Hallaron documentos de la Junta Militar ocultos 30 años en el Edificio Cóndor
Estaban en un subsuelo del edificio. Son las actas de 280 reuniones secretas con discusiones sobre cómo seguir en el poder hasta 1998, Papel Prensa, listas negras y desaparecidos.
En un subsuelo de unos tres mil metros cuadrados del Edificio Cóndor, de la Fuerza Aérea Argentina, en el barrio de Retiro, se halló documentación original del gobierno militar que instauró una dictadura entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83. Son decenas de biblioratos con reveladores documentos que permanecieron ocultos durante 30 años en una estantería de tres metros por dos, dos cajas fuerte y dos armarios. Entre los documentos, se encontraron las 280 actas de otras tantas reuniones secretas que realizó la Junta Militar durante los años de plomo.
En seis carpetas y su índice se detallan los «temarios y resoluciones adoptadas», con la firma de los respectivos secretarios generales de cada una de las fuerzas, encargados además de confeccionar las actas. En 13 reuniones, de las 280, la Junta trató el tema de la empresa Papel Prensa y los «arrestos» de la familia Graiver, quedando en evidencia el vínculo entre una cosa y la otra. Como en el acta Nº19 del 6 de abril de 1977, donde bajo el título «Arresto de familiares e implicados en el caso Graiver», luego continúa: «Se decide que sea tratado nuevamente el problema de Papel Prensa, incluido en el acta Nº14 de la Junta Militar, Anexo I y II».
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, presentó ayer en el Edificio Libertador la novedad en conferencia de prensa. Y otorgó enorme valor al hallazgo «en especial porque surge de la propia Fuerza Aérea. No es producto de ninguna intervención civil, ni de ningún allanamiento. Fue el propio brigadier Mario Callejo quien nos informó», celebró Rossi.
En el subsuelo del emblemático Edificio Cóndor, que tiene en total unos 22 mil metros cuadrados cubiertos, y siete pisos en altura formando una estrella de tres puntas, también fueron encontrados los originales de las tristemente célebres listas negras de intelectuales, artistas y periodistas que la dictadura intentó callar. Estas listas incluyeron a 331 argentinos, a enero de 1980, y a medida que la dictadura perdía potencia y horizonte político, la nómina se redujo: en octubre de 1982 los «prohibidos» en la Argentina habían bajado a 153. La maquinaria de censura y persecución militar incluyó, además, una graduación: de F1, censura leve, a F4, prohibición total.
Plan hasta el siglo XXI. También se encontraron escalofriantes documentos con el organigrama temporal —a modo de cuadro sinóptico— donde los militares diseñaron su plan político de permanencia en el poder: hasta 1998. Aunque también previeron un plan menos ambicioso, que llamaron de «mediano plazo», y que llegaba hasta 1991/94. Era la etapa donde pensaban fundar «La Nueva República», luego de superada la etapa anterior que llamaron «fundacional».
La potencia del hallazgo radica en su valor político e histórico, y será la Justicia la que determine además, cuánta prueba documental pueden aportar estos papeles en causas que se encuentran en curso, como es el caso de Papel Prensa.
El resonante hallazgo se produjo el 31 de octubre pasado, y fue comunicado por el brigadier mayor Mario Miguel Callejo, jefe de la Fuerza Aérea, al ministro Rossi. Trascartón, el funcionario puso a trabajar en tareas de desclasificación al secretario de Asuntos Militares de su cartera, Jorge Fernández, y a la subsecretaria de Planeamiento Estratégico y Política Militar, la abogada rosarina Fernanda Llobet.
Por lo demás, durante el fin de semana se sumó al trabajo un equipo de 12 personas la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La información hasta ahora desclasificada es parcial y preliminar. Rossi informó ayer que firmó un decreto donde instruye a que se lleve a cabo la tarea completa, exhaustiva, de revisión y clasificación de todo lo hallado en un plazo de seis meses.
Otro documento clave que apareció en la catacumbas inexploradas del Edificio Cóndor fue el acta institucional del 24 de junio de 1976 donde la Junta Militar se adjudica la «facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionada perjuicios a los intereses de la nación». La Junta podía aplicar medidas como «la pérdida de derechos políticos y gremiales, expulsión del país a los extranjeros, e internación en el lugar que determine el PEN (Poder Ejecutivo Nacional) mientras permanezcan a su disposición». El documento es clave: revela el derrumbe total del Estado de derecho.
Desaparecidos. Otras dos actas producen escozor de sólo mirarlas: la Nº106 del 8 de agosto de 1979 y la Nº130 del 11 de marzo de 1980. En la primera, la Junta decide redactar una ley de «presunción de fallecimiento» en referencia a los desaparecidos. La redacción de la ley finalmente se perdió en los laberintos burocráticos y nunca se promulgó. Pero revela la creciente preocupación política de los dictadores respecto de un problema sin solución: cómo presentar a los «desaparecidos».
En ese mismo sentido, el 11 de marzo de 1980 la Junta decidió hacer un ajuste en el léxico. Ya no puede sostener la palabra «desaparecido», entonces establece que ya no se dirá «personas desaparecidas» sino «pedido de paradero de personas».
Las listas negras de «peligrosos»
En las actas secretas de las Juntas Militares reveladas ayer por el ministro Agustín Rossi se encontraron listas negras con nombres de artistas, periodistas e intelectuales clasificados en cuatro niveles según su “peligrosidad”. Entre las más de 300 personas incluidas, figuraban Norma Aleandro, Emilio Alfaro, Osvaldo Bayer, Héctor Alterio, Norman Briski, Julio Cortázar, Roberto Cossa, Rogelio García Lupo, Eva Giberti, Horacio Guarany, Víctor Heredia, Cipe Lincovsky, Federico Luppi, Osvaldo Pugliese, Mercedes Sosa y María Elena Walsh.
(La Capital)
