Piden informes referidos al manejo de fondos del gobierno provincial

La Cámara de Diputados votó favorablemente dos pedidos de informes referidos al manejo de fondos del gobierno provincial y fijó preferencia para otras dos iniciativas que también refieren a dineros públicos, advirtiéndose que es información imprescindible para discutir cualquier eventual reforma tributaria de la que mucho se habla públicamente, pero que hasta el momento no ha sido plasmado en proyecto legislativo alguno.

Los dos proyectos ya votados fueron impulsados por el justicialista Mario Lacava, autor también de una de las iniciativas que tiene preferencia para la próxima sesión. La restante es impulsada por Alejandra Vucasovich, una justicialista que integra la Unión Pro Federal.

Entre lo votado, el Poder Ejecutivo deberá responder en un expediente sobre el monto transferido por el gobierno nacional en concepto de Fondo Solidario Federal (Fondo Soja) durante el año último; saldo no invertido por dicho fondo en el 2010 y las obras financiadas con esos recursos en 2011.

El otro proyecto votado refiere a aspectos del funcionamiento del nuevo concesionario de la autopista Santa Fe-Rosario (Arssa) especialmente las obras realizadas, nivel de inversión y la contratación de la obra del distribuidor de tránsito liviano a la altura de San Lorenzo.

“Cuando la nueva concesionaria se hizo cargo de la autopista en enero de 2011, la tarifa de peaje se incrementó de 3,60 a 12 pesos en el tramo Rosario-Santa Fe. En aquella ocasión fuimos testigos de una gran campaña publicitaria para justificar tremendo incremento. Se prometía una autopista inteligente, moderna, un corredor biológico; comprometiéndose a realizar una inversión en diez años de 800 millones de pesos que equivalían a lo que costaban las obras para hacer una autopista de calidad”, recordó Lacava.

Según el legislador para cumplir el objetivo “se debía invertir un promedio de 80 millones de pesos anuales, lo que a este ritmo parece imposible ya que se puede corroborar que la inversión ha sido mínima y sólo de obras de mantenimiento de la calzada y otras de menor envergadura”.

Ante ese cuadro, la Cámara pidió conocer la información acerca de los recursos obtenidos por la empresa y lo depositado en el Fondo de Obras que serviría para financiar los grandes emprendimientos. “Vamos a exigir al gobierno que haga cumplir el contrato de concesión y que cumpla con la conformación del fondo de obras porque hay un peaje caro que no brinda un servicio satisfactorio”. Cabe señalar que el Fondo de Obras se integra con parte del peaje, el canon de la concesión, el alquiler de las dos estaciones de servicio del corredor y aportes del Tesoro provincial.

Lo que viene

En cuanto a los proyectos enviados a comisión con tratamiento preferencial, uno de ellos, también de Lacava, apunta a que se detalle el esquema ahorro inversión financiamiento correspondiente al ejercicio 2011 de todas las fuentes de financiamiento y rentas generales tanto de la Administración Provincial y por separado de la administración central, organismos descentralizados e instituciones de seguridad social.

En tanto, Vucasovich presentó un pedido donde solicita que el Ministerio de Economía precise el monto de las partidas emitidas por Impuesto Inmobiliario entre 2003 y 2006 y entre 2007 y 2009; gestiones de cobro por mora en los mismos períodos y los índices de incobrabilidad que se hayan registrado.

En el recinto, afirmó que “según han detectado nuestros equipos técnicos tomando liquidaciones aleatorias de departamentos del sur de la provincia y proyectando esa muestra sobre toda la base de emisión, y teniendo en cuenta un 10% de contribuyentes que no han pagado dicho tributo entre 2003 y 2006, el gobierno provincial y la API habrían dejado prescribir una suma varias veces millonaria en cuatro años, lo que hubiese sido de extrema importancia ante el preocupante cuadro financiero que presenta al día de hoy el Estado santafesino”‘.

Señaló que “de acuerdo con esa misma información, a contribuyentes de los departamentos Rosario, General López y Caseros no se le han reclamado partidas pendientes y ya prescriptas por montos que van de los 1.000 a los 200.000 pesos cada uno, y es por ello que resulta imprescindible conocer cuál es el monto total de partidas que no han sido reclamadas en tiempo y forma, el que según nuestros cálculos sería de un valor muy importante. Es incongruente que no se recaude con eficiencia lo que la ley vigente habilita a la API y simultáneamente se anuncien proyectos de aumentos impositivos y toma de créditos externos para hacer frente al pago de sueldos y jubilaciones”.

Seguridad

La Cámara de Diputados pidió al Poder Ejecutivo la urgente reglamentación de la ley 13.121 que crea el Consejo Provincial por la Seguridad. A instancias de Oscar Urruty (PPS), acotó que dicha reglamentación “deberá garantizar la pluralidad de participación, tal como lo indica el artículo 7, porque en dicho Consejo será necesario dar participación a la ciudadanía para trabajar en forma mancomunada con las autoridades provinciales y municipales para disminuir el flagelo de la inseguridad que no deja de preocuparnos día a día, siendo uno de los principales reclamos que la sociedad le realiza al poder político”. (El Litoral)