Concesiones: Piden que los pliegos sean aprobados por el consejo
Los ediles también advirtieron que el escaso monto que pagan los concesionarios configura un perjuicio económico para la ciudad
La Comisión Investigadora de Concesiones, constituida en el mes de mayo por el Concejo Municipal a partir de un proyecto del edil Jorge Boasso, dio a conocer este martes el dictamen final, en los plazos previstos por la reglamentación.
«Hay que pasar de un modelo arbitrario para otorgar concesiones hacia uno sustentado en la decisión colectiva, donde se debata lo mejor para la ciudad», sentenció Boasso y remarcó: «Hoy encontramos que cedieron los mejores espacios públicos de la ciudad por largos años, con escaso control y a un bajísimo alquiler».
La concejala del Bloque Radical María Eugenia Schmuck expresó en el trabajo de la Comisión Investigadora se alcanzaron «importantes acuerdos respecto a recomendaciones que efectuamos a la Intendencia que permitirán mejorar la política de concesiones. Muchas de estas recomendaciones surgen del análisis de numerosas irregularidades que percibimos en varios expedientes, algunas de las cuales ya habían sido señaladas por Tribunal Municipal de Cuentas. No existen estudios económicos y financieros que acrediten o justifiquen el tiempo concesionado y el monto del canon que se requiere y hay licitaciones que se han vencido y no se han renovado en tiempo y forma. Hay irregularidades que subsanar y el dictamen de la Comisión pretende hacerlo con sus recomendaciones».
En tanto, los concejales del Bloque Radical destacaron que el dictamen contenga las consideraciones aportadas por Boasso y Schmuck, que fueron acompañadas por otros bloques opositores, reclamando al Departamento Ejecutivo que proceda al «rescate» inmediato de las tres concesiones más conflictivas: International Park, Puerto España y Rambla Cataluña, aspecto contemplado en los pliegos de bases y condiciones, y que posibilita a la Municipalidad a ejercerlo de manera unilateral antes del vencimiento de la concesión, por los graves incumplimientos y faltas que estas han tenido.
Jorge Boasso, autor del proyecto de creación de la Comisión Investigadora, indicó que «mientras algunos locales comerciales en el centro de la ciudad llegan a pagar de alquiler entre 25 y 30 mil pesos mensuales, reconocidas concesiones como el Complejo Puerto España (Don Ferro, Flora, Gimnasio The Planet y Puerto España Eventos) pagan 10 mil pesos por mes. Por eso entendemos que es urgente pasar del actual modelo de otorgamiento de concesiones, que es arbitrario, hacia un modelo que requiera, tal como figura en una de las recomendaciones del dictamen, estudios económicos y financieros realizados por organismos técnicos especializados, que permita determinar la relación existente entre el gasto o inversión a efectuarse, el canon, el plazo de concesión y la resultante rentabilidad neta a obtener por el concesionario, a fin de contar con un sustento técnico para evaluar la razonabilidad de los mencionados parámetros que se proponen en el pliego».
El Documento final de la Comisión Investigadora también refleja el caso del Complejo Puerto España, el cual es recordado por la eliminación por parte del Municipio de un Art. donde se establecía un canon mínimo del 7%, dejando que sea el concesionario sea quien lo proponga, estableciéndose finalmente un canon del 0,07% sobre la facturación bruta mensual. «Esto genera un perjuicio económico a todos los rosarinos de más de 10 millones de pesos, que es lo que hubiera percibido la Municipalidad si hubiera cobrado el 7%», sostuvo Boasso.
En cuanto a la concesión del International Park, para los ediles el análisis determina que existió una «ineludible e indelegable» responsabilidad de fiscalización de los juegos por parte del Municipio que no fue oportunamente cumplida tanto en el inicio de la concesión como en el transcurso de la misma. Para evitar que, en el futuro, los concesionarios se controlen a si mismos, o los deleguen en profesionales que no se encuentren capacitados para realizar los controles, se incorporó en el Dictamen como recomendación (por unanimidad) que «el Departamento Ejecutivo deberá garantizar su tarea de fiscalización sobre quienes exploten concesiones del espacio público, aún cuando el título constitutivo no establezca tal fiscalización».
En el dictamen final, la Comisión investigadora determinó que deberá remitirse un informe anual con el estado de avance de las concesiones (licitadas, adjudicadas, en ejecución, finalizadas en el año) al Tribunal Municipal de Cuentas y con copia al Concejo Municipal, e incorporó a la Universidad Nacional de Rosario como institución encargada de analizar las ventajas y desventajas de las formas alternativas de determinación del canon. Al mismo tiempo, la UNR realizará un estudio económico financiero de cada proyecto de concesión, a los fines de determinar la coherencia de la propuesta.
Para Schmuck, «es importante destacar el rol que el Municipio deberá asignarle desde ahora a la Universidad Nacional de Rosario, la cual será la encargada de realizar los estudios económicos y financieros que acrediten y justifiquen el tiempo concesionado y el monto del canon que se requiere. Esto garantizará que el canon no quede a cargo del concesionario y/o del funcionario público interviniente de turno».
La propuesta sostiene también que será causal de sanción el incumplimiento por la reticencia del concesionario a brindar información que la autoridad de control y/o el Tribunal Municipal de Cuentas soliciten.
Sin embargo, en la discusión de la Comisión no hubo acuerdo -y por lo tanto el Dictámen refleja las divergencias- respecto de la necesidad o no de que las concesiones pasen por el Concejo Municipal. Los concejales oficialistas sostienen que ese paso no es necesario. Para el concejal Boasso, «no sólo es necesario, corresponde que las concesiones pasen por el Concejo Municipal. Una discusión más amplia que la sola interpretación del funcionario de turno, garantiza una visión más plural, mayor transparencia y ecuanimidad en lo que se resuelva. Pero además evita arbitrariedad, algo que ha caracterizado el actual modelo de concesiones y que es la razón de muchos de los cuestionamientos e irregularidades que no sólo han señalado concejales, sino también el Tribunal de Cuentas».
