A 20 años de la ley de cupo, la Argentina es el país con mayor representación de la región
La ley de cupo superó las expectativas de las propias impulsoras de la norma y Argentina se convirtió, a 20 años de su sanción, en el país con mayor representación femenina de la región y uno de los pocos del mundo donde la máxima autoridad ejecutiva es ejercida por una mujer.
La sanción de la ley de cupo, que estableció un piso mínimo del 30 por ciento de participación femenina en las listas electorales -aprobada el 6 de noviembre de 1991- convirtió a la Argentina en el primer país de América Latina en aplicar un sistema de cuotas para garantizar la participación de las mujeres en el Congreso.
A 20 años de su sanción, la presencia femenina en el Parlamento nacional superó notablemente esa cifra establecida por ley y actualmente el 38,5 por ciento de las bancas son ocupadas por mujeres, lo cual convierte al Congreso en uno de los que tiene mayor presencia del género en la región.
Según el informe «Género en Cifras: mujeres y hombres en la sociedad argentina» que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el ámbito del Congreso, los datos de 2009 indican que el Parlamento está entre las «cinco con mayor proporción de mujeres en el mundo, por delante de la mayoría de los países europeos».
A nivel ejecutivo, además de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, otras tres mujeres ocupan ministerios claves: el de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner; de Seguridad, Nilda Garré y de Industria, Débora Giorgi; así como dos gobernadoras: la de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y de Catamarca Lucía Corpacci.
En el orden provincial, la situación de la mujer refleja un escenario similar, ya que la participación femenina se incrementó e incluso llegan a ocupar el 15 por ciento de los ministerios y del 26 de las secretarías, según datos del 2010.
Antes de la vigencia de la reforma, impulsada por la entonces senadora radical, Margarita Malharro de Torres, que había presentado el proyecto el 6 de noviembre de 1989, las mujeres representaban sólo el 5,4 por ciento de la Cámara de Diputados y el 8 por ciento del Senado.
Dos años después de la sanción de la ley, el primer escenario en el que quedó expuesto el aumento de la participación femenina en política fue la Convención Constituyente de 1994, integrada por una importante presencia femenina, pertenecientes a distintos partidos políticos, que avanzó en la reforma de la Constitución.
De allí surgieron figuras políticas de relevancia que luego ocuparon cargos ejecutivos como la actual presidenta y la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación de la Alianza, Graciela Fernández Meijide.
También, se destacaron en los debates la actual diputada del Frente para la Victoria y especialista en materia educativa, Adriana Puigross, y la fundadora del ARI y ex candidata presidencial, Elisa Carrió, entre otras mujeres que trascendieron y, en algunos casos, que comenzaron a participar activamente en política a partir de la ley de cupo femenino.
La mayor presencia femenina en ámbitos parlamentarios no sólo permitió la sanción de leyes vinculadas con los intereses del género sino que contribuyó a instalar nuevos temas en la agenda política relacionados con la defensa de los derechos humanos en general.
En ese sentido, y al calor del significativo aumento de la representación femenina, el Congreso Nacional logró sancionar a lo largo de estos años varias leyes como la educación sexual, matrimonio igualitario, normas vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad o de defensa del consumidor.
Por eso, la ley de cupo -apoyada por mujeres peronistas, radicales y de partidos de centroizquierda- no sólo tuvo un impacto simbólico sino que permitió fortalecer el debate sobre la condición social de las mujeres y, en el Congreso, se convirtió en un importante desafío para las representantes del género.
Una mujer al frente de la Nación y otras tres a cargo de ministerios claves, dos gobernadoras y un 38,5 por ciento de representantes femeninas en el Congreso, demuestran que lo que algunos consideraban como «impracticable» en el ámbito político, al calor de los debates por la sanción de la ley, era un argumento inconsistente. (telam)
