Jorge Boasso pide que el agua se declare un derecho humano esencial
El Concejal Jorge Rosario Boasso presentó un proyecto de declaración para adherir a una resolución emanada por la ONU que reconoce el derecho al agua potable como un derecho humano esencial y solicita al estado un acceso más económico al agua potable y el saneamiento.
La adhesión es a la Resolución RES/64/292 emanada por la Asamblea General de la ONU que busca reconocer que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. «La propuesta pasa por reconocer el derecho al agua y el saneamiento como derecho humano – se trata de considerar el agua no como un bien comercial, sino como un bien público» Remarcó Boasso.
Esta resolución ha recibido apoyo de diferentes sectores, sindicatos europeos de servicios públicos, grupos conservacionistas, colectivos de lucha contra la pobreza, asociaciones ecologistas y ciudadanos/as que buscan impulsar el compromiso con el derecho humano al agua y el saneamiento.
Además, en el mismo proyecto adhiere a exhortar a los Estados a intensificar los recursos para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento.
Por último, el Concejal Boasso manifestó que es necesario tener en cuenta y recordar siempre estos 7 datos brindados por la ONU y la OMS:
1) En 2010 las Naciones Unidas reconocieron el acceso a agua potable y a saneamiento como un derecho humano
2) 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso seguro a agua potable.
3) El Objetivo de Desarrollo del Milenio 7 exhorta a “Reducir a la mitad la proporción de personas que carece de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento”.
4) 2.600 millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico en el mundo.
5) Se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas más básicas.
6) La fuente de agua debe situarse a no más de 1.000 metros del hogar.
7) El coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar.
