A un año del Triple Crimen de Villa Moreno
Los tres militantes festejaban el inicio de 2012 en una canchita de fútbol de villa Moreno cuando fueron asesinados a tiros.
Mañana se cumple el primer aniversario del triple crimen de Villa Moreno, la masacre que marcó un antes y un después en la historia reciente de la ciudad. No sólo porque las víctimas “eran inocentes”, como si hubiese pibes acribillados a balazos merecedores de esos finales, ni por la impunidad con la que narcos se disputan territorio en barrios periféricos. Fue la organización popular, el dolor encarnizado en lucha lo que permitió develar la oscura trama que hay detrás de los pibes que mueren en “ajustes”, en hechos que aparecen ajenos al negocio millonario de la droga, de la connivencia policial, del enriquecimiento ilícito y de la falta o ineficacia de políticas de inclusión para jóvenes que viven en zonas postergadas. Así lo reflejaron familiares y compañeros de militancia de Jere, Mono y Patom, quienes reflexionaron sobre la tragedia que inauguró el año que se despide hoy.
El triple crimen de Villa Moreno fue el correlato de otros dos ataques ocurridos en las horas previas al Año Nuevo. El primero tuvo como víctima a Facundo Osuna, que el 29 de diciembre de 2011 fue atacado a tiros en la puerta de su casa de Dorrego al 4100. Los ocho plomos que le perforaron las piernas fueron ejecutados –según la causa– por Maximiliano Rodríguez, conocido como Hijo del Quemado –ahora procesado por ese hecho–, y el Jeta, entonces menor de edad. A ese hecho le siguió, tres días después, otro brutal ataque contra Maxi, quien fue emboscado en las primeras horas de 2012 mientras conducía a cuadras del lugar un auto de alta gama junto a su novia y una amiga. Su llegada al Heca con un tiro en la cabeza enfureció a su padre quien, de acuerdo con la investigación, junto a otras cinco personas fue en busca de sus agresores. Lo que siguió fue una ejecución. El Quemado, con chaleco antibalas y total impunidad, preguntó por el Negro Villalba, presunto agresor de su hijo, y sin más, abrió fuego contra Jeremías Trasante, Claudio Suárez y Adrián Rodríguez. Más de 30 balas ensangrentaron la canchita de fútbol de Moreno y Presidente Quintana, adonde los pibes esperaban a unos amigos para terminar los festejos del Año Nuevo.
“Se visibilizó el narcotráfico”
“En una valoración muy sencilla y palpable, lo más significativo de la lucha que empezamos el 1º de enero es que se le dio visibilidad pública a la problemática del narcotráfico y a su manto de complicidades”, dijo Pedro Salinas, integrante del Movimiento 26 de Junio del Frente Popular Darío Santillán, del que participaban Jere, Mono y Patom. “Si hay algo de lo que podemos estar seguros después del dolorosísimo fusilamiento de los pibes es que a raíz de la inmensa lucha emprendida logramos traducir en denuncias certeras algunas verdades que se encontraban silenciadas. Hoy, difícilmente alguien intente tan siguiera desmentir que la Policía de Santa Fe es la principal institución responsable y beneficiaria del negocio del narcotráfico, uno de los primordiales circuitos de dinero con los que cuenta el sistema capitalista y que durante 2012 se llevó la vida de más de un centenar de jóvenes”, agregó.
Salinas no dejó de mencionar la “ausencia absoluta de políticas públicas dirigidas a la juventud que habita nuestras barriadas populares”, o a su “corrompida presencia encarnada en las fuerzas policiales”. También hizo referencia al estigma de violencia que hay en los barrios pobres donde “la pibada asiste a la encrucijada de constituir una identidad moldeada por la violencia, amasada al calor de los residuos del negocio narco y sus letales consecuencias”, pero también su otra cara, los cientos de jóvenes que al igual que Jere, Mono y Patom encuentran en la “organización comunitaria un espacio donde proyectar un futuro menos hostil, más digno y esperanzador”.
Un árbol en el bosque
“Hubo un dibujo del caso que conmovió a nuestras familias. Un árbol dentro de un gran bosque detrás del cual se empezaron a descubrir muchas cosas que hoy por hoy hacen a la investigación, como jefes de la Policía involucrados. Si la muerte de nuestros hijos ha servido para que todo lo oculto que está detrás del negocio de la seguridad se pueda dilucidar, más allá de que los lloramos, esperamos que a la larga esta experiencia traiga algún bienestar y apelamos a que no haya más muertes”, dijo Eduardo Trasante, el papá de Jere. “No ha sido un año fácil”, agregó tras manifestar su conformidad con la investigación judicial que llevaron adelante el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola y la fiscal Nora Marull, por la que hay cinco personas detenidas y procesadas: el Quemado Rodríguez, Daniel Teletubi Delgado, Brian Pescadito Sprio, Damiancito Romero y Mauricio Palavecino. “Más allá de que (los acusados) dicen que no son responsables, sobran elementos para bajar sentencia con lo declarado por el juez, que junto a la fiscal han trabajando arduamente para esclarecer la situación. Ahora hay que esperar los tiempos propios de la Justicia, estamos expectantes de que Dios nos va a hacer justicia en esta caminata”.
La figura del ajuste de cuentas
El diputado kirchnerista Eduardo Toniolli, quien preside la Comisión Investigadora de la Cámara baja, dijo que los resultados de la pesquisa paralela confirmaron la hipótesis original sobre “el ordenador en la seguidilla de ataques” que terminaron con el triple crimen de Villa Moreno y “el intento de encubrimiento posterior que contó con la connivencia de algunos sectores de la fuerza de seguridad”. Así se refirió al procesamiento de tres uniformados, uno –Lisandro Martín– por omitir el ingreso de Maxi Rodríguez al Heca y otros dos (el ex inspector de zona Eduardo Carrillo y su secretario Claudio Centurión) por el cruce de llamadas con el Quemado en las horas posteriores al triple crimen. Sin embargo, lamentó que altos jefes hayan quedado desvinculados de la causa. “A pesar de que la Justicia no procesó al entonces jefe de la UR II, Néstor Arizmendi, y al ex comisario de la seccional 15ª, Abel Santana, para la Comisión Investigadora sí quedó claro que muchos de sus planteos fueron bastantes confusos y contradictorios”, dijo el presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de Diputados. Por último, Toniolli resaltó el “cuestionamiento del abuso de la figura del ajuste de cuentas que, más que explicar, vela una situación del uso de la venganza privada o de la justicia por mano propia, lo que termina siendo un mecanismo que le resta control social a los organismos del Estado encargados de brindar seguridad o justicia”.
Lo que nunca se investiga
Para el periodista y odirigente político Carlos del Frade, uno de los integrantes de la Comisión Investigadora Independiente, lo que demostró “el expediente es que el triple crimen lo cometió una banda vinculada al negocio del narcotráfico de zona sur con apoyo de comisarías, subcomisarías y el Comando Radioeléctrico, que además contaba con nexos muy fuertes con Los Monos”, la banda sindicada de manejar la organización narco más grande de la ciudad. Para Del Frade, la causa también demostró cómo la movilización del Frente Popular Darío Santillán permitió que se llegue a tanto, aunque resaltó que hay una historia de la que no va a dar cuenta nunca la investigación: el origen del dinero de las organizaciones como las del Quemado. “La interpelación al ministro de Seguridad Lamberto duró ocho horas y no hubo ni una sola pregunta sobre cómo se investiga el origen y destino del dinero del narcotráfico”, lamentó. En cuanto a la investigación de la Cámara de Diputados, Del Frade dijo que “repitió el corralito ideológico que había puesto el juez de Instrucción Luis María Caterina (el primero que tuvo a cargo la investigación) de hacer creer que hay una ausencia del Estado, cuando en realidad hay una presencia corrupta”. En ese sentido destacó el buen trabajo del juez Donnola, quien instó a “no resignarse a la violencia costumbrista ni a la idea del ajuste de cuentas y entendió que la cuestión del narcotráfico es un submundo que está a la vista de todos aquellos que lo quieran ver”. Por último, Del Frade mencionó la importancia de seguir presionando a los tres poderes para que se investigue no sólo a la Policía sino también a la corrupción en los poderes Judicial, económico y a las complicidades en distintos nichos del poder político”. (El Ciudadano)