El gobierno desplazó al jefe policial denunciado por nazi

Organizaciones judías y de derechos humanos, el Inadi y la titular de Madres de Plaza de Mayo, Queca Kofman, forzaron la medida.

El gobierno provincial debió dar marcha atrás con la designación del comisario Juan Pablo Garro como titular de la Unidad Regional I (URI) de la ciudad de Santa Fe para frenar el escándalo que tocaba a la puerta del gobernador Antonio Bonfatti. El ministro de Gobierno, Rubén Galassi, dijo en la tarde de ayer que decidieron hacer terminar la licencia a su antecesor, Sergio Vergara, y reponerlo al frente de la URI.

Queca Kofman, la legendaria Madre de Plaza de Mayo de Santa Fe, había anunciado por la mañana que iría a pedirle a Bonfatti la renuncia de Garro. Para entonces lo mismo ya habían pedido la Asociación Israelita I.L.Peretz, la Daia, la agrupación Hijos y el Inadi, y ayer se sumaría con un duro comunicado de repudio el Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia, que nuclea a casi todas las entidades de derechos humanos de Santa Fe.

El silencio del gobierno se quebró casi de inmediato. Bonfatti y sus ministros podían no responder ni recibir a los distintos grupos pero desairar a la referente de las Madres de la Plaza fue el costo político que no estaba dispuesta a pagar la administración socialista. Ya no iban a sostener a un comisario que fue separado de un cargo anterior en 2006, denunciado por tener un cuadro con símbolos nazis en su despacho y ejercer violencia moral y antisemita contra un subordinado.

Luego de 72 horas de no acusar impacto, la salida que encontró el gobierno fue la reposición en el puesto del antecesor de Garro: Sergio Vergara. Pese a señalar que no se trata de una cuestión específica de su cartera «pero si de un tema sensible de seguridad pública», ayer Galassi respondió por los cuestionamientos a Garro. Afirmó que «ya lo explicó el secretario de Seguridad: en los próximos días se va a hacer cargo nuevamente quien estaba a cargo de la URI, el comisario Vergara, y que es una designación transitoria (la de Garro) al sólo efecto de poder disponer de un funcionamiento adecuado estos días en los que Vergara tuvo que pedir licencia (sic)».

Frente a los cuestionamientos, el viernes pasado, el secretario de Seguridad, Gerardo Chaumont, había ratificado a Garro y buscó cerrar le polémica diciendo que no harían «caza de brujas por hechos que acontecieron en el 2006». Ayer Chaumont no quiso hablar públicamente del tema aunque ya no ratificó ni siquiera en off a Garro y habló de movimientos transitorios.

Vuelven los que se fueron. Juan Pablo Garro y Adrián Rodríguez como nuevos jefe y subjefe de la URI reemplazaron a Sergio Vergara y Sergio Fernández, respectivamente, cuando estos cayeron en medio del escándalo por el cual la Justicia federal tiene presos y procesados a tres policías de la misma regional, y extendió sus sospechas a estos jefes, en la investigación sobre presunta complicidad y encubrimiento por el caso del camión con más de una tonelada y media de marihuana que apareció el 2 de noviembre pasado en Arroyo Leyes.

Para prevenir una segura crisis política por el hecho de que la cúpula de la URI se viera involucrada en otra investigación por narcotráfico, y no bien el juez federal Reynaldo Rodríguez cito a Vergara y Fernández, Chaumont decidió apartarlos de la conducción regional.

De mal en peor. El funcionario no sabía que la decisión tomada para frenar un escándalo derivaría en otro a los pocos días porque ni bien se conoció el nombre de Garro, las redes sociales, nutridas por el justicialismo en este caso, desempolvaron recortes de diarios locales y nacionales que registraron un antecedente del nuevo jefe que había acontecido en el 2006, cuando gobernaba Jorge Obeid. Según esas informaciones, un denunciante, subalterno de Garro en el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), había dicho ante Asuntos Internos que era humillado con frases como «negro de mierda», «los negros son fusibles», o «si Hitler hubiese estado acá tu familia no hubiese estado hoy», en alusión al color de su piel y porque está casado con una mujer de origen judío.

La denuncia de 2006 le valió a Garro un sumario y una investigación judicial que terminarían archivadas, pero las autoridades de entonces no lo repusieron en su cargo de jefe del GOE. En este antecedente se basó el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) para pedir «que se revea el nombramiento como jefe de URI», según precisó la titular de la delegación Santa Fe, Stella Vallejos: «Las autoridades políticas y policiales de entonces tomaron en serio el hecho de violencia antisemita. Este es el antecedente que nos preocupa».

Javier O., el denunciante de Garro en 2006, había recurrido al Inadi a contar su historia y el organismo nacional no abrió expediente porque «precisamente las autoridades deciden apartar a Garro de la jefatura del GOE que era donde este subordinado había sufrido los hechos que denunció».

Alerta de la comunidad. Días pasados fue la Asociación Cultural Israelita I.L.Peretz la que hizo punta al expresar públicamente su preocupación por el antecedente. Ayer se sumó la Daia y también la agrupación Hijos. Pero fue el presidente de la I.L.Peretz, Daniel Silber, quien pidió audiencias a los ministros Galassi, y de Seguridad, Oscar Lamberto. Ante su silencio ayer hizo lo propio elevando un pedido al gobernador Bonfatti.

Silber fue el único que ayer respondió a una reunión convocada por el subjefe de la URI, Adrián Rodríguez, mediante un llamado telefónico a su celular en la tarde del domingo. El mismo llamado recibió la titular del Inadi para una reunión con Garro a la que asistió también el capellán de la policía.

Vallejos, del Inadi, se negó a asistir entre otras razones «por tratarse de una convocatoria muy informal» y porque «acá no se trata de cuestiones personales sino institucionales». En rigor, el llamado de Garro, a través de su segundo, irritó mucho a los convocados.

«Fue un encuentro cordial. Es la primera que no nos llaman para retarnos sino para asegurarnos que el jefe aseguró que no tiene simpatías nazis ni es antisemita», ironizó Silber con la prensa al salir. «Le recordé que hay una ley nacional que prohíbe tener símbolos nazis y que colgarlos es un delito, más aún para un funcionario público cuya función es la de hacer cumplir las leyes. Nosotros tenemos 6 millones de razones para que esto nos produzca intranquilidad». Ratificó su pedido de audiencia al gobernador insistiendo en que «el poder político nombra a los jefes policiales y es el que debe hacerse cargo».

Mala estrategia. La idea de Garro llamando a quienes estaban objetando su designación terminó siendo un desastre. No sólo no los convenció de deponer su actitud sino que enardeció los ánimos y sumó nuevas voces críticas.

El Foro Contra la Impunidad y Por la Justicia emitió un lapidario comunicado. «Organismos de derechos humanos que integran el Foro denunciaron en el mes de septiembre de 2006 a este personaje, que humillaba a un subalterno por ser morocho y por estar casado con una judía. La denuncia por esas actitudes discriminatorias y antisemitas y de apología nazi fue desestimada por Asuntos Internos, y la sanción fue enviarlo a un pueblo del interior», relataron, y exigieron «en nombre de la democracia y de la seguridad de toda la ciudadanía, su inmediata separación del cargo».

Al promediar la mañana de ayer se supo que Queca Kofman, de Madres de Plaza de Mayo, decidió pedir una audiencia al gobernador para solicitarle personalmente que destituya al jefe de la URI. A esa hora la suerte de Garro estaba echada.

(La Capital)