Por abuso de autoridad, procesan a Guillermo Moreno

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, fue procesado hoy por «abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público» por haber multado a una consultora privada que midió los índices de precios al consumidor en forma paralela a los que arroja el INDEC.

Fuentes judiciales informaron que el juez federal Claudio Bonadío, en la misma resolución, procesó al director Nacional de Comercio Interior, Fernando Carro; y al director Nacional de Lealtad comercial, Adalberto Guillermo Rotella, mientras que sobreseyó a Guillermo David, funcionario de esa misma dependencia.

«Se confirmará la libertad provisional de los encartados, temperamento que es justamente el que fuera adoptado en autos en todo momento, ya que no se da ninguno de los dos supuestos que autorizan a dictar la prisión preventiva», aclaró Bonadío, quien impuso sobre los procesados un embargo de 50.000 pesos.

La causa se inició tras una denuncia hecha por el economista Jorge Todesca, como presidente de «Finsoport SA Economía y Finanzas», quien aseguró que fue víctima su empresa de «una ilegítima e ilegal sanción pecuniaria, pretendiendo con ello disfrazar lo que consideraban la ejecución de un delito por un lado, y por el otro intentando acallar toda voz profesional que difiriera con los intereses políticos de los funcionarios denunciados».

Para Bonadío «los funcionarios excedieron las facultades de las cuales disponían, sin cortapisa de ningún tipo en cuanto al objetivo procurado, que no era otro que silenciar a Finsoport SA de publicar índices que elaboraban, ni mesura alguna en cuanto al medio elegido».

«Se la multó con el máximo de la previsión de la norma invocada ilegalmente, y cuando tal intención incluso es tangencialmente reconocido por los propios responsables -solo que justificándolo en una visión subjetiva y arbitraria de la cuestión- no es mucho lo que a ello puede agregarse», agregó.

Por ello, afirmó el juez que «la arbitrariedad de los funcionarios y su intención maliciosa también se trasluce en la violación al derecho de los particulares a exponer sus opiniones (que no es otro que el derecho a la libertad de expresión) independientemente de la pretendida cobertura científica que ella tenga como soporte».

«Demás está decir lo discutible que puede ser este exigido y pretendido rigor metodológico cuando los parámetros que lo nutre es susceptibles de ser a su vez cuestionado no sólo en cuanto a la forma de utilizarlo sino también de nutrirlo de la información con la cual se elabora», aclaró el magistrado.

La denuncia fue realizada el 11 de marzo de 2011 tras una sanción de 500 mil pesos de multa que se le fijó a Finsoport tras haber dado a conocer los índices de precios, tras lo cual el denunciante aseguró que esas acciones «importaron pretender obturar la labor profesional de los expertos de las ciencias económicas a fin de intentar intimidarlos de modo tal que no difundieran ningún informe micro, macroeconómico o de ninguna índole que difiriera de los que proporciona el gobierno central».

CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE BONADÍO

«Queda claro que la supuesta falta de seriedad técnica o de la cantidad de medios utilizados por las consultoras en general y de Finsoport en particular, de cara a la obtención del IPC -o aún su deliberada falsedad- se diluye ante lo concreto de la similitud de los guarismos inflacionarios comparados», sostuvo hoy el juez federal Claudio Bonadío, en el auto de procesamiento contra el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Con ese argumento, el magistrado rebatió las acusaciones del funcionario contra los consultores privados sosteniendo que buscaban perjudicar a la Argentina difundiendo datos supuestamente falsos.

Bonadío, a raíz de comparativos que estableció entre los índices de precios evaluados por Finsoport y los que calculan varias provincias, sostuvo que los privados «hallan correlato con la realidad, extremo que a la luz de la información colectada, es indiscutible».

Es decir, el juez consideró que la estimación de una inflación anual del 25 por ciento que realizan las consultoras y varios institutos de medición provinciales es más realista que el 10 por ciento anual que divulga el INDEC mes tras mes.

«Los guarismos inflacionarios comparados no pueden suponerse obtenidos mediante un proceso de simple adivinación sino con una técnica que, a la luz de sus resultados, permitió arribar a la paridad de resultados estadísticos antes establecida, aún teniendo en cuenta la necesaria diferencia de infraestructura que media entre una consultora privada y un ente público», consideró el juez.

Finsoport es la consultora del ex viceministro de Economía Jorge Todesca, quien ocupó el cargo durante la primera parte de la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando se aplicó la devaluación y pesificación asimétrica que posibilitaría después a Néstor Kirchner implementar un plan económico que permitió a la Argentina crecer al 9 por ciento anual durante varios años.

Fuente: Agencias