El ministro Yauhar respaldó la Ley que limita la extranjerización de la tierra
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, señaló que «el país necesitaba contar con un instrumento legislativo que proteja este recurso natural», a pocas horas de la sanción en el Senado de la Ley que limita la extranjerización de la tierra.
«Era necesaria una legislación en torno a la tenencia de la tierra en manos extranjeras, ya que entendemos que el dominio de este recurso debe quedar garantizado a través de una ley que lo ordene, con plena injerencia del Estado», dijo Yauhar, en diálogo con el portal especializado ediciónrural.com El Senado aprobó anoche, y convirtió en ley, el proyecto que busca limitar la tenencia y adquisición de tierras por parte de extranjeros y que fue requerida por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante el discurso que pronunció ante la Asamblea Legislativa al asumir su segundo mandato.
Yauhar remarcó que «es fundamental tener una Ley que limite la tenencia y la adquisición de tierras por parte de extranjeros para el crecimiento del sector agroalimentario y agroindustrial argentino».
El texto fija en 15 por ciento la porción del territorio nacional permitido para que esté en posesión de manos extranjeras y fue aprobado en general por 62 votos a favor y uno en contra, del justicialista disidente por Salta, Juan Carlos Romero.
Según el texto, -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15 por ciento total no podrá haber más del 30 por ciento en manos de «personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad».
La iniciativa establece que las tierras en poder de extranjeros «no podrán superar las mil hectáreas o la superficie equivalente en la zona núcleo determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales».
El proyecto, en su artículo 11, advierte que se «atenderán los tratados bilaterales de inversión suscriptos por Argentina», vigentes a la entrada en vigor de la ley y que «no se entenderá como inversión la adquisición de tierras rurales por tratarse de un recurso natural no renovable».
A través de la iniciativa, en tanto, se crea un Registro Nacional de Tierras Rurales que realizará un relevamiento catastral y dominial y un Consejo Interministerial de Tierras Rurales.
La norma fija además excepciones para aquellos extranjeros «unidos en matrimonio con ciudadanos argentinos» o que «tengan más de 10 años de residencia permanente y probada» y establece estrictas prohibiciones para la venta de superficies que «contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua de envergadura y permanentes».
En el debate, la presidenta de la Comisión de Agricultura, la kirchnerista formoseña María Graciela De La Rosa, expresó que el proyecto «es una clara respuesta que da la Presidencia de la Nación en el marco de la situación global»; «es la primera vez que la Argentina toma esta actitud que tiene que ver con su soberanía», destacó.
El radical Gerardo Morales, de Jujuy, adhirió a la norma «que es un avance importante en regulación de esta materia»; «la frontera biotecnológica está ampliando la frontera productiva», sostuvo y rescató que con la sanción de este proyecto «no se produce una colisión con la Constitución».
Su correligionario, el chubutense Mario Cimadevilla sostuvo que la norma «no avanza en el tratamiento de la tierra poniéndola al servicio del hombre o como un bien estratégico»; «debería discutirse si se puede permitir que las sociedades anónimas sean propietarias de tierras», sugirió.
Mientras el representante de GEN, el bonaerense Jaime Linares, consideró que la iniciativa «es muy buena», la justicialista chubutense Graciela Di Perna reclamó «avanzar en una reforma agraria».
El socialista santafesino Rubén Giustiniani consideró que «ponerle límites a la venta de tierras a extranjeros es un paso adelante» y que «sería importante discutir una ley integral de uso y tenencia de la tierra».
El peronista disidente Carlos Reutemann, también representante de Santa Fe, destacó que el proyecto «debe ser considerado un gran avance» y dijo que el gobierno nacional no está superando las autonomías provinciales al promover la sanción de la ley. (Télam)
