazado por efectivos de la nueva Policía de Acción Táctica (PAT).

Inicialmente, diputados opositores cuestionaron la formación de los cadetes al señalar que carecen de la formación necesaria para enfrentar la ola de delitos que vive la provincia.

Esto quedó de manifiesto con el asesinato de Jonathan Herrera, un joven de 22 años que el domingo 4 de enero, estaba en la puerta de su casa lavando el auto y de repente se encontró en medio de un tiroteo entre la PAT y dos delincuentes. Luego de este hecho cuatro suboficiales integrantes de la Policía de Acción Táctica fueron imputados del delito de «homicidio calificado por abuso de sus funciones al ser miembros de las fuerzas policiales», y se ordenó su prisión preventiva sin plazos.

Son agentes inexpertos, de 20 años de edad, que debieran tener dos años de preparación y el gobierno los larga a la calle con apenas 6 meses de instrucción. Uno de ellos, «ni siquiera aprobó el examen de tiro», denunció el abogado defensor de uno de los policías en la audiencia imputativa desarrollada el martes 13 de enero en los Tribunales Provinciales de la ciudad de Rosario.

Esto deja a las claras la improvisación en materia de seguridad de las autoridades socialistas que no supieron trazar durante los meses de actuación de la Gendarmería Nacional una estrategia efectiva a fin de poder evitar un nuevo rebrote de violencia en las calles de nuestra castigada provincia.

En lo que va de 2015 ya se registraron más de 10 homicidios en Rosario y varios de ellos tienen algún vínculo con el narcotráfico que viene azotando a la ciudad. El fin de semana Norma Pared, que ya había sido víctima de esta guerra cuando otro de sus hijos fue asesinado en 2010, fue testigo de la muerte de dos de sus familiares en una violenta secuencia de pocos minutos en la entrada de su casa del barrio Santa Lucía. Estos hechos tuvieron repercusión nacional y afectan fuertemente la imagen y posibilidades del candidato presidencial socialista Hermes Binner.

A esta serie de hechos se suma el descubrimiento de celdas vip en la seccional 27ª de Arroyo Seco donde se halla alojado Diego «Panadero» Ochoa, ex jefe de la barrabrava de Newell’s Old Boys, quien está imputado por los asesinatos de Roberto Pimpi Camino y «El Quemadito Rodríguez». Televisores con tecnología LED, heladera, aire acondicionado y acceso irrestricto a telefonía celular, eran algunos de los beneficios que recibían los presos a cambio del pago de una suma determinada de dinero.

«Estamos destapando la olla de muchos años que realmente no hubo control de la policía» declaró el secretario de Control de la policía provincial Dr. Ignacio Del Vecchio luego del descubrimiento de estas celdas vip y a posterioridad reconoció que hay corrupción en la fuerza, pero aseguró que están trabajando para «no esconder la basura debajo de la alfombra». Lo que omitió aclarar el funcionario es que la gestión socialista se inició en 2007 y que por ende es imposible no achacarle responsabilidad a los gobiernos de Binner primero y Bonfatti actualmente.

La política de autogobierno policial iniciada en el año 2009 con la designación de Alvaro Gaviola en el Ministerio de Seguridad y que hiciera crisis con la detención del entonces jefe de policía de la provincia de Santa Fe Hugo Tognoli, poco a poco fue devastando a nuestra provincia. El gobierno no vio, o no quiso ver, que postergar la tan necesaria reforma y depuración policial iba a convertirse en un cóctel explosivo que hoy incluso amenaza las posibilidades de mantener el poder en la Casa Gris, ante un Miguel Del Sel que seguramente hará hincapié en poseer soluciones concretas para esta problemática.

«Las fuerzas provinciales aún no están plenamente capacitadas, por lo que esperamos que se revea el retiro de gendarmes», declaró el senador nacional Rubén Giustiniani diferenciándose de sus compañeros de partido político. Parecería ser que la vuelta de los gendarmes es la única solución para detener o mitigar los efectos de años de políticas erradas en materia de seguridad. Al menos, así lo entienden cámaras empresarias y organizaciones sociales, y porque no decirlo miles de vecinos de barrios postergados de la que en algún momento denominaron provincia » Invencible » de Santa Fe.

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Alejandro Caniglia

Periodista