La Legislatura trata la expropiación del terreno que ocuparon las torres de Salta 2141
El proyecto ingresará hoy a Diputados, donde también debatirán una pensión transitoria para familiares de las víctimas.
A casi un año de la peor catástrofe en la historia de Rosario, ingresará hoy a la Cámara de Diputados santafesina un proyecto de ley para expropiar el terreno de Salta 2141, donde se erigían las torres que destruyó la explosión provocada por un escape de gas. La iniciativa permitirá avanzar con la construcción de un espacio público en memoria de los 22 muertos por el estallido ocurrido el 6 de agosto de 2013. Paralelamente, los legisladores abrirán el tratamiento de una propuesta para que los familiares directos de las víctimas fatales perciban una pensión provincial hasta tanto la Nación habilite un beneficio similar.
En los últimos meses, familiares de los muertos provocados por la explosión plantearon construir en el predio la «Plaza de las 22 estrellas», cada una en recuerdo de los que perdieron la vida, al tiempo que otros propusieron la creación de un espacio público cultural, también signado por la memoria.
El primer paso lo dio el Concejo Municipal el 12 de junio pasado, cuando con el aval de las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria promovió la declaración de interés general y utilidad pública de ese terreno.
Ahora ingresará en la Cámara baja un proyecto que, de ser convertido en ley, otorgará al Estado provincial la propiedad del predio. Al respecto, la diputada provincial del PRO Alejandra Vucasovich precisó a La Capital: «Como la aseguradora ya pagó a los propietarios una parte de lo que perdieron, lo que deberá abonar el gobierno santafesino es muy poco. El valor del metro cuadrado quedará fijado una valuación inmobiliaria menos ese importe».
El proyecto, que lleva la firma de Vucasovich, Luis Rubeo (presidente del cuerpo, FpV) y Oscar Urruty (PPS-FpV), entre otros diputados provinciales, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el lote de Salta 2141 para destinarlo a la creación de un espacio público denominado «Plaza de las 22 estrellas» en homenaje a las víctimas, como también para la realización de «actividades tendientes a preservar la memoria y consolidar los valores inherentes a la vida, la paz y la solidaridad».
Asimismo, establece que «en ningún caso podrá modificarse el destino del inmueble» y autoriza a la Casa Gris a «proveer los créditos necesarios para atender las erogaciones provenientes de la aplicación de la ley y el monto indemnizatorio que corresponda a los titulares» del predio.
«Independientemente de las pericias y causa judiciales iniciadas para establecer responsabilidades, se necesita de un lugar destinado a la preservación de la memoria y donde poder rendir homenaje, fundamentalmente a quienes ya no están», destaca la iniciativa.
También enfatiza que los familiares de las víctimas proponen «reutilizar ese espacio y construir un salón de usos múltiples en el que se brinden cursos de prevención de accidentes, primeros auxilios y todos aquellos temas que sirvan para concientizar a la ciudadanía respecto de cómo actuar en situaciones de catástrofe».
Vucasovich aseguró que, más allá del paso de la iniciativa por el tamiz de varias comisiones (junto a la realización de un estudio catastral), «la idea es tratarla en unos 20 días ya que el consenso está garantizado en función de las reuniones previas con familiares de las víctimas, de las que participaron todas las fuerzas políticas».
A su vez, los diputados tratarán un proyecto que dispone el otorgamiento, a través de la Caja de Pensiones Sociales Ley Nº 5110, de una pensión a las víctimas de la tragedia, que será extensiva —en caso de muerte— a sus familiares.
«Teniendo en cuenta que es de carácter no contributivo, dejamos supeditada la subsistencia de esa pensión al otorgamiento por parte de la Nación de cualquier otro beneficio similar», indicó Vucasovich.
El monto transitorio a percibir será de 6 mil pesos, un equivalente a la suma de dos veces del haber mínimo de pensión vigente en la provincia.
El beneficio será compatible con el desempeño de cualquier actividad remunerada, en relación de dependencia o autónomos, e inembargable (excepto deudas por alimentos).
Además, los beneficiarios y su grupo familiar primario gozarán de prioridad para la asistencia médica a través del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos).
«A las víctimas les corresponde una pensión nacional, pero como el trámite insumirá tiempo apelamos a una solución transitoria, un reconocimiento de todos los sectores políticos a estas familias que venimos acompañando desde un principio», concluyó la diputada.
(La Capital)
