Córdoba abandonó el Pacto Fiscal y redobla su embestida contra la Nación
La Legislatura cordobesa aprobó esta noche un proyecto de ley impulsado por el gobernador José Manual de la Sota para abandonar el Pacto Fiscal, rubricado hace 20 años entre la Nación y las provincias, y redoblar así la embestida del distrito contra la Casa Rosada por fondos adeudados.
Con la aprobación legislativa, la Gobernación cordobesa podrá «denunciar» ese acuerdo, lo que en la práctica significa que da por extinguida la vigencia del pacto, y avanzar entonces con paso firme en su reclamo de fondos de coparticipación federal que el Estado nacional adeuda a la Provincia.
«Primero, notificaremos a todas las jurisdicciones que Córdoba denuncia el Pacto Fiscal; segundo, intimaremos a la Nación; y tercero, recurriremos a la Corte Suprema», aseguró el jefe de Gabinete provincial, Oscar González, en momentos en los que la Legislatura se aprestaba a tratar el proyecto, con la presencia de De la Sota en el recinto.
Así, Córdoba busca que la Nación deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación, que esta provincia y el resto cedieron en 1992 para sostener el sistema previsional nacional, ante el desfinanciamiento que sufrió a raíz de la creación de las ex AFJP.
Si bien en 2008 el sistema previsional volvió a manos del Estado nacional, ese 15 por ciento no regresó a las provincias.
La decisión del Gobierno mediterráneo de avanzar con su reclamo en torno de la coparticipación se produce en momentos en los que la Provincia demanda al Estado nacional el pago de 1.040 millones de pesos en concepto de fondos adeudados a la Caja de Jubilaciones del distrito.
Este miércoles, la Procuración General de la Nación, mediante un dictamen, avaló que sea la Corte Suprema de Justicia la que se encargue de resolver el litigio por los fondos de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS).
La iniciativa del Gobierno cordobés para recuperar ese 15% de coparticipación, que daría oxígeno al sistema previsional de la provincia, fue incluso respaldada por sectores de la oposición, aunque no por el kirchnerismo, que entiende que la medida aleja aun más al distrito de la Casa Rosada.
Es más, recientemente agrupaciones K acusaron a De la Sota de llevar adelante una «gestión temeraria de las finanzas».
De todos modos, los legisladores que sí dieron su bendición al proyecto que el mismo gobernador envió al Parlamento local consideran que esta ley es necesaria para reclamar ante la Corte Suprema de la Nación los «recursos que le pertenecen» a la provincia. (Cadena 3)
