Sietes detenidos en Santa Fe acusados de haber vendido a una nena de tres años
Presunto caso de trata de personas. Están a disposición del Juzgado de Instrucción. Entre los involucrados hay un policía por lo cual intervino la división judiciales de la URI.
Una menor de apenas tres años de edad se convirtió en la víctima más joven de un presunto caso de trata de personas en la provincia de Santa Fe.
Por el caso fueron detenidas siete personas que están a disposición del juez de Instrucción, Diego de la Torre. En las últimas horas, la División Judicial de la URI, que intervino a raíz de que un involucrado es policía, remitió el caso a la Unidad de Trata de Personas del Ministerio de Seguridad al entender que se habría configurado ese delito ante indicios de que la menor K. habría sido vendida a un matrimonio por tres mil pesos y entregada durante un intercambio realizado frente a la basílica de Guadalupe.
El subcomisario Armando Chamorro, subjefe de la División Judicial de la URI, explicó el hecho del que la policía tomara conocimiento el lunes a las 16.30 tras la denuncia efectuada por Alejandra Marcela Benítez, de 28 años y que vive en Azcuénaga 2300 del barrio Santa Rosa de Lima, alertando sobre el secuestro de su hija para ser vendida a un matrimonio.
Benítez involucró en la denuncia a un oficial de policía del servicio de Emergencias 911, Esteban Nardulli, de 42 años, del destacamento del distrito costero Vuelta del Paraguayo. La denuncia de la mujer fue atendida por la subcomisaría 8 que envió un móvil a una estación de servicios de callejón Funes y Aristóbulo del Valle.
Trata de personas.Aunque Chamorro dijo a la prensa que no descartan ninguna hipótesis y que las medidas las dictará el Juzgado de Instrucción de la 8ª nominación, este diario estableció que las investigaciones previas llevaron a caratular el caso como trata de personas y determinaron que el titular de la URI, Rafael Grau, dispusiera el pase a disponibilidad del uniformado detenido.
Benítez efectuó la denuncia a partir de un reclamo de Juan Carlos Leguizamón, de 41 años, a la denunciante pretendiendo saber donde se encontraba la menor K.
Leguizamón, quien también fue detenido, es el padre biológico de nena, y el domicilio que suministra a la policía es el mismo que el de la madre. No obstante, no es el padre de los tres restantes hijos de la mujer, los que no estaban en casa y que la investigación busca determinar si no habían corrido antes la misma suerte que la menor K. Se trata de dos nenas 10 y 7 años y de un varón de 8.
Hoy todos están en perfecto estado y a disposición de la Secretaría de la Niñez. El varón se hallaba con una mujer que fue detenida. Las dos hijas mayores habrían estado al cuidado del policía Nardelli y de su esposa, ambos también detenidos.
La otra detenida es la abuela de los niños y madre de Benítez, quien habría sido quien entregó a los menores. Mientras la madre negó a la policía la entrega de sus hijos y haber cobrado por ello, habría sembrado dudas en la abuela de los menores por esa conducta.
La abuela y el policía se habrían conocido al frecuentar un trueque en la estación Mitre donde tendrían un sitio de intercambio de bienes. Los dos niegan haber comercializado tenencia de chicos.
Pero ese relato contradice el de una mujer de apellido Fernández en cuyo domicilio del norte de la ciudad fue localizada la menor K. , quien habría admitido que junto a su esposo pagaron tres mil pesos por ella y que la recibieron tras una transacción frente a la basílica de Guadalupe.
Todos fueron detenidos hasta que se esclarezca el grado de involucramiento de cada uno en el caso. La madre biológica de los menores hizo la denuncia ante la insistencia de Leguizamón por saber dónde estaba su hija, pero por haber residido en el mismo hogar no pudo haber desconocido la suerte de los otros hijos, y por eso fue detenido. En la denuncia al 911 dijeron que los cuatro menores al cuidado de la abuela materna habían desaparecido.
La investigación busca desentrañar si los cuatro hijos de Benítez —todos serían de distintos padres— fueron vendidos o dados en tenencia ilegal. Dado que Fernández admite a la policía que pagó por comprar a la menor la suma de tres mil pesos se presume que el caso configuraría un hecho de trata de personas.
(La Capital)
