Violencia y justicia ciudadana, el desafío

Santa Fe acaba de ser promocionada por el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Arabe con un crédito en dinares que, triangulados a dólares y moneda nacional significan algo mas de 400 millones de pesos, con los cuales Bonfatti acometerá de lleno con la magistral obra de acueductos; comenzando por el Norte, pero según nos adelantara el Ministro Ciancio, se proseguirá con la obra el Desvío Arijón (Norte I – Toma Desvío Arijón) que, pasando por Rafaela llegará hasta Sunchales.

Esta buena noticia para Santa Fe como Estado institucionalmente ejemplar en el pago de sus compromisos (desde que Reutemann tomara el mismo crédito kuwaití en el año 1994 y que terminara de pagar la actual gestión en Diciembre último), y como Provincia con una muy buena ecuación financiera para la toma de créditos internacionales, choca frontalmente con la irresoluta violencia que asuela Rosario y Santa Fe y promete irradiarse hacia otros grandes centros urbanos.
La paz vecinal perturbada hace tiempo por «la delincuencia» (definida culturalmente si fuera una enfermedad microbiana imposible de combatir) llevó a que pacíficos ciudadanos mutaran en turba enfurecida para llegar al extremo en Rosario de ajusticiar a un joven presuntamente ladrón de 18 años causándole la muerte luego de una paliza «ejemplar». En esta capital, sin las luctuosas consecuencia de Rosario, pasó algo parecido. De seguir así el «efecto contagio» no tardará en expandirse, y las crónicas comenzarán a acostumbrarse a estos hechos de «justicia colectiva por mano propia».
¿Cuál fue la gota que rebasó el vaso?. Es evidente que ante la ausencia del Estado en sus diferentes formas jurídicas, el hartazgo social está derivando en una situación sociológica de peligrosa anomia que nos hace involucionar como individuos habitantes de un espacio común regido por leyes que regulan la convivencia.
La gente suele descargar la culpa primigenia en la defección policial, para inmediatamente emparentarla con la ausencia de justicia «a la medida de sus exigencias». Se dice que el nuevo Código Procesal Penal es mas «garantista» que el reemplazado; que los victimarios tienen todas las de ganar sobre las víctimas. Si lo escuchado en los pasillos de Tribunales tras varias audiencias bajo el nuevo sistema llegare a ser cierto, la incipiente espiral de «justicia ciudadana» no tardará en potenciarse; mas ahora que las audiencias son públicas.
El senador radical Lisandro Enrico intuía lo que está sucediendo, y el año pasado fue protagonista y depositario de las críticas de algunos de sus colegas diputados cuando propuso desde su banca otorgarles más potestad a los jueces para decidir sobre las excarcelaciones. Hoy Enrico pugna por sancionar severamente a una flamante Fiscal de esta capital por dejar inmediatamente en libertad a un sujeto que acababa de cometer un robo.
El Procurador de la Corte Jorge Barraguirre enfocó la mira en la fuerza policial y escaldó al gobierno dejando entrever lo que suelen denunciar diputados peronistas: falta de conducción política en la Policía.Se enojó el Primer Ministro Rubén Galassi y lo mandó bíblicamente a ver la viga en el ojo propio y ocuparse de sus responsabilidades.
Barraguirre había señalado que «la inteligencia criminal de la policía está quebrada» en Santa Fe, y que existe en la provincia «un problema de conducción política en la Policía». Galassi le refutó señalando que justamente el doloroso parto de un nuevo sistema de conducción tras 140 años de manejo omnímodo les está generando estas consecuencias que inclusive deriva en punzantes contrapuntos con intendentes radicales, caso Oliver de Santo Tomé o Corral de esta misma capital, ciudades donde los bienes y las personas suelen estar a merced de quienes decidieron vivir al margen de la ley penal sin importarles naturalmente Barraguirre, Galassi, ni el nuevo Código Procesal Penal. En definitiva sin importarles la vida: propia ó ajena.
Las causas «de la inseguridad» y su hija dilecta la violencia son mas profundas que la simple enumeración de artículos del Código Penal; de allí que el gobierno decidió emprender un atractivo programa social denominado «Vínculos» cuyos beneficios serán a mediano y largo plazo y que busca penetrar inclusive en los orígenes de los alarmantes índices de violencia urbana que cada día desviven a las guardias de los hospitales de las grandes ciudades con cada vez mayor cantidad de heridos y muertos por riñas personales o ajustes de cuentas como consecuencia en no pocos casos de otro flagelo universal: el tráfico y consumo de estupefacientes.
Los otrora bucólicos pueblos y ciudades pequeñas del interior, sobremanera aquellos vecinos de ciudades densamente pobladas, suelen recibir con preocupante asiduidad la visita de la delincuencia que expande su accionar, sobre todo en el menudeo del mercado de drogas que los jóvenes suelen conocer en los boliches de esas grandes ciudades. Como bien suele preguntarse el Gobernador cuando aborda el tema de la violencia social, además de la presencia policial, ¿adónde está la familia como primer núcleo contenedor social?.
El desafío para los políticos y aspirantes a candidatos, sea de una Comisión Comunal como a la Gobernación será incluir en su agenda de campaña estas cuestiones y la manera práctica de abordarlas. La sociedad está cansada de los discursos fáciles y oportunistas. Debe ser por eso que decidió – erróneamente desde ya – tomar la justicia en sus manos.
Un senador que asistió hace poco a una asamblea ciudadana en una pacífica y pequeña localidad de su Departamento nos confesó, muy preocupado, que el tono de los vecinos le recordaba los aciagos días del «que se vayan todos» del 2001. Basta una chispa para encender un gran fuego.
Fuente: SM