Presentan listado de denuncias, causas y pedidos de informes de la gestión Binner

A raíz del debate planteado en la última sesión de la Cámara de Diputados, en el que el diputado del PDP Gabriel Real con motivo de realizar un homenaje al ex intendente de Santa Fe, Enrique Muttis, realizó puntualizaciones sobre la moral de gobernantes del justicialismo, el diputado Alberto Monti expresò su voluntad de ingresar a la versión taquigráfica de dicha sesión un listado de todas las causas judiciales, denuncias penales, pedidos de informes e investigaciones sobre presuntos casos de corrupción de la administración encabezada por Hermes Binner.

A continuación reproduciremos el listado en cuestión:

* Licitación del servicio de emergencias 911: denuncia penal presentada por un abogado pidiendo se investigue pliego hecho a medida y cartelización e impugnaciones presentadas por empresas que se sintieron perjudicadas por el gobierno socialista, ganando la licitación una de las UTE que eran previamente beneficiadas. (Instrucción Tercera – Circunscripción 1º)

* Compra de uniformes policiales: denuncia penal presentada por quien suscribe, pidiendo se investigue la adquisición de camperas, camisas, zapatos, corbatas y demás prendas para la Policía de Santa Fe al triple de su valor de mercado. (Instrucción Segunda-Expte. Nº 608/09 – Circunscripción 1º) y por un particular, sobre la misma temática (Instrucción Sexta – Expte. Nº 1079/10 – Circunscripción 1º)

*Compra de las motocicletas para la Policía : pedidos de informes en la Legislatura y denuncia penal presentada por un ciudadano pidiendo se investigue la compra a casi 20.000 pesos de vehículos que salen menos de 7.000 en cualquier concesionaria, desestimando ofertas de 10.000 por motivos formales. (Instrucción Cuarta – Expte. Nº 1131/10 – Circunscripción 1º)

*Firmas apócrifas del ministro Álvaro Gaviola en expedientes judiciales: el jubilado Carlos Antoniazzi denunció penalmente al titular de la cartera de Seguridad por haberle rematado su vivienda única siendo titular del Registro Civil incluyendo firmas supuestamente falsificadas de Gaviola como abogado. El fiscal aceptó la denuncia, el juez está investigando y el ministro ya tuvo que concurrir a testimonial y poner su firma para que la estudie el perito calígrafo de la Corte Suprema de Santa Fe. (Instrucción Segunda – Expte. Nº 485/10 – Circunscripción 1º).

* Firmas apócrifas del ministro Álvaro Gaviola en expedientes judiciales: los jubilados Julio Cesar Gauna y Rosaura Nefle de Gauna denunciaron penalmente al titular de la cartera de Seguridad por haberle rematado su vivienda única siendo titular del Registro Civil incluyendo firmas supuestamente falsificadas de Gaviola como abogado. (Instrucción Segunda – Expte. Nº 988/10 – Circunscripción 1º)

* Adjudicación directa de la Autopista Rosario Santa Fe: denuncia penal de la totalidad de los diputados del PJ, donde se pide investigar la concesión de la autopista a una UTE mediante un concurso de precios “trucho” a todas luces, donde se notificó como invitada a una fábrica de bebederos para chanchos en la localidad de Landeta, fuera de toda normativa vigente. (Instrucción Sexta – Expte. Nº 711/10 – Circunscripción 1º)

* Adjudicación de la concesión de la Autopista Rosario Santa Fe: la ONG Proconsumer presentó recurso administrativo para que se retrotraiga la adjudicación definitiva de la Autopista Rosario Santa Fe y se deje de cobrar peaje, por haber llamado a licitación sin haber aprobado una ley que así lo autorice.

* Perdón de multa por demora en la finalización del Casino Rosario: denuncia entablada por la diputada Alejandra Vucasovich, apoyada por legisladores de la UCR y el PPS, se puso al descubierto que Lotería de Santa Fe perdonó graciosamente a la empresa que explota el Casino de Rosario una millonaria multa por haber terminado e inaugurado el mismo casi un año mas tarde de lo previsto, sin tener en cuenta los castigos que imponía el pliego de licitación.

* Pedidos de informes por haber nombrado como Director del Ministerio de Economía a José María Pérez, exonerado del Banco de Santa Fe por espionaje; una vez depuesto de ese cargo, se lo “premió” con un cargo de asesor en la EPE.

* Denuncia previa a su asunción como Secretario de Trabajo contra Miguel Solís, amigo personal de Antonio Bonfatti y Secretario General de la UOM Las Parejas, acusado por el Cuerpo de Delegados de su sindicato de haber utilizado para cuestiones personales fondos del gremio; obviamente tuvo que dejar su puesto al intervenir la UOM nacional el sindicato.

* Pedidos de informes donde consultamos sobre la actuación del ex Secretario de Seguridad y actual Coordinador del Nodo Santa Fe, Carlos Iparraguirre, en el suceso policial acontecido con el robo de dos avionetas presuntamente ligadas al narcotráfico y supuestas irregularidades en el proceso investigativo.

* Denuncia pública del oficial de la Policía de Santa Fe, José Raffo, sobre la existencia de cajas negras y connivencia con barras bravas del fútbol, nunca debidamente aclaradas.

* Presunta participación de una funcionaria del CUDAIO (Centro Único de Ablación e Implantes) como beneficiaria de exámenes de histocompatibilidad en un laboratorio privado que la tendría como socia.

* Pedidos de informes sobre la escandalosa fuga del confeso asesino del dirigente sindical Abel Beroiz de la Unidad Penitenciaria de Piñero, la participación de un funcionario del Ministerio de Seguridad como defensor de dicho sicario, denuncia que motivó el alejamiento del mismo de la estructura de gobierno sin explicación alguna y provocó una denuncia penal por parte de los familiares de dicho dirigente por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el Ministro de Seguridad Álvaro Gaviola y el Secretario de Seguridad Horacio Ghirardi en los Tribunales de Rosario.

* Denuncias judiciales contra la Secretaria de Derechos Humanos Rosa Acosta mientras era funcionaria municipal en Rosario.

* Negativa a constituir la Comisión Bicameral Revisora del Tribunal de Cuentas prevista por la Ley de Administración de la provincia, dejando sin analizar mas de 200 observaciones legales emanadas desde el Tribunal de Cuentas de la provincia en estos tres años y medios.

* Acompañado por los presidentes de los bloques del PJ presente un pedido de informes donde se solicitaron precisiones acerca del presunto envío de un correo electrónico por parte de una funcionaria del gobierno provincial, la Coordinadora de Comunicación Social del Nodo Rosario, Andrea Giammaría, desde una cuenta utilizada habitualmente para difundir información del gobierno, donde se acusa al Partido Justicialista de «desestabilización»; «caos», «malestar» y «angustia» en la ciudad de Rosario en ocasión de la tormenta que azotó a esa ciudad hace algunas semanas.

* Junto a Diputados provinciales del PJ presentamos un pedido de informes al gobernador Hermes Binner, donde afirmamos que “según documentación que obra en nuestro poder, y con los datos que se desprenden desde la sola lectura de la misma, las señoras Directoras de las Delegaciones de Educación con asiento en Venado Tuerto y Cañada de Gómez, Mabel Caula y Mónica Albónico reenviaron desde cuentas de correo electrónico oficiales y personales un correo electrónico de carácter político, con términos injuriosos y agraviantes hacia candidatos que no pertenecen a la fuerza política que integran, el Frente Progresista Cívico y Social”.

* Pedido de informes al Ministerio de Economía sobre los hechos sucedidos en la Regional Rosario de la API el 17 de octubre de 2009, en los que aparentemente habría sido desarmada en forma compulsiva la oficina que hasta ese día ocupaba la Administradora de esa repartición, Diana Sandoz, en un operativo tipo “comando” que habría estado encabezado por la subsecretaria de Ingresos Públicos, Teresa Beren y su asesor Antonio Roselló.

* Denuncia de “zona liberada” por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía de Santa Fe en la denominada “Batalla de ATILRA” acontecida en la ciudad de Rosario y que terminó con el luctuoso saldo de un obrero muerto, formulada por el diputado José Tessa cuando todavía integraba el bloque del Frente Progresista.

* Avance de la licitación del Puerto de la Música sin tener la desafectación por parte de la Secretaría de Vías Navegables de la Nación para que esos terrenos dejen de ser zona portuaria y de pueda construirse esa mega obra.

* Pedidos de informes por los honorarios y los pasajes que se le pagan al asesor “off shore” Mario Corea Aiello (por que vive en Barcelona), que casualmente en varios proyectos de arquitectura ha sido socio nada más y nada menos que de la señora esposa del gobernador Hermes Binner.

* Condonación graciosa de deudas impositivas a la anterior conducción de Terminal Puerto Rosario, concesionaria del ENAPRO, y demora en la ejecución del seguro de caución ante la convocatoria de acreedores de esa empresa, justo en el momento en el que se negociaba la cesión de terrenos para levantar el Puerto de la Música , hecho denunciado en el año 2009 por quien suscribe y retomado, con presentaciones judiciales de por medio, por el diputado Marcelo Gastaldi.

* Denuncia de los diputados Alejandra Vucasovich, Norberto Nicotra y Oscar Urruty donde se indica que Aguas Santafesinas compra a empresas chinas tapas boca de registro para calzadas y veredas habiendo ofertas similares de industrias santafesinas.

*Denuncia penal por viajes del ex intendente Hermes Binner, el actual senador Juan Carlos Zabalza y otros funcionarios municipales a reuniones de la Internacional Socialista con fondos de la Municipalidad de Rosario, haciendo coincidir supuestas actividades oficiales con la concurrencia a encuentros políticos. Presentada en Tribunales por el ex concejal Ricardo Marengo con frondosa documentación probatoria. Los periplos, autorizados por Decretos del ex Intendente Binner, se desarrollaron entre los años 1999 y 2001 y tocaron las ciudades de Roma, Italia; Atenas, Grecia; Madrid, España y México DF, México, dándole la norma carácter de viaje oficial, pero según consta en la página web de la Internacional Socialista , en la misma fecha en que se desarrollaban los viajes se efectuaban reuniones de ese agrupamiento político.

*Derrumbe de los muelles del Parque de España: negligencia comprobada por el IMAE de la Facultad de Ingeniería de la UNR por falta de mantenimiento de las estructuras, oportunamente señalada en el Concejo Municipal de Rosario por la edil y posterior senadora socialista Patricia Sandoz. La tragedia causó la muerte de una persona. El juez que liberó de culpa y cargo a Hermes Binner, Miguel Lifschtiz y toda la jerarquía municipal es, coincidentemente, el actual Defensor del Pueblo propuesto por el Partido Socialista Edgardo Bistoletti.

* Denuncia penal por incumplimiento de los contratos firmados por la Municipalidad de Rosario a cargo de Hermes Binner y la ACETOMM , para la remodelación y puesta en valor de la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno.

* Complejo Puerto España – Gimnasio vidriado:  La Municipalidad de Rosario, durante la gestión de Hermes Binner, concesionó los galpones del ferrocarril ubicados en la costa a la altura de las calles España y Presidente Roca, para la instalación de un restaurant, Don Ferro, y un salón de fiestas. El concesionario, sin autorización municipal subalquiló una fracción de terreno para la construcción de un moderno gimnasio vidriado, hecho no contemplado en el pliego. Por otra parte hubo una drástica reducción del canon originalmente previsto en el 7% de la facturación. Los hechos fueron denunciados en sede judicial por el edil Alberto Cortés, del Partido Socialista Auténtico y en el ámbito del Concejo Municipal por los concejales José Elmir y Luisa Donni, del Partido Justicialista, Omar Paredes y Jorge Boasso, de la Unión Cívica Radical y Alfredo Curi, del Partido del Progreso Social, que ameritaron el pedido de conformación de una Comisión Investigadora, iniciativa sistemáticamente bloqueada por la bancada oficialista.

*Flor Andina: Con fecha 27 de diciembre de 2000, el ex intendente de la ciudad de Rosario, Hermes Juan Binner, acompañado por su Secretario de Gobierno, Antonio Bonfatti; su Secretario de Planeamiento Urbano, Sebastián Bonet y su Director General de Obras Particulares, Gustavo Cecconi, firmó el Convenio con Jorge Antonio Luján, en representación de la empresa Flor Andina donde se otorgaba un permiso a favor del particular para «instalar una confitería bailable en el inmueble de Avenida Colombres 1756 y en la parte del terreno comprendido entre los Lotes 17 y 18” . Durante el mes de febrero del corriente año, los concejales rosarinos Gustavo Gerosa y José Elmir presentaron un pedido de informes ante el cuerpo que integran y posteriormente Gerosa una denuncia judicial donde se imputa a Flor Andina de haber ganado espacios al Río Paraná mediante la ejecución de un relleno que no cuenta con autorización del Gobierno de Santa Fe, ni de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables de la nación. Con fecha 25 de agosto del 2005, el Fiscal de Primera Instancia Número Dos de los Tribunales de Rosario, Ismael Manfrín, solicitó al Juez de Primera Instancia Penal Correccional Número 10, Daniel Acosta, actuando en el marco del Sumario 734/05 seguido a Flor Andina S.A. sobre usurpación «de dominio público provincial como también la ocupación ilegal de la ribera interna del río destinada al uso y goce de la ciudadanía en general» solicita la «desocupación de los lugares indicados conforme lo habilita el Artículo 231 bis del Código Procesal Penal poniéndose en conocimiento previo a las autoridades provinciales y municipales que correspondan»

* Comisión Investigadora de la Dirección municipal de Registro e Inspección, donde se verificaron habilitaciones irregulares a confiterías, estaciones de servicio, locales bailables y otros rubros, con denuncia judicial presentada por los miembros de la comisión presidida por el concejal José Elmir, en la que se imputó oportunamente a Rosa Acosta, hoy Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe.

* Numerosas irregularidades detectadas por la Auditoría General de la Nación en la ejecución por parte de la Municipalidad de Rosario del Programa Rosario Hábitat, financiado con fondos internacionales.

* Incumplimiento de órdenes judiciales para el desmantelamiento de antenas de telefonía celular en diversos barrios de la ciudad de Rosario.