Nuevas críticas a Gils Carbó por la sanción al fiscal de la ex Ciccone
Dos asociaciones de fiscales cuestionaron la medida disciplinaria de la procuradora general contra Carlos Rívolo. Antes, la entidad que aglutina a los magistrados y funcionarios judiciales había mostrado su «preocupación»
La Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la República Argentina (AFFUN) y la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) manifestaron su rechazo a la sanción implementada por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, contra el fiscal Carlos Rívolo, quien investigó al vicepresidente Amado Boudou por el caso de la ex Ciccone hasta que la causa se derivó en otro magistrado.
En un comunicado, la AFFUN expresó su apoyo a Rívolo y presentó una nota en la Procuración solicitándole a Gils Carbó la revisión de la medida. La entidad «rechazó enfáticamente» el sumario confeccionado en su contra y solicitó que se revea y revoque la remisión a una instancia disciplinaria” por “entender que no ha existido ninguna responsabilidad de su parte al cobrar la suma que reclamara por la labor que desarrolla en el juicio oral que se conoce como la causa LAPA».
Alejandra Gils Carbó inició el procedimiento contra Rívolo por considerar que percibe un plus salarial que cobró indebidamente, y le exige devolver la suma de dinero ($97.940,79). El fiscal recibió la remuneración por haber colaborado durante el juicio oral por la tragedia del avión de LAPA en la que murieron 65 personas en 1999.
En sintonía con la Affun, la AFF se expresó en otro escrito manifestando su «preocupación», equiparando la sanción con «viejos procedimientos ‘disciplinarios’ impropios de un Estado de Derecho«.
Anteriormente, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, que es presidida por el juez Luis Cabral, también había manifestado su «preocupación» y reclamó que «no se utilicen vías disciplinarias como respuesta a reclamos que deben ser resueltos por vía administrativa o procesal si correspondiere».
El plus que Rívolo cobró había sido aprobado por el Procurador interino, Luis González Warcalde, aunque había sido denegado por su antecesor, Esteban Righi(Infobae)