El Ejecutivo multó y le quitó beneficios fiscales al mayor productor de yerba
El ingenio Las Marías fue penalizado con más de $77.000 y perdió beneficios de promoción industrial porque no cumplió con compromisos de inversión asumidos hace catorce años.
La sanción recayó pocos días después de que el mercado yerbatero se encaminara a la normalidad con el reabastecimiento de las góndolas, que habían quedado casi vacías en todo el país, y el retroceso de los precios hasta $20 promedio por kilo al consumidor.
La especulación comercial empujó a un desabastecimiento de yerba mate sin precedentes en todo el país y los actores de la cadena se culparon entre sí, hasta que el Gobierno los amenazó con duras sanciones y con abrir la importación del producto.
Las Marías, propiedad del ex gobernador de facto Adolfo Navajas Artaza, es el líder mundial en la producción y comercialización de yerba mate con marcas como Taragüí y Unión, y en el país cubre 90% del mercado y 60% de infusiones derivadas.
El Gobierno comunicó que la sanción fue decidida porque la empresa no cumplió con un compromiso de inversión por más de un millón de pesos, la ampliación de su plantilla de trabajadores registrados y la optimización de su sistema productivo.
Para aplicar la multa, la administración nacional emitió el Decreto 664/2012 publicado en el Boletín Oficial con las firmas de la presidente Cristina Kirchner; el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
En 1998, el entonces presidente Carlos Menem había beneficiado al establecimiento yerbatero con un decreto por el cual se le otorgaron los beneficios de la Promoción No Industrial a cambio de que erradicara «600 hectáreas de plantaciones propias de yerba mate de baja densidad y productividad» y las reemplazara por 200 hectáreas «de plantaciones clonales superiores de yerba mate» en un establecimiento del departamento correntino de Santo Tomé.
Por ese beneficio, la firma se comprometía a invertir casi un millón, a aumentar el número de empleados y a poner en funcionamiento la nueva explotación hacia fines de 2003, fecha que fue modificada en dos oportunidades mediante resoluciones del gobierno de Corrientes y diferida a diciembre de 2005.
Pero desde 2008, la AFIP reclamó por presuntos incumplimientos de los compromisos e incluso por la falta de presentación de declaraciones juradas, según informó el portal MisionesOnline.com.
Después de varias consultas, la AFIP admitió que las declaraciones juradas fueron presentadas en tiempo y forma, pero consideró inválidas las resoluciones provinciales que permitieron diferir la puesta en marcha del emprendimiento y le achacó a la firma haber incumplido con el compromiso de contratar nuevo personal hasta 2006. (Infobae)
