Marcha nacional con la presencia de referentes políticos y sindicales por la «democratización de la Justicia»
Los manifestantes se concentraron en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde habló uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla.
Los alrededores del Palacio de Tribunales en la ciudad de Buenos Aires fueron el escenario de la marcha del #1F contra la Corte Suprema de Justicia, promovida por organizaciones sindicales, sociales, dirigentes y funcionarios del Poder Judicial.
Los manifestantes se concentraron en la Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano al 600, donde hablaba uno de los promotores de la manifestación, el juez del Tribunal Oral Criminal 29, Juan María Ramos Padilla. La convocatoria, que fue apoyada con manifestaciones en Río Negro y Jujuy, comenzó a las 18.
En primera fila también estuvieron el exvicepresidente Amado Boudou y el dirigente social Luis D´Elía, otro de los convocantes a la protesta del 1F, bajo la consigna «Basta de impunidad».
Sobre un cambión montado en las inmediaciones del Palacio de Justicia, Ramos Padilla lanzó duras críticas a los integrantes del máximo tribunal del país, actualmente con cuatro miembros.
Entre quienes respaldaron la convocatoria estuvieron los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Seguridad, Aníbal Fernández; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Menna.
También adhirieron a la protesta la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño; el secretario general de la CGT, Pablo Moyano; y el diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky, entre otros.
«Yo me pregunto qué les pasa a los jueces que van a comer con los empresarios a los restaurantes más caros de Buenos Aires. ¿Cuándo van a comer con el pueblo? ¿Cuándo carajo van a atender a la mujer golpeada?», recalcó Ramos Padilla.
Padilla convocó al acto para que el Poder Judicial «se transforme en un servicio de justicia» y no quede reducido a una «protección a intereses que no son los propios de los argentinos».
Las tres principales consignas del acto son el repudio al desempeño de la Corte y sus miembros, el reclamo contra la impunidad y el fin del «lawfare» o la «guerra judicial» con fines políticos.
Ramos Padilla, amigo personal del expresidente Raúl Alfonsín, fue uno de los primeros jueces que investigó la disposición final de desaparecidos en cementerios públicos de la provincia de Buenos Aires. El magistrado convocó al acto para que el Poder Judicial «se transforme en un servicio de justicia» y no quede reducido a una «protección a intereses que no son los propios de los argentinos».
En tanto, la alianza Juntos por el Cambio criticó la marcha y señaló que suma «gravedad institucional» a la escena política. Señaló que la Constitución establece un mecanismo para remover y estimó que «este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno», según interpretan.
La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerrutti, aclaró que el Gobierno «no toma postura» respecto a la marcha: «El Gobierno no toma posturas sobre las marchas que organiza ningún sector de la sociedad, ni ningún sector político ni social. Forman parte del derecho a expresarse de los diferentes sectores de la sociedad y no son temas sobre los que tenga que opinar el Gobierno», dijo.
Pero dijo que «la postura del Gobierno respecto de la Corte Suprema, y de la tardanza de la Justicia, así como a la arbitrariedad con la que algunos casos se resuelven más rápido que otros, y respecto de la falta de justicia en general, es bien conocida».
D’Elía dijo hoy en declaraciones radiales que «esta Corte deja mucho que desear en términos de independencia y está subordinada a intereses que no tienen nada que ver con la justicia en Argentina». Por ello aseguró que «mañana a las 8 de la noche la Corte Suprema tiene que presentar su renuncia e irse».
El diputado por el Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro afirmó que la Corte «tiene que rendirle cuentas a la sociedad» y por este motivo «es legítimo que la gente se exprese» en la movilización que se hará mañana al Palacio de Tribunales para reclamar reformas en el Poder Judicial.
«Soy diputado nacional, y por eso tengo dudas para participar, pero me parece legítimo que quienes sienten que debe haber un recambio se manifiesten», dijo a Radio Con Vos. Recordó que fue muy crítico «cuando dos de los cuatro miembros de la Corte Suprema intentaron entrar por decreto». «Si no fuese diputado nacional, no tengo ninguna duda de que estaría ahí», concluyó Santoro.
