¿Inhabilitarán a Binner y Lifschitz para sus candidaturas?
Una eventual candidatura presidencial de Hermes Binner como representante del Partido Socialista podría correr riesgo a raíz de una presunta violación de la ley de Financiamiento de Partidos Políticos. También afectaría a Miguel Liftschitz en la provincia.
La justicia federal está investigando aportes privados por casi dos millones de pesos que no pudieron ser justificados en el balance presentado por el partido, en el marco de la campaña electoral de 2007. La consecuencia de las varias irregularidades detectadas en la auditoría en la que se relevó la documentación fue el retiro de los aportes estatales al financiamiento del PS, lo que ahora también podría derivar en la sanción con la inhabilitación para ejercer cargos electivos del presidente del partido, es decir, Binner, y de su entonces tesorero, Miguel Liftschitz, quien aspira a la gobernación de Santa Fe.
La auditoría de la Cámara Nacional Electoral detectó $ 1.879.207,07 pesos cuyo origen no se pudo precisar hasta el momento, pero que fueron justificados bajo el rótulo «aportes privados para la campaña provincial» durante la contienda que llevó al líder del Frente Amplio Progresista a la gobernación.
La documentación fue puesta en jaque al no poder individualizar el origen de los aportes. Por esto es que el titular del Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, Reinaldo Rubén Rodríguez –que tiene a su cargo la competencia electoral en la provincia–, dispuso la sanción del quite total de aportes y, según pudo saber Tiempo Argentino, delegó la investigación en el fiscal Walter Rodríguez, quien tiene ahora a su cargo la investigación por la infracción a la Ley 26.215. Según el juez Rodríguez, el Partido Socialista «no logra poner en conocimiento de la ciudadanía en forma clara la evolución financiera y patrimonial registrada durante el período de 2007». Esos balances llevan la firma de Binner como presidente y de Lifschitz como tesorero.
De acuerdo al detalle de la presentación informada por Radio Nacional Santa Fe, durante 2007 el socialismo recibió «aportes privados» de personas físicas o jurídicas (empresas) por casi un millón novecientos mil pesos. De ese monto, $ 565.394,48 fueron «Aportes Partidarios para Fines Generales»; $ 938.172,59, «Aportes Privados para Campaña Provincial»; $ 316.740 de «Contribuciones y Donaciones Privadas de Personas Jurídicas para Campaña Nacional»; y $ 58.900 para «Contribuciones y Donaciones de Personas Físicas para Campaña Nacional». León Derhovsepian, que integra el Cuerpo de Auditores Contadores de la Cámara Nacional Electoral, informó que «no se acompaña la documentación respaldatoria de los ingresos», sino «una lista detallada de aportes de personas físicas titulada Aportes Partidarios 2007 que totaliza 781.907,07 y que no coincide con ninguno de los totales detallados».
Al año siguiente, Derhovsepian solicitó formalmente al partido que encabeza Binner que provea de la lista completa y detallada de aportantes junto a su respectiva documentación de respaldo del ingreso del dinero. «No me resulta posible establecer si se han superado los límites legales vigentes de contribuciones o donaciones privadas», afirmó el perito quien recomendó al magistrado Rodríguez «no aprobar los estados contables». El informe se repitió ante cada evasiva del partido a responder formalmente el requerimiento. Casi siete años después, el socialismo aún tiene pendiente de aprobación el balance de ingresos y de gastos del partido en 2007. A la opinión del auditor se sumó la de los tres fiscales federales que, por el paso del tiempo, intervinieron en el trámite de la causa -Cintia Gómez, Marcelo Del Teglia y el propio Walter Rodríguez- quienes también dictaminaron en contra de aprobarlo.
Además,fueron objetados los aportes de la «Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de Rosario», de la «Asociación Cooperativas Argentinas CL» y de la «Cámara de Estaciones de Servicio y Garage», ya que la ley no permite «contribuciones o donaciones de asociaciones sindicales, patronales y profesionales».
Pero esas no fueron las únicas irregularidades: entre quienes pusieron dinero para que Binner llegue a gobernador figura «Terminal Puerto Rosario SA», empresa que en 2002 ganó la licitación del puerto, algo expresamente prohibido por la ley ya que no se pueden recibir «contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas». Por otra parte, la firma está envuelta en un escándalo de lavado de dinero del narcotráfico en España que está bajo investigación por haber inyectado más de 12 millones de dólares a través de paraísos fiscales en la operatoria del puerto.
Por todo esto es que la justicia federal investiga a Binner y Liftschitz, como responsables, del partido por la violación del artículo 63 de la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos que expresamente reprime con «inhabilitación de seis (6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegido en las elecciones a cargos públicos nacionales, (…) y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios», a quienes «no puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos».
Bajo esta figura, en 2012, la jueza federal de Neuquén Carolina Pandolfi inhabilitó por dos años al ex gobernador Jorge Sobisch en una sentencia que fue luego revocada por vicios formales.
(Tiempo Argentino)
