Indagarán a juez, abogados y un martillero por el presunto fraude en el Banco Municipal
El fiscal Carlos Covani, quien investiga los sospechosos embargos en perjuicio de depósitos judiciales que estaban inmovilizados en el Banco Municipal, informó ayer que pidió la declaración indagatoria –con carácter de imputados– de seis personas cuyas identidades evitó precisar pero que, trascendió, se trata del titular y el secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial 17ª, Alejandro Martín y Ricardo Lavaca, ambos ya separados de sus cargos por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, más tres abogados del fuero civil y un martillero presuntamente involucrados. En el caso de Martín, por ser juez tiene fueros, lo que implica que si es convocado a indagatoria, puede someterse voluntariamente. De lo contrario, deberá intervenir el Poder Legislativo para desaforarlo.
Las maniobras, detectadas y denunciadas ante la Justicia por la propia entidad financiera local el mes pasado, abarcan un monto de más de un millón de pesos y fueron realizadas a lo largo de dos años, entre mediados de 2010 y 2012. Sin embargo, surgió un dato sorpresivo: en los días en que se puso sobre aviso respecto de esos movimientos irregulares hubo una “devolución” de más de la mitad del dinero extraído de las 56 cuentas abiertas originalmente en el Nuevo Banco de Santa Fe, pero transferidas luego a la entidad rosarina tras un convenio que la hizo depositaria de las mismas.
Los investigadores presumen que, además del magistrado, los abogados y el martillero, hubo al menos un informante de alguno de los dos bancos, quien se supone proveyó los datos de las cuentas que hacía rato permanecían inactivas para que según esta hipótesis se armaran las causas que permitieran retirar de ellas el dinero.
Lo que detectó el Banco Municipal como sospechoso y denunció penalmente el mes pasado fue la serie de extracciones de los 56 depósitos judiciales, que son los que se abren ante un expediente y bajo el nombre del mismo para inmovilizar dinero de una de las partes hasta que haya una resolución de la controversia. Lo extraño es que todos esos movimientos remiten a un mismo juzgado, el 17, e involucraban apenas a tres abogados y un martillero. Uno de los letrados, trascendió, intervino en una sola de las maniobras ilegales, y el resto en todas.
Fuentes judiciales informaron que en los allanamientos realizados el miércoles último en el juzgado que conducía Martín se secuestró, entre otra documentación, un pagaré “fundante” de cinco causas que en conjunto involucran a las 56 cuentas abiertas por otros despachos y vaciadas a través de embargos que llevan una misma firma: la del magistrado ahora desplazado. Y los mismos “beneficiarios”: los tres letrados citados a indagatoria.
La investigación, tras la denuncia del Banco Municipal que la propia Corte ordenó investigar, quedó a cargo del fiscal Covani y de la jueza de Instrucción 12ª, Mónica Lamperti.
De los datos de la pesquisa surge a su vez una curiosidad: hubo devoluciones de parte del dinero extraído que se materializaron entre octubre y noviembre último –alrededor de la fecha en la que el banco hizo la denuncia– por un valor total de 548 mil pesos. Y allí aparecen como depositantes dos de los tres abogados comprometidos. El monto total de los embargos bajo la lupa, en tanto, asciende a un millón 50 mil pesos.
Detecta y denuncia
El Banco Municipal de Rosario actúa como depositario de fondos de los Tribunales de Rosario desde hace dos años, cuando pasó a administrar esos fondos como consecuencia de la privatización del Banco de Santa Fe, ocurrida a mediados de la década del 90. Pero esos fondos, fruto de causas judiciales abiertas por diferentes motivos –remates, cuotas alimentarias, embargos, entre otras– sólo pueden moverse a pedido de los magistrados.
La subgerenta general del Banco Municipal, Ana Bonopaladino, aclaró que la entidad no resultó perjudicada por la maniobra denunciada, ni es querellante en el caso. Sólo detectó los movimientos extraños y los denunció, un hecho con todo tan inédito como la separación de sus cargos del juez Martín y el secretario Lavaca que ordenó el máximo tribunal santafesino. (El Ciudadano)
