Aeberhard: “El gobierno provincial tuvo que reconocer que teníamos razón”

La Administración Provincial de impuestos resolvió dejar sin efecto el decreto 200/12 mediante el que se aumentó la alícuota de Ingresos Brutos. Sobre el hecho, la titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda comentó “sería muy bueno que algunos funcionarios dieran un paso al costado por su propia voluntad luego de semejante ataque a la institucionalidad de la provincia».

Por resolución general (API) Nº 05/12  y por haber sido anteriormente observado por el Tribunal de Cuentas de la provincia, se dejó sin efecto el incremento de la alícuota de Ingresos Brutos aumentada por el Decreto 200/12 del gobierno provincial en enero pasado.

En tal sentido, la diputada del bloque 100% Santafesino – sector que se expidió con firmeza sobre el hecho-  manifestó su satisfacción por esta decisión y dijo que esto “es un triunfo de la Constitución” y no descartó “pedir explicaciones al ejecutivo provincial: «alguien se tiene que hacer responsable”.

 

Consultada acerca del tema la legisladora expresó que «siempre sostuvimos la inconstitucionalidad de la medida, y nos mantuvimos firmes a pesar de que se levantaron voces en nuestra contra. Por eso, el 8 de marzo, el diputado Germán Kahlow, presidente de nuestro bloque, ingresó un proyecto de ley para que se declare nulo de nulidad absoluta dicho decreto”.

“Días más tarde, recibimos la noticia de que el Tribunal de Cuentas Provincial lo había observado, y ahora la resolución del titular de la Administración Provincial de Impuestos que dejó sin efecto este aumento definitivamente nos dio la razón» continuó la legisladora capitalina.

Contundente, Aeberhard declaró que «por esto, el gobernador debería pedir alguna renuncia. Esta resolución deja sin efecto al Decreto 200/12 desde su dictado y dada la naturaleza de la observación, nunca se pudo establecer la alícuota  del 3,8% y 4,2% que se establecía”.

“En consecuencia los pagos realizados son sin causa y la administración provincial debería devolver de manera inmediata esos montos, y si esto no ocurre la provincia podría tener en poco tiempo reclamos en su contra, lo que obviamente va a terminar perjudicándonos a todos los santafesinos» aseguró la diputada. Y ejemplificó que «aquellos comerciantes que hayan pagado con aumento seguramente podrán pedir que se le imputen a nuevas liquidaciones pero lo que nos preocupa es la gente común, el consumidor, que queda  absolutamente indefenso ya que ha pagado durante estos meses el aumento en los productos y nadie les va a devolver lo que pagaron de más.»

Para finalizar, la diputada de 100% Santafesino expresó  «este es un triunfo de los principios republicanos de nuestra Constitución, de la correcta actuación del Tribunal de Cuentas como organismo de control, y de todas las instituciones vinculadas a la producción  y a la actividad económica de la provincia, que encontraron en nuestro espacio una manera de hacer escuchar su voz».

Además expresó que «quienes motivaron infundadamente un decreto que generó un nivel de incertidumbre impositiva elevado y un daño irreparable a los consumidores comunes debería ser demandado personalmente por mala praxis fiscal»,  aunque según ella «sería muy bueno que algunos funcionarios dieran un paso al costado por su propia voluntad luego de semejante ataque a la institucionalidad de la provincia».

La Resolución de la API

El  pasado 25 de abril, la Administración Provincial de Impuestos emitió el expediente N° 13301-0220351-1. En el mismo se determinó que el Poder Ejecutivo Provincial no ha procedido a la insistencia en el cumplimiento del Decreto N° 200/2012 y por lo tanto se procede dejar sin efecto la Resolución General N° 003/12, dictada en correlación con el citado decreto.

Ante este postulado, le legisladora remarcó que “esta es la demostración palmaria del reconocimiento de  que la administración del gobernador Antonio Bonfatti había actuado fuera de sus facultades legales, creando impuestos sin ley y faltándole el respeto a la institucionalidad de la provincia y al principio de legalidad tributaria”.