Para proteger a Boudou, acotan el debate y apuran la ley Ciccone
Rechazan los pedidos opositores para que los protagonistas del caso declaren en Diputados.
El oficialismo replicará en la Cámara de Diputados la estrategia de sus colegas del Senado para convertir en ley, el próximo miércoles, la expropiación de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica) : un trámite raudo, sin explicaciones por parte de funcionarios del Gobierno ni de los protagonistas de la polémica adquisición de la compañía, a los que la oposición exige escuchar.
Será una sesión con un final previsible, aunque no por ello tranquila. La oposición insistirá en denunciar que con esta expropiación el oficialismo pretende encubrir al vicepresidente Amado Boudou, imputado en una causa judicial por presunto tráfico de influencias para que supuestos allegados suyos se quedaran con Ciccone Calcográfica.
Asimismo, los diputados opositores machacarán con que no se sabe quiénes son los dueños de la empresa, lo que, a su juicio, atenta contra el proceso de expropiación.
Por todas estas razones, la oposición insistirá en citar a la Cámara baja a funcionarios y testigos de la causa que afecta a Boudou.
El diputado de Pro Julián Obiglio ya reclamó la presencia del juez comercial que entiende en la quiebra de Ciccone Calcográfica, Javier Cosentino. Los radicales, por otra parte, piden citar a funcionarios del Gobierno y a Alejandro Vandenbroele, el presidente de la nueva Ciccone , un hombre que es investigado como presunto testaferro de Boudou.
Sin embargo, la respuesta oficialista será terminante: «No vamos a acceder por considerar que los pedidos son impertinentes», ya anticipó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, que presidirá el plenario de las comisiones que el martes próximo emitirá el dictamen sobre el proyecto oficialista.»Frente a los reclamos de la oposición para citar funcionarios, nosotros les vamos a responder con la firma del dictamen. La oposición sólo quiere hacer un circo político con este asunto, no debatirlo seriamente», enfatizó a LA NACION el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi.
El trámite en la Cámara baja será aun más veloz que la del Senado, que se tomó dos semanas en darle media sanción. Los diputados oficialistas convirtirán el proyecto en ley en apenas 24 horas: una vez despachado el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación General, el oficialismo lo llevará al recinto al día siguiente en sesión especial. No se esperan dificultades para su aprobación; además de los votos propios y de sus aliados, el kirchnerismo sumará el apoyo del sector del Frente Amplio Progresista (FAP) que lidera el senador cordobés Luis Juez.
Pese a la tranquilidad que le ofrece semejante mayoría, el oficialismo se muestra incómodo; no exhibe la actitud eufórica que tuvo, por ejemplo, con la estatización de YPF, un hito histórico a los ojos kirchneristas.
En este caso, muy pocos oficialistas salieron públicamente a reivindicar la «soberanía monetaria» que implicará la expropiación de Ciccone , el eslogan que acuñó el gobierno de Cristina Kirchner para justificar la medida.
«Es que el escándalo está tan instalado que defender a Boudou es puro costo», admitió por lo bajo un encumbrado legislador kirchnerista.
La oposición aprovechará la situación para meter el dedo en la llaga.
El diputado Obiglio insistirá en citar al juez Cosentino. «La empresa Ciccone se encuentra en pleno concurso preventivo de acreedores, y hasta hace muy poco tiempo tenía su quiebra decretada. Es irracional pretender que los legisladores no contemos con la información judicial correspondiente que nos permita tomar una decisión que proteja los intereses del Estado, los derechos de los acreedores, y la independencia judicial», justificó el legislador.
La diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) apoyará el pedido y ya anticipó su voto negativo al proyecto del oficialismo. En ese mismo sentido, votarían los peronistas disidentes.
El radicalismo, que también rechazará la ley, insistirá en convocar a funcionarios, confirmó a LA NACION su jefe de bloque, Ricardo Gil Lavedra.
El diputado Miguel Giubergia pedirá la presencia del propio Boudou; de Vandenbroele y de Carlos Shneider, un jubilado que aparece como apoderado de la sociedad de The Old Fund, la controlante de la nueva Ciccone.
En tanto, el FAP solicitó informes sobre la situación patrimonial real de la empresa. Nuevamente, este grupo legislativo liderado por Hermes Binner votará dividido: el socialismo y GEN rechazarán la expropiación, al igual que Victoria Donda (Libres del Sur), mientras que los juecistas la apoyarán. El bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano, se abstendrá.
«Estamos de acuerdo con que el Estado esté a cargo de la emisión de billetes, pero esta ley lo único que garantiza es impunidad para el vicepresidente», asestó Gerardo Milman (GEN).
(La Nacion)
