La Justicia dejó sin efecto restricciones impuestas al sindicalista Silvio Barrionuevo
Sufría una cautelar por amenazas. Una camarista dice que la imputación es ambigua y canceló las medidas determinadas, a excepción de dos resguardos a mujeres por motivos de género.
En mayo, tras ganar las elecciones en el Sindicato de Obras Sanitarias, Silvio Barrionuevo fue imputado por ocho hechos de amenazas coactivas a sus opositores de lista. Tras la sindicación fiscal, el juez actuante dispuso restricciones que fueron apeladas. Ahora la Cámara Penal resolvió revocar parcialmente la decisión y desecho las prohibiciones impuestas a excepción de las fijadas para dos de las denunciantes.
A fines de mayo el fiscal Sebastián Narvaja, tras una serie de allanamientos que incluyeron el domicilio de Barrionuevo, lo imputó. Dijo que en ejercicio de la secretaria general adjunta del sindicato y como candidato a secretario general de la lista oficialista, el imputado ordeno o incitó a afiliados, adherentes y partidarios a cometer actos de intimidación contra los integrantes de la lista opositora, los que fueron cometidos entre enero y mayo del 2022.
Esta investigación se inició en medio de una disputa entre el sector que conduce Omar Guevara, que compartió con Barrionuevo comisión hasta las elecciones, y la fracción encabezada por el secretario general adjunto.
El quiebre generó dos listas que se enfrentaron en las accidentadas elecciones del gremio que primero fueron suspendidas y finalmente se realizaron hacia fines de mayo de este año. En ese marco se produjeron seis denuncias por administración fraudulenta y amenazas a Barrionuevo. En los allanamientos realizados se secuestraron casi un millón y medio de pesos y 75.000 dólares en efectivo.
Según el fiscal, las amenazas se llevaron adelante a través de llamadas telefónicas, pintadas, vociferar amenazas intimidatorias y agresiones, entre enero y mayo de este año. Tras la imputación el juez de primera instancia Florentino Malaponte dispuso medidas restrictivas a Barrionuevo en referencia a las víctimas.
Entre ellas la prohibición de contactarse por cualquier medio con los denunciantes u hostigar o participar de alguna manera de cualquier forma de hostigamiento verbal o físico a los denunciantes o su grupo familiar.
La defensa de Barrionuevo, a cargo de Ignacio Carbone, presentó una apelación y el caso quedó en manos de la camarista Carina Lurati que resolvió revocar parcialmente la medida cautelar impuesta.
El defensor dijo que las medidas restrictivas aplicadas afectan la libertad ambulatoria y el ejercicio de su función en el sindicato y pidió su revocación. A lo que el fiscal se opuso.
La camarista resolvió revocar parcialmente la decisión y mantener la prohibición respecto a dos las denunciantes salvo en los casos que sea necesaria una reunión de comisión directiva. La magistrada revocó el resto de las restricciones por inconstitucionales entendiendo que existe ambigüedad en la fundamentación de las medidas restrictivas fijadas.
