Farmacéuticos procesados: Amenazas y atentados contra competidores

La jueza Rodenas acusó a los Iborra, padre e hijo, de varios delitos en casos de amenazas y atentados contra competidores, funcionarios y un abogado. Además, les trabó un embargo de dos millones de pesos a cada uno.

Dos conocidos empresarios farmacéuticos que controlaban al menos tres comercios del rubro y que para “proteger” su negocio recurrieron a amenazas violentas y hasta atentados contra competidores, funcionarios y un abogado, que incluyeron la contratación de sicarios y derivaron en una muerte, fueron procesados en media docena de hechos delictivos por el Juzgado de Instrucción 2ª a cargo de Alejandra Rodenas. La magistrada embargó además a los acusados –padre e hijo– por 2 millones de pesos y los dejó detenidos con consigna policial ya que el mayor de ellos cuenta con una prisión domiciliaria por su delicado estado de salud y el menor se encuentra en un psiquiátrico.

José Antonio y Juan Pablo Iborra son inversores farmacéuticos, y durante 2012 y 2013 protagonizaron una serie de hechos violentos como presuntos instigadores. Pero las causas que originaron estos episodios se encontraban desperdigadas en varios juzgados penales hasta que Rodenas ordenó su acumulación. Concluida la instrucción, la magistrada concluyó en la existencia de una vinculación directa entre varios hechos violentos a los que asignó la misma motivación: preservar, a como dé lugar, los intereses empresariales del dúo.

La investigación giró sobre varios ataques.

El 24 de agosto de 2012 fue baleada la vivienda de la entonces Jefa del Departamento de Inspección de Farmacias. A la mujer le dejaron una nota por debajo de la puerta que decía: “Avisale a… que deje de hacer inspecciones mala leche. La próxima te vacío el cargador”. Nueve días antes, se había fiscalizado una farmacia cuya propiedad fue atribuida a los acusados. Allí se abrió un expediente, aunque finalmente no hubo sanción.

La jueza Rodenas entendió que este hecho tiene una mecánica similar a otros casos achacados a los imputados. A ello sumó la dirección común de sus respectivos negocios y la relación de ambos con sicarios. En consecuencia, procesó a los dos por amenazas coactivas calificadas y daño calificado agravado por el uso de armas en calidad de autores intelectuales.

A su vez, les atribuyó el ataque a balazos perpetrado el 7 de septiembre de 2012 contra el abogado penalista Alberto Tortajada –representante de la titular técnica de una de las farmacias que controlaba José Antonio Iborra– en la puerta de su estudio jurídico frente a los Tribunales Provinciales. En esa ocasión, un hombre que se hizo pasar por cliente le disparó al letrado cuatro tiros calibre 22 por la espalda. Por este hecho, Rodenas los procesó por los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma en calidad de autores intelectuales. Para ello tuvo en cuenta las vinculaciones entre los imputados y la farmacia a cargo de la representada de Tortajada, la actitud de Iborra padre respecto al letrado, más las comunicaciones telefónicas que mantuvo el hijo antes y después del hecho con el presunto agresor, Pablo Andrés P., actualmente procesado como autor material del hecho.

Los ataques al médico

El médico Omar U. sufrió dos episodios violentos. El primero, el 8 de enero de 2013, cuando dos hombres –luego identificados como Pablo Andrés P. y Matías N.– balearon el frente de su casa y su vehículo. Al mes, dos personas se presentaron en su consultorio de Sarmiento y 9 de Julio y efectuaron disparos con un arma calibre 9 milímetros, golpearon al médico en la cabeza, lo insultaron al grito de que no abra una farmacia que afectaba uno de los emprendimiento de los acusados y le robaron dos celulares. Al salir, los atacantes balearon mortalmente al custodio Carlos Dolce, quien perdió la vida cuando intentó detenerlos. Meses atrás fueron procesados Pablo P. y Matías N., como autores materiales de esos hechos, y ahora fue el turno de los Iborra.

Nuevamente el modus operandi y el móvil del ataque llevaron a la magistrada a procesar a padre e hijo por ambos hechos, aunque recortó la calificación penal respecto a la muerte de Dolce al entender que no estaba previamente planificada por los imputados.

Así, fueron encausados por los delitos de amenazas coactivas y simples calificadas, abusos de arma calificado, lesiones leves, robo calificado, daño agravado y portación ilegítima de arma de guerra, como autores intelectuales.

El padre

José Antonio Iborra fue procesado además por otros dos hechos encuadrados en los delitos de amenazas coactivas y amenazas. El primero ocurrió en enero de 2014 a través de un mail remitido a la autoridad local de un laboratorio, texto que estaría vinculado a otros mails remitidos a la empresa por uno de los acusados. El otro episodio fue en abril de 2014: esta vez la amenaza fue mediante mensajes y llamadas al celular de un miembro del Colegio de Farmacéuticos.

De quedar firme la decisión de Rodenas, Juan Pablo Iborra irá a juicio por cinco hechos delictivos mientras que su padre llegará al banquillo por siete casos. A su vez la jueza dispuso la remisión de copias al Departamento de Inspección de Farmacias de la 2ª Circunscripción para que evalúe posibles infracciones, y dispuso un embargo de 2 millones de pesos a cada uno de los imputados. Ambos permanecerán arrestados con consigna policial. El padre, en el marco de una detención domiciliaria debido a su avanzada edad y su grave estado de salud, y su hijo en un psiquiátrico, en virtud de un informe que elaboró una junta médica.

(El Ciudadano)