«La inspección extraordinaria y generada en la falta de controles debería ser gratuita»

A raíz de las acusaciones de irregularidades existentes en el Centro de Inspección Técnica Automotor (CITA), el concejal justicialista Diego Giuliano intentó esta semana que la investigación se profundice y el Secretario de Servicios Públicos informe sobre el funcionamiento de los talleres de inspección municipal y las denuncias de coimas.

«Cuando se habla de coimas para burlar controles, no solo estamos frente a posibles delitos sino, además, frente a una práctica que pone en riesgo la seguridad de los usuarios de los taxis y remises y, de los alumnos que utilizan los 266 vehículos destinados a transporte escolar. En los talleres sobre los que pesan las denuncias se controla la higiene, las condiciones mecánicas, la seguridad de los vehículos, la existencia de matafuegos y los neumáticos. Se trata de miles y miles de pasajeros, usuarios del servicio de taxis y alumnos, que diariamente confían en el transporte público y que se ven expuestos a cualquier riesgo por la ausencia o la deficiencia en el control de los vehículos», manifestó Giuliano.

«El Estado debe bregar por la seguridad de la ciudadanía como un deber primordial. Ante las acusaciones formuladas por el titular del sindicato de choferes y por el titular de la asociación de transportistas escolares, el Ejecutivo debería apelar al ámbito judicial para que se deslinden todo tipo de responsabilidades de tal forma que las acusaciones no recaigan sobre los buenos empleados que tiene el municipio y que la generalización no encubra a los verdaderos responsables.»

«La maniobra de que a algunos choferes se les exija la ordenanza completa y a otros sólo una parte y que los mismos taxistas y transportistas escolares expresen públicamente que los sobornan cada vez que realizan una inspección, creo que amerita que la Municipalidad investigue a fondo y que no tape el sol con las manos como sucedió esta semana, cuando bloquearon la posibilidad de que el Secretario de Servicios Públicos esclarezca en el Concejo las acusaciones recibidas sobre el taller de inspección. La secuencia fue la siguiente: a la mañana, «las denuncias eran poco serias», a la tarde el oficialismo se rehusaba a la presencia del responsable del área y a la noche, ante la gravedad de lo sucedido, el mismo Secretario de Servicios Públicos debió iniciar una investigación interna. Poco serio es minimizar el problema y después tener que reconocerlo», afirmó el presidente del bloque Encuentro por Rosario.

«El lugar donde debiera terminar esta cuestión es en la Justicia. Esto no impide que intervenga, a su vez, el Concejo. El Concejo es un órgano de control de la gestión municipal y debe intervenir, a pesar del bloqueo que hizo el oficialismo el jueves pasado. Es un retroceso institucional que los funcionarios no quieran rendir cuentas de lo que pasa en los talleres municipales. Ahora abrieron un registro de denuncias que depende de la propia municipalidad y una especie de autoinvestigación administrativa ¿Confiarán los usuarios en denunciar después de las represalias que ellos mismos constataron? ¿Pueden confiar en hacer denuncias en la misma municipalidad? Es notable que después de 20 años de gestión, los funcionarios recién adviertan semejante desaguisado.»

«Como siempre sucede y como ha venido sucediendo desde hace mucho, y pongo como ejemplo el Corralón Municipal, las acciones son siempre tardías. Intervienen sobre hechos consumados. ¿Qué pasó con el corralón? Borrón y cuenta nueva: se reemplazó al director de tránsito, se inició una investigación judicial, no se comunicaron los resultados y se terminó por decidir la compactación de miles de vehículos que pudieron haber sido afectados por las irregularidades. En este caso la Municipalidad, en un gesto de autocontrol tardío, trata de investigar las acusaciones recibidas canalizando las denuncias en el mismo sitio en las que se generaron. Esperemos también que, en un gesto de responsabilidad institucional, el ejecutivo comparezca ante la Justicia y dé a conocer la existencia o no de tales  delitos en el seno de su propio ámbito.»

«Primero, se trata de un reconocimiento de las irregularidades existentes y de la falta de controles previas. Segundo; deberíamos exigir de que no se les cobre a todos de nuevo la tasa de inspección. Faltaría que el Municipio salga a recaudar a partir de su propia torpeza. La inspección extraordinaria y generada en la falta de controles debería ser gratuita», concluyó el concejal Giuliano.