Santa Fe tiene la tasa más alta en la industria del juicio laboral
En los ‘90 la ley de Riesgos del Trabajo intentó poner límites a la litigiosidad desmesurada, creando seguros para compensar derechos lesionados. Pero las fisuras legales del texto terminaron agravando el problema.
Santa Fe encabeza el ranking nacional de litigiosidad por accidentes o enfermedades laborales. Cada 10 mil trabajadores en actividad, hay en la provincia 232 reclamos; en el listado nacional le siguen Mendoza con 178 demandas y Córdoba con 173 expedientes iniciados, siempre sobre la misma cantidad de trabajadores en relación de dependencia.
Según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (Uart), entre enero de 2002 y junio de 2012, se iniciaron 255.000 juicios por demandas por accidentes del trabajo, enfermedades profesionales o accidentes in itinere, que es la cobertura extendida al tránsito fuera de horario, en el camino hacia y desde el lugar de trabajo.
La evolución que han tenido los juicios demuestra la dimensión del problema. En 2003, se presentaron casi 3.000 demandas judiciales en el país, en 2011 fueron más de 57.000 y se estima que cuando finalice este año, habrá otros 66.000 juicios en trámite.
En el informe de Uart se menciona que, hasta junio de este año, sobre el universo total de juicios, Capital Federal era la jurisdicción con más demandas, seguida por Santa Fe, provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.
Pero si ese dato se toma teniendo en cuenta la cantidad de juicios iniciados cada 10.000 trabajadores, el ranking lo encabeza la provincia de Santa Fe. A nivel país, el promedio de juicios esperados para 2012 es de 77 cada 10.000 trabajadores; si se excluye de ese análisis a los 5 principales distritos, el promedio desciende a 33 juicios.
La solución que sumó problemas
La ley 24557 (sancionada a fines de 1995) que creó las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo buscaba ordenar la prevención y dar cobertura por accidentes o enfermedades laborales, para terminar con la denominada “industria del juicio”; los empleadores quedaron desde entonces obligados a contratar el seguro, en tanto que los eventuales damnificados en accidentes o enfermedades no podían iniciar acciones civiles salvo que padezcan consecuencias de ilícitos.
Sin embargo la Corte Suprema declaró inconstitucional la clausura de la acción civil, por entender que la ley no podía inhibir un derecho consagrado, lo que dejó abierta la “doble vía”. Las cámaras empresarias se quejan desde entonces porque deben afrontar el costo del seguro obligatorio y al mismo tiempo el de los juicios y eventuales indemnizaciones, ya que los trabajadores o sus familiares, pueden reclamar judicialmente si no están conformes con la cobertura del seguro, tras un accidente o enfermedad profesional.
En la práctica, el fisurado marco legal abrió la puerta al retorno de la industria del juicio en el campo laboral, con el consiguiente crecimiento exponencial de las demandas judiciales desde 2003/2004 en adelante. (El Litoral)
