Polémica por ley que habilita la explotación de las islas del Paraná
Hábitat & Desarrollo sostiene que la controvertida norma entrerriana -que establece un nuevo sistema de explotación en el Delta- atenta contra la sustentabilidad. Para la Fundación Proteger, es contraria a un acuerdo de conservación ambiental preexistente.
Nueva polémica ambiental en ciernes. La ley sancionada recientemente en Entre Ríos que establece un nuevo sistema para la explotación de unas 200 mil hectáreas de lotes públicos en humedales que componen el Delta del Paraná, sigue despertando voces críticas. Desde la Fundación local Hábitat & Desarrollo -que tiene a su cuidado la reserva ecológica de la UNL- se rechazó la norma por considerar que “atenta contra el concepto de sustentabilidad ambiental” y que “afectará significativamente la biodiversidad” de la zona.
A su vez, desde la Fundación ambientalista Proteger, se advirtió que la ley de la vecina provincia “va en contra de acuerdo sobre conservación medioambiental de la zona de islas preexistente, que fuera asumido entre las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires en 2008”. Y que, además, “compromete a futuro” el valioso capital ambiental que representan los humedales del Delta.
El antecedente inmediato de esta controversia interprovincial se remonta a pocos días atrás, cuando el secretario de Medio Ambiente de la provincia, César Mackler, elevó una nota a su par de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi, para dejar de manifiesto la preocupación de Santa Fe sobre la ley Nº 10.092, sancionada en diciembre pasado por la Legislatura entrerriana, que modifica los regímenes del uso del suelo en islas que componen el Delta del Paraná.
Mackler requirió a Mussi que se garantice el cumplimiento del Programa Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná (Piecas DP), que en 2008 habían firmado Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. En otras palabras, Santa Fe pidió a Nación que exhorte a Entre Ríos a cumplir con los acuerdos ambientales vigentes.
La ley Nº 10.092 considera estas áreas naturales como “improductivas”, e insiste en la “necesidad de transformarlas”. Habla de “desarrollo, aprovechamiento agroindustrial y explotación comercial de las tierras fiscales”. establece la creación de una sociedad anónima que seleccionará los explotadores de los humedales de las islas a través de un concurso nacional. No fija pautas de protección ambiental, según pudo saberse.
Sustentabilidad
Para la Lic. Julieta Di Filippo, coordinadora de la Fundación Hábitat, “la norma entrerriana habla de tierras improductivas; pero hablamos de humedales, áreas naturales de gran importancia para el medioambiente y la biodiversidad. El argumento de improductividad no sirve: se puede explotar un recurso genuino haciéndolo sustentable. Una tierra productiva no es solamente aquella que está sembrada. Se puede hacer productivas estas tierras con el turismo sustentable”, afirmó en diálogo con El Litoral.
“El concepto de conservación implica la implementación de un sistema de gestión integrado por las variables de lo económicamente viable, y de lo política, social y ambientalmente sustentable. Sobre estas variables hay que encontrar un punto medio”, dijo, y amplió su concepto: “Si se prioriza lo económico, se convertirán en tierras productivas, pero van a decaer en lo social y a degradarse en lo ambiental. Entonces, lo que le falta a esta ley es respetar esas variables, y respetar la idea de ordenamiento territorial”, cuestionó.
“Una ruleta rusa”
El director general de la Fundación Proteger, Jorge Cappato, dejó sentada su posición sobre el tema: “En 2008 se dictó un acuerdo interjurisdiccional entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires (Piecas) reconociendo al Delta del Paraná como ecosistema compartido, y estableciendo parámetros para su conservación. El Piecas vino trabajando bien; pero esta nueva ley es contradictoria de los compromisos asumidos con dicho acuerdo”, dijo a este diario.
“Con esta norma estaremos comprometiendo una de las cosas más valiosas que es el capital natural. Capital que no se repone: ya muchos de los daños ambientales que viene padeciendo el Paraná son irreversibles. Están jugando a la ruleta rusa con el capital natural que tienen nuestras provincias”, fue su advertencia urgente.
“Sería muy importante -prosiguió- que no pase al olvido la lección del desastre que padeció el Delta en 2008, cuando por una actitud irresponsable de Entre Ríos se desató una ola de incendios que devastó más 200 mil ha. de pastizales y bosques naturales. Luego vino la ley de arrendamiento, también con consecuencias nefastas para el medio ambiente. Todo esto una señal de lo que ocurre cuando la legislación se dicta en forma irresponsable: esta ley va en contra del Piecas”, cerró Cappato. (El Litoral)
