Amado Boudou fue imputado por enriquecimiento ilícito
El fiscal Di Lello pidió que se investigue al vicepresidente, a su novia Agustina Kampfer, a su socio José Nuñez Carmona y a Alejandro Vandenbroele, tras la denuncia del periodista Christian Sanz.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó ayer al vicepresidente Amado Boudou, a su socio y amigo José María Nuñez Carmona, a su novia Agustina Kampfer y al titular de la imprenta ex Ciccone Calcográfica, Alejandro Vandenbroele, por presunto enriquecimiento ilícito.
Fuentes judiciales informaron que la decisión la tomó el fiscal en una causa en la que el vicepresidente fue denunciado por el periodista Christian Sanz, bajo el patrocinio del abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten.
La causa es independiente de la ex Ciccone, pero el fiscal requirió la apertura de la investigación contra todos los que fueron involucrados en aquel expediente y ahora queda en manos del juez Ariel Lijo la decisión de avanzar o no con este sumario.
Las vinculaciones entre ambas causas no se agotan allí, ya que el fiscal es el mismo a quien le recaería la investigación del caso Ciccone en caso de que sea apartado Carlos Rívolo y el juez interviniente en sendas investigaciones es Lijo.
En su requerimiento, el fiscal le pidió al juez que se investigue a “las personas y empresas mencionadas” en la denuncia de Sanz, las cuales “podrían estar involucrados como accionistas y o integrantes de distintas sociedades”.
Se trata de Fuerza Laboral, Braver Cheek, Embarcaciones Argentinas e Inversiones Inmobiliarias Aspen, The Old Fun, Ruta Sur Rentals, Sufargen, Nuevo Federal, La Isleña, Habitat Natural, Embarcaciones Argentinas, Danlon, Compañía de Valores Sudamericana SA (continuadora de Ciccone Calcográfica) y London Supply SA.
El fiscal tuvo en cuenta que el denunciante nunca se presentó a ratificar su acusación, realizada el 6 de marzo, pero señaló que “se verificó la existencia de numerosas y mediáticas y mediatizadas causas en trámite, más de diez con contenido patrimonial en contra de los denunciantes cuya trascendencia institucional” obliga a “impulsar la investigación”.
Di Lello requirió la investigación basándose en el artículo 5 del Código Procesal Penal, que prevé que “la acción penal pública se ejercerá por el Ministerio Fiscal, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada”.
Entre las medidas que sugirió al juez, el fiscal pidió que se libren oficios a entidades bancarias para conocer los ingresos de los imputados y también a otros organismos con el fin de obtener sus declaraciones juradas.
Por último, el fiscal pidió que se notifique a las personas denunciadas para que tomen conocimiento de la imputación que formuló y de alguna manera ejerzan su derecho de defensa y “contralor efectivo del debido proceso”.
En su denuncia, Sánchez Kalbermatten recordó que varios diarios sindican a Boudou como “partícipe de sospechosas operaciones incompatibles con su función de servidor del pueblo, que lo incriminarían en un surtido de delitos que están siendo investigados por la Justicia federal, sino también que lo llevarían a suponer el enriquecimiento ilícito”.
En ese sentido, aseguró que al vicepresidente se le atribuye la compra en Pinamar de terrenos en un exclusivo barrio privado llamado Costa Esmeralda; de tener participación en varias sociedades, entre ellas, en Compañía de Valores Sudamericana SA (continuadora de Ciccone), y cuentas abiertas en los bancos Nación, Francés y Citibank.
Ahora, las medidas solicitadas por el fiscal serán evaluadas por Lijo, el mismo juez que investiga la venta de Ciccone en la cual se sospecha que Boudou tuvo alguna injerencia para que fuese adquirida por Vandenbroele.
En lo inmediato, el juez Lijo debe determinar si acepta una recusación en esa causa contra el fiscal Carlos Rívolo, la cual fue solicitada por el empresario Nuñez Carmona.
