Un fantasma asusta al kirchnerismo: que el 7-D no cambie nada
Dentro del gobierno de Cristina Kirchner cunde cierta desesperación. Cada vez más voces agitan el fantasma de que el 7-D sea un fracaso político.
La Presidenta se notificó de que es muy probable que la Justicia renueve la medida cautelar que cae el 7 de diciembre y que beneficia al Grupo Clarín para que no se apliquen los artículos de la ley de medios audiovisuales que lo obligaría a reducir sus licencias.
Si el multimedio obtuviera la ampliación de la cautelar, el Estado no podría «actuar de oficio» para «hacer cumplir la ley»: pese a sus advertencias, ese mismo 7-D no podrá concursar las licencias excedidas del cupo que fija la ley para cederlas a otros dueños, reconocieron a LA NACION altas fuentes del Gobierno. Hacerlo sería desobedecer a los jueces y enfrentar una situación de extrema polémica.
«Esto podría ser un fuerte fracaso político. Es posible el 7-D sea un día como cualquier otro», dijo a LA NACION un allegado a la jefa del Estado, que descansa en El Calafate.
Cristina Kirchner le prometió a su entorno, hace días, «llevarse puesto a Clarín el 7-D». Aunque no se resignan, a los kirchneristas les gana la ansiedad en el mes previo.
El Grupo Clarín pidió hace semanas ampliar la cautelar que caerá el 7 de diciembre próximo, según dispuso la Corte Suprema de Justicia. Pero el juez de primera instancia rechazó el pedido y el grupo apeló ante la Cámara Civil y Comercial, que lo estudia.
Por eso el Gobierno comenzó a denunciar y a recusar camaristas -en los que desconfía- con diversos pretextos, para frenar esa ampliación.
El 7 de diciembre debería vencerse la medida cautelar. De todos modos, ante una apelación de cualquiera de las partes, la Cámara podría conceder la ampliación: en su fallo del 22 de mayo pasado la Corte Suprema estableció que es un derecho del demandante hasta que haya sentencia. Esto lo sabe la jefa del Estado.
En ese caso, el Gobierno no podría controlar las licencias de Clarín y culparía a la Justicia de ser «un poder que obstruye a otro poder» y producir así un «conflicto de poderes».
Se configuraría así la «gravedad institucional» para exigir a la Corte que tome el caso, y lo apure, con un recurso de per saltum. «Jugamos todas las fichas al per saltum», dicen en Balcarce 50.
Esos argumentos fueron usados ayer por el ministro de Justicia, Julio Alak, en la conferencia de prensa en que anunció nuevas denuncias contra un juez de la Cámara Civil y Comercial.
Así las cosas, para desmembrar a Clarín, con la ley en la mano, la Presidenta necesitaría una de dos alternativas: o un fallo firme, en tiempo récord, que ratifique la constitucionalidad de la ley, o hacer caer la medida cautelar y concursar las licencias. Trabajará en ambas direcciones.
Para eso, la Presidenta ordenó actuar en dos frentes a Alak y al jefe del Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
Para trabar la extensión de la cautelar en la Cámara, arremetieron con denuncias y recusaciones a los camaristas. El Estado se apoderaría así de sus licencias. Ésa es una pata del plan.
La otra alternativa: un fallo en firme que convalide la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la ley. Ello obligaría a Clarín a reducir sus licencias en un año.
Ese fallo definitivo sólo podría salir de la Corte. Por ello apenas se sancione la ley de per saltum, el 14 del actual, el Gobierno presentará ese recurso ante la Corte para saltear a la Cámara y que tome el caso con celeridad por «la gravedad institucional».
Pero el fallo del máximo tribunal difícilmente saldría antes del 7 de diciembre, como quiere el Gobierno, sino que como mínimo se podría conocer después del verano, creen en la Casa Rosada. Y mientras tanto es muy probable que vuelva a regir una cautelar que proteja a Clarín. Ése sería el peor escenario para el Gobierno. Al menos en el corto plazo.
El juez Gusman se excusó
Por un error, en la edición de LA NACION del miércoles pasado, en la página 5, se consignó que el Gobierno, cuando la semana última recusó en el caso Grupo Clarín al camarista Francisco de las Carreras , curiosamente no había recusado al juez Alfredo Gusman. En rigor, Gusman, uno de los integrantes de la Sala II del tribunal, se había excusado él mismo de intervenir en ese caso y negó a LA NACION tener vinculación con el kirchnerismo..(La Nación)
