A 26 años del levantamiento «Carapintada» de Semana Santa de 1987
Pasaron casi 26 años del levantamiento «carapintada» encabezado por el teniente coronel Aldo Rico en 1987, hecho que -sin dudas- se convirtió en uno de los puntos de mayor tensión del Gobierno radical de Raúl Alfonsín.
La revuelta, que tuvo como epicentro el edificio de la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, se produjo el 16 de abril de 1987 y se prolongó, durante Semana Santa, hasta el día 19 de ese mismo mes y año.
En aquellos tiempos Aldo Rico, actual concejal de San Miguel, se amotinó junto a otros oficiales para resistir a una citación judicial al Mayor cordobés Ernesto Barreiro, encausado por su participación activa en la represión al movimiento obrero y popular de su provincia.
Antes de este hecho, en diciembre de 1986, se había sancionado la Ley de Punto Final, que ponía un plazo de 60 días para procesar a los acusados por crímenes cometidos durante la dictadura; pero la medida no alcanzó para frenar el descontento de los militares; quienes también reclamaban por el cese de lo que ellos llamaban «campaña de agresión contra las Fuerzas Armadas» y por conseguir un incremento en el presupuesto que Alfonsín había recortado tras asumir en 1983.
“Felices Pascuas, la casa está en orden”
El alzamiento de los «carapintadas» fue rechazada por la ciudadanía que -a partir del Jueves Santo- salió a las calles masivamente en defensa del sistema democrático. Todo concluyó con una gran manifestación el domingo de Pascuas en la Plaza de Mayo; cuando -de regreso de Campo de Mayo y desde el balcón de la Casa Rosada- Alfonsín pronunció una de las frases políticas menos felices de la historia, que a partir de ese momento es usada para ironizar sobre algún desorden: «Felices Pascuas, la casa está en orden».
A causa de este primer alzamiento carapintada, meses más tarde, el gobierno acabó promulgando la Ley de Obediencia Debida.
La relación del Gobierno radical con las Fuerzas Armadas
La relación con los militares fue siempre un tema espinoso para el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 1983. A cinco días de la asunción, Alfonsín emitió un decreto para enjuiciar a las Junta Militares que gobernaron del 24 de marzo de 1976 hasta la guerra de Malvinas, en 1982 y creo la Conadep, el organismo que debía investigar violaciones a derechos humanos de la dictadura.
La Conadep publicó su informe “Nunca Más” en septiembre de 1984 y el 9 de diciembre de 1985 una cámara federal condenó a prisión perpetua a Jorge Videla y Eduardo Massera y penas menores a otros jefes militares que se adueñaron del poder. Al año siguiente, el propio Alfonsín debió lidiar con legisladores de su propio partido para que el Congreso aprobara la Ley de Punto Final, que obligaba a iniciar juicios en 60 días contra los responsables de crímenes aberrantes. Pero esto no les pareció suficiente y la rebelión de oficiales del Ejército se inició el 16 de abril, cuando el mayor de inteligencia Ernesto Barreiro se negó a concurrir al juzgado que lo investigaba por cargos de tortura y asesinato y se amotinó en el Comando de Infantería Aerotransportada de Córdoba junto a otros 130 militares, para resistir la orden de detención judicial.
La reacción se extendió a otros cuarteles y el teniente coronel Aldo Rico, a cargo de un regimiento en Misiones, pasó a liderar la amenaza sobre el gobierno nacional desde la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Los carapintadas exigían la renuncia de las altos mandos del Ejército y la sustitución del juicio a los autores de violaciones a derechos humanos por otra que contemplara situaciones más flexibles para los oficiales que recibieron órdenes. El gobierno nacional ordenó a fuerzas militares que obligaran a sus pares a deponer la rebelión, pero nadie se movió de sus cuarteles, con excepción del general Ernesto Alais, que salió con una fuerza de tanques desde el II Cuerpo, con sede en Rosario, pero nunca llegó en cuatro días a Campo de Mayo. (Cuna de la Noticia/El Litoral)
