Investigan a policías de Jefatura por consumar una detención extorsiva

La intervención al teléfono de un acusado de matar a Claudio «Pájaro» Cantero desnuda un caso de corrupción en la sede policial. Escuchas indican que le hicieron pagar a Milton Damario 50 mil pesos para liberar a un hombre apresado ilegalmente.

La Justicia de Rosario investiga un grave acto de corrupción que se presume fue cometido dentro de la Jefatura de la Unidad Regional II por policías que cumplían su turno regular de trabajo. Se les atribuye haber privado ilegítimamente de la libertad, con fines extorsivos, a un hombre que se encuentra cumpliendo salidas transitorias en la fase final de una condena y a otra persona que estaba con él. Lo que está denunciado es que un grupo de efectivos le plantó drogas y dos armas de fuego a este hombre condenado por un homicidio y que le requirió, para no abrirle una causa penal, 50 mil pesos.

La situación quedó al desnudo a partir de escuchas telefónicas que por orden judicial realizaban empleados de la Agrupación Orden Público de la misma Jefatura que ni imaginaban lo que encontrarían. Estas grabaciones evidenciaron que el hombre condenado llamó a alguien para pedirle dinero y así ser liberado. Y aquí surge una nueva sorpresa: el hombre requerido para sacar del apuro al detenido es alguien que tiene pedido de captura como presunto sicario. Se trata de Milton Damario, sindicado como uno de los autores materiales del asesinato de Claudio «Pájaro» Cantero el 26 de mayo pasado, con orden de búsqueda nacional e internacional dictada por dos jueces locales.

Precisamente este entrevero de hechos salió a la luz porque existían órdenes judiciales de interceptar al teléfono de Damario y no porque el condenado haya hablado de lo que le ocurrió. En las escuchas, además, se detecta que los policías implicados en la maniobra sostienen pertenecer a la División Judicial de la Unidad Regional II que son, precisamente, los que trabajan en la búsqueda de la organización en la cual Damario está implicado por el juez de instrucción Juan Carlos Vienna. Sin embargo, de los indicios disponibles en el acta preventiva del hecho se desprende que quienes habrían actuado pertenecen a una sección de la Agrupación Unidades Especiales (AUE), que ante lo preliminar de la pesquisa no se identificará en esta nota.

En la calle. El caso que fue denunciado ayer en la fiscalía Nº 9 a cargo de Cristina Herrera se remonta al 22 de julio pasado. Esa noche un hombre que tiene salidas transitorias y que está en la fase final de una condena por homicidio fue junto a un amigo a visitar a un paciente internado en el Heca con múltiples heridas de bala.

Según el relato recibido en la fiscalía, cuando este hombre salía del hospital en un VW Bora le impidieron el avance desde dos vehículos. Una camioneta tipo 4×4 lo cruzó delante y un VW Polo lo cerró por detrás. Cuando el conductor del Bora se bajó se le acercó una mujer de civil que lo llamó por su nombre. Se le arrimaron dos hombres más y uno de ellos, según la denuncia, le plantó lo que parecían ser dos panes de droga y dos pistolas. Le anunciaron entonces que lo detendrían por ello.

El hombre se desesperó. Según fuentes que dieron cuenta del hecho descubrió que le armarían una causa penal. Estaba en la etapa final de su pena y eso implicaría perder el derecho a la libertad condicional por la que había hecho méritos. Se lo terminaron llevando preso junto a su acompañante, según el reporte, a la Jefatura.

Toda esta situación —una detención ilegal con fines extorsivos— nunca se habría detectado sin las escuchas al teléfono de Damario. Fue precisamente una llamada la que puso en claro la maniobra. Al hombre detenido le habían prometido no armarle ninguna imputación que arruinara su libertad venidera si pagaba 50 mil pesos. Eso se escucha en la llamada que recibió el celular atribuido a Milton Damario.

Al recibir la llamada Damario identifica a su interlocutor y le pregunta qué le pasa. Este responde que lo tienen preso y que a fin de que lo suelten necesita 50 mil pesos. Damario pregunta entonces quiénes lo detuvieron y la voz le replica que la División Judicial. A partir de ahí hacen aprontes para realizar la entrega del dinero. Según fuentes de la causa es un mismo policía el que toma el teléfono y deja en claro el propósito buscado.

La entrega de la plata se habría realizado en dos etapas y según las escuchas el propio Damario, prófugo de la Justicia entonces y ahora, se encargó de dársela a su amigo en aprietos.

Difícil. El episodio terminó con la liberación de los dos hombres detenidos ilegalmente. El caso será difícil de esclarecer. El ingreso de los detenidos a la Jefatura de Ovidio Lagos 5250 no habría sido registrado. Fuentes policiales señalan que es inusual que en el puesto Nª 1 de acceso los policías de las secciones internas que entran con personas presas sean controlados. Eso dificulta probar la presencia de los detenidos en Jefatura.

Sin embargo las llamadas telefónicas a Damario, que revelan la gestión del cobro de un rescate, están disponibles en el juzgado de Instrucción Nº 15 que ocupa Alejandro Negroni. Este magistrado tiene a cargo, en la megacausa que conduce el juez Vienna, el segmento que corresponde al también prófugo Luis «El Pollo» Bassi. Y Damario está allí investigado —y escuchado— en tanto se lo sindica como uno de los sicarios que trabajan para Bassi.

Por lo tanto fueron policías —en este caso de Orden Público— los que descubrieron una situación que involucra a otros policías y rápidamente lo reportaron al juez. Eso hizo nacer esta pesquisa que recién asoma a casi un mes de ocurrido el hecho por el tiempo que media entre que se capta el llamado telefónico requerido y se lo desgraba por un operador.

Como en el diálogo con Damario se alude a que la exigencia de plata la hacen supuestamente miembros de la División Judicial, los superiores de esta repartición fueron convocados para dar explicaciones. Pero el avance de la pesquisa habría dilucidado que fueron otros policías, aparentemente de una sección de Unidades Especiales, los que invocaron ser de la División Judicial para encubrir su verdadera pertenencia.

«Fue algo típico de policías infieles. Un tipo que tiene una condena pendiente y contactos en el mundo del delito es un blanco fácil para una extorsión. Se aprovecharon de esa debilidad y del hecho de que el preso necesita no tener conflictos para seguir con el régimen de salidas. Al tipo que apretaron además no le conviene denunciar nada porque si lo hace se echa encima a la policía de nuevo», dijo ayer a este diario, precisamente, un policía.

(La Capital)