Proponen declarar el 8 de mayo “Día provincial de lucha contra la violencia institucional”
El diputado provincial Eduardo Toniolli, Presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara baja, presentó un proyecto de Ley declarando el 8 de mayo “Día provincial de lucha contra la violencia institucional”, adhiriéndose a la fecha establecida por el Congreso de la Nación en el orden federal. Asimismo, el legislador del Movimiento Evita requirió informes al Ministerio de Seguridad sobre un reciente caso de torturas y apremios contra jóvenes en la localidad de Avellaneda, en el norte provincial.
En declaraciones a la prensa Toniolli señaló que “el 8 de Mayo fue instituido nacionalmente como Día de Lucha contra la Violencia Institucional a través de un proyecto del diputado nacional Leonardo Grosso, aprobado como Ley 26.811, promulgada por el Poder Ejecutivo nacional en enero del 2013”, con el objeto de “recordar casos de violaciones graves de los derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad”, y fundamentalmente “promover políticas públicas en materia de seguridad que tengan como premisa la protección de los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad y no su violación sistemática”.
El proyecto presentado en la Cámara de Diputados santafesina, propone que la provincia instituya ese mismo día localmente, para “visibilizar una problemática que se traduce en casos de apremios ilegales, torturas, gatillo fácil, que han costado la vida de más de 1900 argentinos desde 1983 a la fecha en todo el país, y que ha tenido – y tiene – en nuestra provincia expresión en casos paradigmáticos, como los muertos por la represión policial del 19 y 20 de diciembre del año 2001, o en las denuncias cotidianas de maltrato institucional a jóvenes exclusivamente por su condición social o etárea”.
Asimismo, Toniolli señaló que “como lo demuestran causas judiciales de trascendencia pública (en las que se encuentran procesados jefes policiales santafesinos por sus vínculos con el narcotráfico) los procedimientos irregulares y fuera de la ley, y los abusos en general, terminan siendo herramientas utilizadas para la gestión del delito por parte de quienes deberían prevenirlo o combatirlo”, y abogó por “la construcción de un modelo de seguridad democrática, en el que primen la conducción política y el control social de las fuerzas de seguridad”.
Caso de torturas en el norte provincial
En ese marco, Toniolli presentó también un pedido de informes acerca de los hechos acontecidos durante la madrugada del día 27 de abril del corriente en la ciudad de Avellaneda, donde la “Unidad de Intervención Barrial” -dependiente de la Unidad Regional IX- detuvo a Conrado Nuñez de 28 años, quien con posterioridad denunció haber sido víctima de maltratos, vejámenes y torturas por parte de personal policial que actuó encapuchado.
La requisitoria dirigida al Ministro de Seguridad de la Provincia, Raúl Lamberto, solicita información sobre las medidas administrativas tomadas con respecto al personal denunciado judicialmente, y pide que se expliquen los motivos que justifican la actuación de personal encapuchado en operativos de prevención. Asimismo, se requiere información más general sobre el tema dirigida a la Secretaría de Control de Seguridad, sobre la cantidad, características y estado de actuaciones en las que haya intervenido la Secretaría de Control de Seguridad desde el año 2011 a la fecha, que refieran a denuncias de casos de violencia institucional que involucren a personal policial.
