Piden cambios en la Municipalidad de Funes, tras trámite irregular con una beba

Tras el irregular trámite con una niña en Funes, en el Concejo piden el descabezamiento del área de Gestión Social del municipio y cuestionan la «visión estigmatizante» hacia los sectores vulnerables de la intendenta Mónica Tomei.

Se multiplican las críticas al municipio de Funes con respecto al tratamiento hacia una beba de 22 meses, hija de una joven que murió asesinada por un familiar. La nena fue quitada del cuidado de una tía y entregada a un matrimonio, sin respetar las leyes que preservan los derechos de la niñez, como informó Rosario/12 el domingo 25 de agosto. A la denuncia penal de un particular y el pedido de informes del diputado provincial José María Tessa, se sumó en las últimas horas el impulso de un concejal local, quien solicitó el «descabezamiento» de toda la coordinación de Gestión Social, por haber demostrado una «proceder irregular» en el caso. Además de concentrarse en el hecho puntual, el edil Mauro Miguez consideró también que la intendente Mónica Tomei tiene «una visión muy estigmatizadora hacia los sectores más vulnerables de la ciudad, pone en práctica un tratamiento clientelístico».

Funes se vio conmocionado el 7 de mayo pasado cuando la joven de 16 años María Florencia Chanampa fue descuartizada por el hermano de su padrastro, apodado «el chileno», en el barrio Villa Elvira. La ferocidad del crimen aumentó el impacto y generó las reacciones más dolorosas. Florencia era madre de una beba. Quienes la conocían, aseguraban por entonces que se dedicaba con pasión al cuidado de la nena. En más de una oportunidad había concurrido a dependencias municipales para pedir ayuda, pero la respuesta que obtenía no era seguramente la que deseaba. «Flopy se quería ir porque tenía miedo que el chileno le hiciera algo a su beba. Pero no tenía a dónde ir. Quiso vivir con la madre, pero el padrastro la echó. Fue a Acción Social de la Municipalidad (Coordinación de Gestión Social) para pedir unas chapas y mirá lo que le dieron, unos ladrillos y nylon para cubrir el techo», revelaban sus amigas a los medios por aquellos días.

Al morir la madre, la niña de –entonces– 16 meses quedó al cuidado de su tía abuela, Alejandra Chanampa. La Dirección Provincial de Niñez entendió que debía alejarse del lugar donde presenció el asesinato de su mamá. Un mes después, el 14 de junio, desde el municipio citaron a Alejandra y le exigieron que entregara a la niña, que quedó bajo guarda de una pareja con relación de parentesco con Mónica Tomei. La intervención de la Dirección de Niñez devolvió a la niña con su familia de origen, como establece con claridad la ley provincial 12.967. Además, el municipio no tenía competencia para intervenir en una medida de guarda de una niña.

Miguez recuerda con precisión la repercusión que tomó el crimen y cómo familiares y allegados de Florencia culpaban al municipio por no escuchar los reclamos. «Gestión Social desconoció denuncias sobre la situación habitacional de la joven, que convivió durante mucho tiempo con el homicida. La titular del área, Alejandra Tuttolomondo, no acusó recibo de la misma, pero uno reconoce que la intendenta está al tanto del accionar de sus funcionarios», avaló el edil de origen peronista y que actualmente integra el partido distrital Unidad Popular. «Esto exige un cambio radical en dicha área, implica un descabezamiento de todos los funcionarios a cargo», ahondó. En tanto, señaló que desde el punto de vista político «la responsabilidad llega a Tomei», porque «en todo momento convalidó esta acción». La jefa comunal arguyó ante Rosario/12 que la entrega irregular de la nena a una familia que tiene parentesco con ella se hizo en un momento en el que se encontraba de viaje.

Cuando era concejal, a principios del año 2010, Tomei ingresó un proyecto que proponía regular la ética en el ejercicio de la función pública. «Se busca mejorar la transparencia en la gestión local», argumentaba por entonces la ex diputada provincial del radicalismo. La iniciativa se transformó en ordenanza y ahora el edil Miguez la retoma para afirmar que «claramente la coordinadora y las trabajadoras sociales del Municipio, que son conocedoras de la normativas, están violando la ordenanza». En el caso de la beba, ha quedado explícita «una acción irregular que afecta derechos humanos, se está afectando el derecho a la identidad de una niña y la preservación de su privacidad. Este caso fue muy manoseado desde el punto de vista político, y no se pensó nunca en el interés superior de la niña».

En la semana, la abuela de la beba, llamada Carola, concurrió al Concejo y se reunió con algunos ediles. Les describió la situación angustiante que atraviesa y les contó que «la intendenta se había negado a recibirla», reveló Miguez. Luego de escucharla, debió interceder el presidente del Legislativo, Horacio Rímini, quien se comunicó telefónicamente con el Ejecutivo y pidió que reciban a la mujer. Carola, minutos antes de encontrarse con los concejales, se vio con funcionarias de Gestión Social, quienes «le habían ofrecido una suma monetaria muy exigua (2 mil pesos mensuales). Solamente dinero para que se encarguen de conseguir un alquiler, para una familia que atraviesa una situación de hacinamiento. Se hace un recorte muy parcial de la situación de esta familia, la intendenta la piensa desde el punto de vista monetario. Se necesitan psicólogos y un esquema de contención», expresó Miguez, en una abierta crítica a la falta de respuestas del municipio. Unas horas después, Tomei y el secretario de Gobierno Gonzalo Miranda Aguiar se reunieron Alejandra Chanampa, tía abuela de la beba, «para poner recursos a su disposición», ya que quedó al cuidado de la niña. (Agenciafe/Rosario 12)