El kirchnerismo logró estatizar la ex Ciccone Calcográfica

Diputados aprobó el proyecto que convierte en ley «de utilidad pública» a la empresa vinculada a Boudou y de la cual se desconocen los dueños. La denuncia de traición a la Patria de Carrió.

En un debate que duró poco más de ocho horas, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana S.A. (ex Ciccone Calcográfica). El proyecto, que ya había obtenido media sanción en el Senado, fue aprobado con 145 votos a favor, 77 en contra y 5 abstenciones, sobre un total de 227 diputados presentes en una sesión presidida por la vicepresidenta primera del cuerpo, Norma Abdala de Matarazzo.

El texto de la polémica ley declara «de utilidad pública y sujeta a expropiación» a la empresa y ordena que los bienes a expropiar sean cotizados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, cuando aún no se conocen quiénes son sus verdaderos dueños. Luego, establece que la suma eventual de la estatización sea abonada con la deuda que CVS registre ante la AFIP. Una vez completado el proceso, los bienes y empleados de la ex Ciccone pasarán a ser controlados por la Casa de la Moneda, a cargo de Katya Dura.

El proyecto fue motivo de un intenso debate en el recinto entre el oficialismo, que respaldó la medida, y la oposición, que argumentó que la estatización responde a un intento del kirchnerismo por defender al vicepresidente Amado Boudou de las causas judiciales por las irregularidades en torno a la compañía.

En esa línea, el diputado Felipe Solá, de Unidad Peronista, acusó a Boudo de esconderse «como un cobarde» en el caso y sostuvo que en el escándalo están presentes «las huellas del vicepresidente de la República». Luego lo criticó porque su falta de explicaciones: «Lo que hubiera hecho cualquier hombre o mujer de bien sería haber dados las explicaciones pero, en cambio, hizo todo lo contrario, se escondió como un cobarde y parte de esta cámara que es oficialismo, ayuda a que ese cobarde siga escondido», dijo.

En la misma línea, Federico Pinedo, jefe del bloque del PRO, protagonizó un cruce de chicanas con la oficialista Diana Conti y cuestionó que el Estado tenga que «pagar con plata a los amigos del vicepresidente o al vicepresidente mismo». También acusó a Boudou por «mentir» cuando afirmó que «como ministro de Economía no había intervenido» en el proceso de ayuda de la empresa que se hizo cargo de Ciccone.

Elisa Carrió, diputada del CC-ARI, fue más allá y pidió la nulidad del decreto de intervención de la empresa que controlaba la imprenta, porque, según ella, «configura una maniobra para encubrir delitos» y sienta un «grave precedente» para «el apoderamiento de una empresa privada por intervención de un poder político del Estado».

Instantes después de la votación, la legisladora acusó al oficialismo y a los diputados que votaron a favor del proyecto de «traición a la Patria» y pidió la intervención del Fiscal penal de turno. Conti, por su parte, se ofreció a defender a los legisladores que serían imputados en un eventual proceso sin cobrar honorario alguno.

El radical Miguel Angel Giubergia negó la supuesta voluntad de la oposición de «voltear al vicepresidente de la Nación», aunque recordó que Boudou «tiene dictada la calidad de imputado en un expediente penal». Y coincidió con que la expropiación de la empresa «sirve para tapar las juellas del delito en el que el principal sospechoso en nada mas ni nada menos que el vicepresidente de la República».

«No sabemos cuáles son los activos, cuál es la valuación de esos activos», cuestionó por su parte Julián Obiglio, del PRO. Desde el mismo partido, Laura Alonso habló de «una operación de protección sobre la figura del vicepresidente» y confió en que «llegar a la verdad no es imposible, hay que tener paciencia y perseverar». «Hoy nos proponen debatir una expropiación aberrante que es una operación de protección sobre la figura del vicepresidente Boudou», remató.

«No es verdad que no se conoce a los dueños», de la ex Ciccone, comentó Margarita Stolbizer, de GEN, al ratificar el voto negativo de su bloque. «El problema es que sí se conoce quiénes son los dueños», agregó, sobre los vínculos con Boudou. Opinó que «no hay soberanía monetaria en juego» que justifique la estatización y concluyó con que «nada de lo que se haga o se diga va a cerrar si la presidenta y sus funcionarios siguen haciéndose ricos de la noche a la mañana en un país donde miles de personas luchan por su supervivencia».

Desde el oficialismo, Luis Cigogna defendió el proyecto que está «conforme a la Constitución y la legislación vigente» y tildó a los radicales de «inconsecuentes» e «hipócritas». «Lo que ayer era proteger la soberanía, hoy es el encubrimiento de un delito, ¿en qué quedamos muchachos?», preguntó. Lo respaldó el socialista Jorge Rivas, que argumentó que la ley representa «en definitiva, un paso más para hacia la profundización de nuestra autonomía».

Por último, el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, aseguró esta noche que el proyecto de expropiación de la ex Ciccone «es una decisión acertada y valorable» y anticipó que habrá «más seguridad y control» en la impresión de los billetes. «Lo que estamos haciendo con esta ley de expropiación es concentrar todas las herramientas que posibilitan la impresión de papel moneda en manos del Estado», defendió. (Perfil)