Procesaron al dueño del cabaret La Rosa por facilitar la prostitución
Un alta fuente judicial remarcó que «las pruebas son contundentes». La Justicia Federal investigará si en el lugar había trata de personas. Juan Cabrera, más conocido como el Indio Blanco, seguirá detenido.
El dueño de La Rosa Sexy Bar, Juan Cabrera (más conocido como el Indio Blanco), fue procesado ayer por facilitamiento de la prostitución ajena con fines de lucro y proxenetismo y seguirá detenido en virtud de la pena en expectativa que tiene el delito. En la resonante causa judicial se ventilaron datos clave a través de los cuales se confirma su participación en el negocio. Otras personas serán llamadas a declaración indagatoria y se remitirá la causa a la Justicia Federal para que determine si existe el delito de «trata de personas». El caso tendrá su ramificación en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), organismo al que se dará parte para verificar el origen patrimonial de Cabrera.
«Las pruebas son contundentes, muy elocuentes y confirman que este hombre lucraba y obtenía rédito económico con los servicios sexuales que ofrecían las mujeres», dijo una calificada fuente judicial sobre los elementos colectados en la causa, originada el 25 de mayo tras un allanamiento que derivó en la clausura del local ubicado en Callao al 100 bis, y en la detención de Cabrera.
Ese día se constató la oferta sexual y fueron asistidas 18 mujeres en situación de prostitución. Además, y aunque no resultó relevante a los fines jurídicos pero sí para confirmar la oferta y magnitud del negocio, se detectaron al menos dos puertas que comunicaban con un hotel lindero a La Rosa, aspecto controvertido y prohibido por ordenanza municipal.
Sobre ese dato la defensa del Indio Blanco dijo que una de esas puertas correspondía a «una salida de emergencia del hotel», y la otra estaba «completamente sellada». Al ser indagado, Cabrera había dicho que los locales funcionaban de manera independiente, que su ganancia «terminaba en las copas» y en las entradas que pagaban los clientes del cabaret.
Al mismo tiempo, un grupo de trabajadoras sexuales y empleados del local reclamaron la libertad de su jefe, y defendieron las condiciones de trabajo, marco en el que decían sentirse «seguras y protegidas».
Negocio rentable. La resolución se filtró ayer en los pasillos de Tribunales, aunque no fue dada a conocer oficialmente. No obstante, LaCapital pudo confirmar que la jueza de Instrucción Nº 2, Alejandra Rodenas, a cargo de la pesquisa, dispuso el procesamiento de Cabrera por el delito de «facilitamiento de la prostitución ajena con fines de lucro y proxenetismo».
Así, se confirmó el curso que tomó la causa cuando el imputado quedó encerrado en un nuevo marco legal vigente desde diciembre de 2012, a partir de la modificación de la ley de trata motorizada por el caso Marita Verón.
«Los artículos 21 y 23 de la nueva ley modifican los artículos del Código Penal y condenan la promoción y facilitación de la prostitución, que penalizan la figura del proxeneta, y dejan de lado la cuestión sobre la voluntad de la mujer», había dicho incluso la propia Rodenas en declaraciones públicas.
La magistrada acumuló un amplio plexo probatorio donde hay incluso filmaciones en las que Cabrera aparecería distribuyendo dinero a las meretrices al cabo de cada jornada. Esa situación es sustentada además por la declaración de un grupo importante de alternadoras, clientes y testigos. «Ayer se acumularon nuevas pruebas que son lapidarias», agregó el vocero judicial consultado sobre un expediente que sigue activo.
Por otra parte, este diario pudo confirmar que no todo quedará circunscripto a Cabrera, ya que otras personas serán llamadas a declaración indagatoria por delitos conexos a la actividad del hombre que, durante 10 años, se mantuvo como emblema de la actividad prostibularia en la noche rosarina.
Y aunque se esperaba que en pocos días fuera beneficiado con la libertad restringida, al menos este fin de semana seguirá tras las rejas porque no se resolvió el pedido de sustitución de prisión solicitado por su defensor, Paul Krupnik (ver aparte). Es que las garantías que ofreció no convencieron a la jueza: la fianza deberá ser en efectivo y el garante personal tendrá que reunir requisitos más confiables.
(La Capital)
