«Tienen la misma actitud de los delincuentes que deben perseguir»
La Justicia federal ya investiga los presuntos delitos cometidos por los policías provinciales que, durante cuatro días consecutivos, reclamaron un aumento salarial hasta que el martes pasado un decreto del gobernador Antonio Bonfatti fijó un sueldo inicial de 8.100 pesos, clausuró la dilatada negociación y los obligó a retomar sus tareas. «Fue lo más duro que nos tocó vivir en democracia, fue un acto de sedición», aseguró ayer el Jefe de la Casa Gris, que agregó: «Que expliquen cómo estaban encapuchados. Si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir». El ministro de Seguridad santafesino, Raúl Lamberto, advirtió que «una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros».
Si bien no habrá sanciones administrativas y ya fue ratificada a la conducción de la fuerza de seguridad, la denuncia penal realizada el martes por la Fiscalía de Estado provincial les endilga «a aquellos que, en su carácter de coautores, cómplices, determinadores e instigadores, y que como funcionarios públicos o particulares hayan participado criminalmente en su perpetración, los delitos de coacciones calificadas, asociación ilícita agravada, atentado al orden público, sedición, violación de los deberes de los funcionarios cometidos contra la libertad, el orden público, los poderes públicos y la administración pública, en concurso formal».
A su vez, Alberto Martínez, dirigente de Apropol, el gremio no reconocido que fogoneó la movida, fue citado hoy a Tribunales en el marco de la investigación de las amenazas extorsivas contra Bonfatti hechas desde un teléfono celular hallado en su propiedad (ver aparte).
El fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone, explicó que la denuncia presentada ante Walter Rodríguez (fiscal federal de la ciudad de Santa Fe, que ya activó las primeras medidas) dio cuenta de la presencia de policías «armados y en estado deliberativo, sin prestar sus funciones específicas, con el confesado propósito de obtener beneficios salariales y exigiendo con dicha exhibición de fuerza al gobierno una mejora en sus sueldos, bajo la amenaza cierta de incumplir con sus obligaciones en pleno conocimiento de que esas omisiones permitirán la comisión de múltiples delitos por parte de otras personas».
La denuncia destaca que un «alzamiento» contra los poderes provinciales implica un accionar «severamente reprimido por la ley penal argentina». Y que, por no haber estado centralizado en Santa Fe (por los reclamos policiales en otros puntos del país), puso «en riesgo la vigencia de las instituciones de la República y de la Constitución Nacional».
Saccone indicó que la presentación incluye «apreciaciones del gobierno nacional, donde el ministro de Justicia, Julio Alak, también se había pronunciado» al respecto.
Bonfatti, en tanto, cargó contra los agentes rebeldes: «Fue lo más duro que nos tocó vivir en democracia, fue un acto de sedición. Se puede dialogar, pero nunca con un arma en las manos y destruyendo patrulleros».
Es que los policías no ocultaron armas de fuego, complicaron los patrullajes con bloqueos, interfirieron radios y dañaron neumáticos de los móviles, intimidaron al gobernador vía mensajes de texto o a periodistas a través de las redes sociales o cara a cara y hasta atentaron contra la infraestructura de la Jefatura de la Unidad Regional II.
«Una cosa es la protesta y otra utilizar armas para que los compañeros no trabajen, o dañar los patrulleros», se sumó Lamberto, quien resaltó que «el 90 por ciento de la policía no se plegó» al paro.
Bonfatti aludió a la existencia de «las filmaciones hechas por la prensa de las personas que estaban en las jefaturas de Rosario y de Santa Fe y frente a la Casa de Gobierno», pero aclaró que no aplicará sanciones por lo acordado en la negociación.
No obstante, les dejó un mensaje a los uniformados: «Que expliquen cómo estaban encapuchados. Si no, tienen la misma actitud de los delincuentes que deben que perseguir».
(La Capital)
