El rompecabezas de la muerte en Rosario (Parte IV)
LA DECADENCIA INEXORABLE DEL CABILDO Y LA NUEVA ESTRUCTURACIÓN POLICIAL
El Cabildo, órgano representativo de las masas populares de la ciudad, fue perdiendo lentamente sus prerrogativas.
En 1813 se conformó una Junta de Representantes del Pueblo Municipal, al sólo efecto de recaudar impuestos y diezmos y se mantuvo su funcionamiento hasta el año 1825, restringiendo los derechos del Cabildo y discutiendo sus privilegios. Desde el vamos, como puede verse sin eufemismos, la lucha por el manejo de los dineros públicos fue objeto de discusiones y enfrentamientos.
La Junta, generada con los auspicios y protección de las tropas de Buenos Aires, que intentaban tener representación pública, determinó divisiones e imposiciones en 1815, por parte del gobernador Juan Francisco Tarragona, ayudado por el general Juan José Viamonte –vencedor de las batallas de Suipacha y Rincón, en el marco de las guerras de la Independencia- y por otros miembros de la Junta.
Tarragona , nacido en Santa Fe, en 1769. Fue un político perteneciente al Partido Directorial, partidario de la Revolución de Mayo y miembro de la Junta Grande.
Era hijo de médico, estudió en Córdoba y se dedicó al comercio. Dirigió el Cabildo Abierto de junio de 1810, por el cual se aprobó la Revolución aludida y a la Junta Grande se incorporó en diciembre. Perteneció al grupo de seguidores de Cornelio Saavedra y tras la derrota en el Alto Perú, apoyó el tratado de paz con la ciudad, por entonces realista, de Montevideo. Incluso intentó pactar con piratas españoles que saqueaban las costas.
En el tórrido diciembre de 1811, la Junta Grande terminó siendo reemplazada por el Primer Triunvirato y Tarragona pasó a ejercer la jefatura de la fábrica de fusiles. A fines de 1812 regresó a Santa Fe y en abril de 1815 pudo ver como un grupo de vecinos presionó hasta obligar a renunciar al gobernador Eustaquio Díaz Vélez, siendo elegido en su lugar Francisco Candioti. El gobierno central envió una expedición contra Santa Fe, al mando de Viamonte, pero llegó dos días antes de la muerte de Candioti.
Fue así que Viamonte aprovechó la desorientación de los federales y nombró gobernador a Tarragona, quien ejerció su gobierno como una dependencia colonial, en la que la provincia se vio obligada a servir sin límites a la guerra de la independencia.
Un número importante de los federales moderados, -mayoría de la población- conspiró en secreto durante meses y aprovechó que Viamonte se desprendió de buena parte de sus tropas para que las mismas se unieran al Ejército de los Andes, a principios de 1816.
Con esa ventaja atacaron la ciudad con la compañía de Blandengues sublevada y con hombres enviados por Artigas, logrando la rendición de Viamonte, tras lo cual hasta el mismo Artigas se cruzó a Santa Fe.
Viamonte y su oficialidad fueron detenidos, aunque Tarragona logró huir, siendo sus bienes confiscados por orden del gobernador Vera.
Tarragona, despechado, participó en algunas de las campañas contra su provincia durante el resto de la década pero nunca regresó a la ciudad, terminando por exiliarse en Montevideo durante los desórdenes de 1820. En abril de 1843 murió en Montevideo donde se dedicó al comercio.[1]
Debido a las luchas por el manejo de dineros públicos, a las que nos referíamos, el pueblo, tras rechazar al ejército de Buenos Aires y las imposiciones de la que se quería hacerlo objeto, logró con su lucha ciudadana hacer recuperar al Capítulo sus antiguos derechos, esto es la percepción de rentas y el dictado de normas y órdenes para mejorar la situación de la población y de la policía.
A través del Estatuto Provisorio, dictado por Estanislao López, el 26 de agosto de 1819, a manera de esbozo de una constitución provincial- se delineó la representación de la soberanía dividida en poderes, a cada una de las cuáles se les reconocía exenciones apropiadas a un gobierno de avanzada.
De esta manera, ya no son los cabildos los que al concluir su período eligen a sus representantes, sino que los delegados de la población hacen lo propio, lo que no significa poca cosa para ese tiempo histórico.
Electos cada dos años –cada 1º de enero-, los agentes de la población cumplen la función de elegir a la corporación del Cabildo, la que continuaba sin mengua ni incremento de su función. Así, el Capítulo era el delegado del gobernador, por su ausencia o muerte y daba las órdenes necesarias en su reemplazo.
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Por ese entonces, la Capital de Santa Fe eligió ocho comisarios, dos el pueblo y campaña del Rosario, uno el de Coronda y otro el de San José del Rincón. Ello se decidió cuando la Junta expuso al general E. López “La necesidad de arreglar la administración interna de la provincia”. Una de las primeras medidas fue disolver el Cabildo, pues desde que éste había dejado de ser representativo, parecía insignificante su existencia.
El 28 de diciembre de 1820, en una reunión álgida, se reformó el mecanismo de elegir los capitulares, concretándose la elección de los mismos entre el siguiente día y el 1º de enero de 1821, ya que a algunos electores no se les había avisado del trámite. No podían ser incluidos los capitulares con los que se componía la Junta, ni de manera inversa, como se había estado tolerando, debido a que se consideraba esa circunstancia una incompatibilidad en los empleos.
Estaba previsto que no recayera el Poder Ejecutivo en el Cabildo o Junta, salvo que se desencadenara una situación anárquica y si ello sucedía, debía ser en carácter provisorio.
Paralelamente, como Jefe de Armas, se elegía un ciudadano de probada conducta, para cumplir la función de Alguacil Mayor, quien no debía ser miembro del Cabildo con voz y voto.
De los regidores, uno debía quedar libre para obtener una de las varas de la justicia, mientras que los tres restantes actuarían como defensores de pobres. El regidor libre actuaría como diputado a la policía.
Estaba previsto el nombramiento de dos alcaldes de la Hermandad en el Rosario, Coronda y Rincón, previa presentación de tres ciudadanos, a pedido del Gobierno y la elección corría por cuenta de la Junta, eligiendo el Cabildo los cuatro alcaldes de barrio y tenientes. La Junta actuaría con un secretario el que le daría fe sus actos y que no era escribano.
Ampliando las disposiciones del 28 de diciembre de 1820, el 5 de enero de 1821, el general López dictó los artículos de observación para el Cabildo “debiendo a más el regidor de policía cuidar e inspeccionar las escuelas mensualmente, cuidar de las mejoras de la institución y usar de los jueces ordinarios, siendo fiel ejecutor policial, debiendo utilizar como distintivo de su mundo, un bastón como insignia impresa en el puño de oro, con las armas de la ciudad”.
Once años y medio después, el 10 de julio de 1832, por diferencias marcadas entre el Cabildo y la Junta se generaron desavenencias y se dispuso disolver el primero, concretándose realmente la decisión el 1º de octubre de 1833.
Previamente, el 28 de enero de 1833, se había dictado un reglamento, instituyendo las autoridades que debían subrogar las atribuciones del extinguido Ayuntamiento. De esta manera, se nombró un juez de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial, un defensor de Pobres y Menores, un jefe de Policía, un juez de Paz para cada uno de los cuarteles, en lugar de los alcaldes; un alcalde de Cárceles, jueces de Paz para Rosario, Rincón y Coronda, a lo que deben sumarse algunas comisarías auxiliares, con lo que se creaban, implícitamente, administraciones de justicia y policial para Santa Fe.
Las funciones estrictamente policiales consistían en conservar el aseo de las calles, tarea en las que el abuso de poder de la autoridad deslindaba en reos condenados al servicio público, quienes también eran obligados a servir como controladores del servicio lumínico de las calles y a desempeñarse como controladores del sistema de pesas y medidas, utilizado para el abasto de carnes, así como las que se usaban en pulperías y tiendas.
El juez de Policía disponía los arrestos y la detención de personas con orden escrita de los jueces, cuidar la seguridad de las “casas de prisión” y no permitir que las mismas estén a oscuras. Debía, además, que hubiera reuniones de personas en puertas y ventanas, a altas horas de la noche. En el largo tiempo en que se hizo uso de la reglamentación, se utilizó en la Villa del Rosario, alternativamente, el nombre de juez de Policía y el de jefe de Policía.
Así llegamos al 31 de diciembre de 1851, oportunidad en la que Domingo Faustino Sarmiento, por esos días teniente coronel del Ejército Grande, desembarcó en la Villa del Rosario para dar a conocer su célebre carta a la población, documento que fue impreso por la prensa y que luego se publicó en los boletines de la referida fuerza militar. Fue el primer impreso aparecido en la Villa y también la primera vez que los habitantes tuvieron la ocasión de conocer una imprenta.[2]
Si a manera de resumen cronológico marcamos la evolución de la función policial, nos encontraríamos con el cuadro que se detalla:
· Alcalde de la Hermandad – Francisco de Frías -1º de enero de 1725
· Alcalde de Policía – Juan Pablo Vidal -23 de enero de 1826
· Juez de Policía – Lorenzo Videla – 2 de abril de 1852
· Jefe de Policía de Rosario- Eugenio Ruiz -16 de octubre de 1891
· Jefe de Policía Provincial- Coronel Heriberto Kurt Brenner- 6 de junio de 1962
· Jefe de la U.R.II – Albino Soldano -22 de diciembre de 1971.
La ferocidad de la indiada, los primeros espías
y traficantes de armas
No fue nada fácil, por cierto, desde el Cabildo, formar parte del grupo que ostentaba el poder en la Villa del Rosario. Sus autoridades se vieron compelidos a enfrentar los infinitos problemas derivados de la necesidad de contener las hordas de salvajes indios que se agrupaban en los malones.
La ferocidad de la indiada llegaba a la ciudadela tras superar las pobres defensas de los fortines –avanzada militar en la interminable llanura santafesina- y provocaba un más que justificable terror, pues a su paso dejaban una estela de incendios, muerte, violaciones -en las que no se respetaba tampoco a hombres y niños-, secuestros de mujeres de todas las edades y robo de ganado, así como de todo tipo de bienes.
Los indios instalaban sus precarias tolderías en inmediaciones de los poblados y a partir de allí se generaba en los habitantes de los últimos una crisis de pánico latente, ya que éstos tenían claro que poblado que caía en manos del indio, equivalía a mujeres secuestradas por las que se pedía rescate y muertos por doquier.
Las autoridades, tras tomar debida nota de lo que sucedía en la periferia del lugar en el que habitaban, comenzaron a realizar tareas de espionaje preventivo para así poder anticipar los ataques que la indiada hacía con caballos, cuchillos y –con el correr del tiempo- utilizando rifles Rémington, que les vendía una nueva lacra asociada a los salvajes: el traficante de armas.
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Es cierto, también, que paralelamente, otros grupos de indígenas eran asimilados a la ciudad, provenientes de las “encomiendas” y las “mediarías”. Eran enseñados por terratenientes en el uso de herramientas, aunque –vale aclararlo- los indios entendieron rápidamente, que el pillaje daba, en un lapso menor, más rédito que el trabajo.
Obligó al Cabildo esta situación, a disponer la conformación de consejos que ordenaron el armado de milicias para atacar a los indios, algunos de los cuales terminaban siendo los que antes trabajaban en los campos y estaban cansados de ser explotados, motivo por el cual decidían en algún momento escapar con caballos de sus patrones, a los que posteriormente atacaban en las noches, en medio de un griterío atroz para infundir terror y disparando sin contemplaciones contra todo lo que les interrumpía el paso.
El enfrentamiento a los malones comenzó con la misma conquista de la ciudad de Santa Fe y los que más sufrían esas agresiones eran los habitantes de los pagos de Lencinas.
Fueron precisamente los malones, los que obligaron la decisión de trasladar la hoy capital de la provincia, la que terminó instalada en un territorio defendido por una barrera natural de ríos. Así y todo, el salvaje atacaba habitualmente el lado norte del poblado.
Los colonos extranjeros debieron, tras su asentamiento en tierras santafesinas, resistir con armas de fuego las correrías repetidas de los malones, ayudados por las tropas del gobierno de Santa Fe e incluso por las fuerzas de línea del Ejército Nacional.
