La sindicalización policial: Un debate pendiente
El reciente acuartelamiento de la policía reavivo la necesidad de dar un debate serio sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. Es una discusión que traerá una gran polémica. Sin embargo los saqueos y actos vandálicos que se produjeron en el curso de la semana que siguió a la medida de protesta policial iniciada el domingo 8 de diciembre en la provincia de Córdoba probaron que los reclamos policiales deben ser organizados para solicitar, reivindicar o quejarse, pero fundamentalmente para evitar que lleguen a la medida directa de auto-acuartelamiento dado que inevitablemente, por ahora, le sigue la explosión social bajo la forma de saqueos, vandalismo y armarse en defensa propia, generándose un escenario de absoluta inseguridad pública . La situación de caos se originó por el acuartelamiento de la policía, que reclamaba aumentos salariales al gobierno de José Manuel de la Sota. En distintos puntos del territorio cordobés se produjeron saqueos y actos de violencia, en el marco de los cuales hubo dos muertos.
Los policías cordobeses habían presentado un petitorio con 14 puntos, cuyo reclamo central era el salarial. La medida de fuerza fue creciendo en distintos puntos de la provincia y luego de varios intentos se llegó a un principio de acuerdo. Pero los saqueos ya se habían perpetrado, las muertes ya habían ocurrido y el debate sobre este tipo de reclamos ya estaba de nuevo sobre el tapete.
En Santa Fe luego de días de huelga de la policía provincial la situación no pasó a mayores debido a la fuerte presencia de Gendarmería , Prefectura y de la Policía Federal . De no haber sido por la presencia de dichas fuerzas no se sabe que hubiera podido pasar reconocen por lo bajo desde el Ministerio de Seguridad. Dicha situación de autocuartelamiento alcanzó a 14 provincias con mayor gravedad en algunas y menor gravedad en otras , pero reconociendo un efecto contagio producto de años de abandono salarial y de desatención de las necesidades del trabajador policial.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dejó librada a cada país la decisión de sindicalizar o no a las fuerzas de seguridad y la ley argentina no dice nada al respecto. Hoy ninguna fuerza de seguridad en la Argentina tiene personería gremial. Los motivos esgrimidos para negarle a las fuerzas de seguridad el derecho a sindicalizarse es que la tarea de seguridad que la ley impone a las fuerzas armadas y policiales, a partir de una organización jerárquica vertical, en un marco de disciplina, es esencial para el mantenimiento del orden interno de la fuerza y la operatividad en el cumplimiento de los objetivos a su cargo, los que se dificultarían considerablemente a partir de la constitución de un sindicato. También alegan que es una locura sindicalizar a aquel que posee armas.
En cuanto a lo que dice la ley, la sindicalización es un derecho consagrado constitucionalmente y a través de distintos tratados internacionales. La Constitución, en el artículo 14 bis, establece que «el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.»
Este derecho está reglamentado por la ley de Asociaciones Sindicales (23.551), que otorga, entre otras cosas, el derecho a huelga. El Ministerio de Trabajo utiliza este argumento para negarle la personería, ya que después no podría impedir las huelgas, cosa que podría poner en riesgo la seguridad pública.
La Argentina ratificó convenios de la OIT donde se faculta a trabajadores y empleadores a constituir, sin autorización previa, las organizaciones que estimen convenientes, así como el derecho de afiliarse a ellas. Pero la propia OIT aclara que la legislación de cada país debe determinar «hasta qué punto se aplicarán a las fuerzas armadas y a la policía las garantías previstas» por esos convenios. Es por eso que en la Argentina rigen limitaciones a la sindicalización del personal de las fuerzas armadas y las de seguridad.
Sin embargo hay muchos países en el mundo en los que la seguridad está organizada sindicalmente, como los casos de Uruguay, de España, de Holanda y EEUU.
Al debate se suma la realidad de muchas policías del país, cuestionadas por conexiones con el narcotráfico y con redes de corrupción. En ese sentido, hay quienes sostienen que sindicalizar las fuerzas de seguridad sería una manera de modificar la estructura verticalista y de romper con estructuras corruptas.
Entre quienes sostienen esta hipótesis está el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni quien expresó que «el negocio de las fuerzas policiales se desmonta con la sindicalización, y por eso no se la quiere».
Este año, en el marco del Encuentro Nacional Contra la Violencia Institucional en el Congreso Nacional, Zaffaroni volvió a opinar sobre el tema. «Si hay un trabajador que no tiene derechos es el policial. No está sindicalizado, tiene escaso entrenamiento, está amenazado por sus superiores y la prensa. Si se equivoca, la liga él, y le sueltan la mano» apuntó Zaffaroni.
Quien también se manifestó a favor de la sindicalización es el diputado provincial y director del Núcleo de Estudio sobre Gobierno y Seguridad, Marcelo Saín. “ Me gustaría ver, con el tiempo, delegados policiales sentados en la CTA y en la CGT “, afirmó en su cuenta de Twitter agregando que la sindicalización policial debe centrase en el derecho a agremiarse y el derecho a negociar colectivamente con los patrones, no en la huelga.
El debate recién comienza y será arduo , lo que queda claro es que la Argentina debe avanzar hacia un modelo donde los trabajadores policiales en actividad elijan sus representantes para que encarnen la defensa de sus derechos y se transformen en interlocutores válidos frente a la conducción de la institución, de los poderes del Estado y de la opinión pública. De lo contrario en el corto o largo plazo volveremos a observar los mismos fenómenos de caos y desolación ocurridos en estas semanas.
