Piden el desalojo de los carreros instalados en Oroño y 27 de Febrero
Los deportistas que corren sobre el límite sur del parque Independencia aprecian el cambio en el paisaje: el Boulevard Oroño, a la altura de 27 de Febrero, tiene su esquina “copada” por una manifestación organizada y orgánica. Ya son once días de conflicto entre 200 familias dedicadas al cartoneo y las autoridades de Desarrollo Social de Santa Fe. Las cuatro manos de la esquina están interrumpidas al tránsito por una docena de contenedores de basura –algunos de los que forman parte de las islas de separación de residuos– y unos pocos carros, sin caballos. A la vista, ningún representante de fuerzas de seguridad, Tránsito o Control Urbano ordena el tráfico.
Los que sí se hacen cargo de avisar que no se puede circular son algunos jóvenes manifestantes, que a señas y gritos disuaden a automovilistas y motociclistas que amagan con atravesar 27 de Febrero. “Nos cansamos cuando la provincia dejó de dar los alimentos para el comedor del centro comunitario, que está en Valparaíso y Gaboto, y le da de comer a toda la gente de Vía Honda”, contesta Manuel mientras camina junto a un grupo de caballos que pasta en el cantero central de 27 de Febrero. Según este hombre, muchos de los carreros trabajan durante el mediodía y otros van a buscar a sus hijos a la escuela. Después vuelven al piquete.
La esquina de 27 de febrero y Alvear es el epicentro de un conflicto desde la semana pasada. Es que allí funciona la sede local del Ministerio de Desarrollo Social. Alrededor de un improvisado toldo, dotado con algunas comodidades básicas –electricidad, abrigo, lugar de descanso–, los niños juegan, las mujeres cocinan y los hombres preparan el fuego para la torta asada que dos chicas amasan sobre una mesa en la vereda que está frente a lo que alguna vez fue el Salón Naranja dela Sociedad Rural.
Claudia Báez es la referente máxima de la protesta. Mientras se peina, luego de un baño que tomó minutos antes del mediodía en un camión que oficia de improvisado sanitario, la mujer le explica a El Ciudadano: “Volvimos a la protesta después de 5 meses y 16 reuniones con los responsables de Desarrollo Social de la provincia. Estamos cansados de que no tomen en serio nuestros problemas”. De acuerdo con Báez, son 200 familias –alrededor de 400 niños– abocadas al cartoneo cuyo reclamo asistencial consiste en la entrega por parte del gobierno santafesino de 600 “ayudas”; esto es, zapatillas y vestimenta, entre otros elementos. Además, la protesta la integran un grupo de 25 ex presidiarios que desde hace 6 meses manejan una huerta comunitaria con subsidios provinciales en las cercanías de 27 de Febrero y Camino de los Indios. “A ellos también les cortaron el subsidio”, apuntó Báez.
Claudia sostuvo que no tienen miedo al desalojo que solicitó el gobierno provincial en el Juzgado Correccional de la 9ª Nominación y que, al cierre de esta edición, no había sido ordenado por las autoridades judiciales.
Claudia está al tanto de las duras declaraciones (ver aparte) del director Provincial de Desarrollo Social, Marcelo Beltrán, pero no se inmuta. “Juan Regache (funcionario que depende de Beltrán, con quien mantuvieron reuniones en la sede de Promoción Social dela Municipalidadde Rosario) nos manda empleados dela Secretaríapara que nos insulten. Nos dijo que nos quedáramos todo lo que quisiéramos, que no íbamos a conseguir nada”, asegura.
Bar de mesas vacías
A menos de20 metrosde donde Claudia se peina, el café Nuevo Carioca, manejado por Adriana y Sergio desde hace 16 años, está vacío. Según los dueños, que viven en la parte de arriba del local, se quedaron sin clientes desde que empezó la protesta, pese a estar en una de las arterias más transitadas de la ciudad. “No pasa nada por acá. Es la hora del almuerzo y no hay nadie. Esta gente cortó la calle y la vereda, ¿quién puede venir?”, protestó Adriana.
Enseguida se abrió la puerta y entraron dos proveedores a dejar un pedido de verduras. Para llegar hasta Nuevo Carioca, ambos trabajadores debieron estacionar sus respectivos vehículos por calle Gálvez porque “los chicos” les impidieron el ingreso. Sergio espera que el conflicto se solucione lo antes posible y a la vez exige que “las autoridades correspondientes se hagan cargo de la limpieza y las pérdidas”.
“No respetan las reglas de convivencia. La basura y los desperdicios de los caballos se acumulan en la calle y en las veredas, frente a nuestras casas. La presencia de la gente de sanidad yla Policíaes escasa”, añadió Adriana. Según el relato de la mujer, durante los últimos días algunos empleados del Ministerio de Desarrollo Social que almorzaron en el Nuevo Carioca contaron que los carreros habían tirado pollo podrido junto a las puertas de ingreso del edificio, que se levanta en la ochava de 27 de Febrero y Alvear. La convivencia de carreros con vecinos y comerciantes se torna cada día más tensa. Y la solución, por el momento, no llega. (El Ciudadano)
