Rosario, punta del iceberg de un problema nacional
La actuación de las mafias organizadas y el narcotráfico, de consolidarse, serán las que impongan las leyes de la sociedad.
El cartero de Cristina Kirchner volvió a llamar a la puerta del despacho presidencial. En la misiva reconoció la derrota. ¿Era necesario, cuando el resultado se conoció la noche del 14 de noviembre? ¿O es la forma de disentir también en esto con el método Alberto Fernández ? Dijo que Argentina tiene un Presidente. ¿El voto mayoritario de la ciudadanía en el 2019, no alcanza para corroborarlo? Hasta aquí con estos simples ejemplos, queda claro porqué Argentina no funciona.
La ex presidente, que viene de zafar –a como dé lugar- de una de sus mayores aflicciones para con la Justicia; le dice al Presidente que arregle con el FMI, aunque le recuerda qué es lo que no debe hacer. CFK sabe que un acuerdo con el Fondo demanda costos. Quién los pague, depende de la política. Si los recortes no caen sobre salarios, jubilaciones y la actividad productiva, tal vez sea un camino con recorrido inverso al que tantas veces Argentina emprendió.
A propósito de pagar costos, es un infantilismo pensar que los resultados arrojados el 14 de noviembre sólo recaen sobre el Presidente. En la agenda de Diputados, la prioridad no es el paquete productivo que el propio Fernández le señaló a Infobae hace un mes y medio atrás: ley de hidrocarburos, ley de desarrollo agroindustrial, compre argentino, entre otros; sobre los cuales dijo además que fueron consensuados con la oposición. Sí parece serlo, impulsado por Máximo Kirchner, la tasa ambiental del 3% que grava a los envases, proyecto resistido por el propio jefe de Gabinete que, como gobernador de Tucumán, sabe del impacto en las economías regionales; además los diputados de las distintas provincias no muestran interés dado que lo recaudado no sería coparticipable. El destino es engrosar la caja del camporista ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Al cierre de este análisis todo indicaba que no tendría chances de ser tratado antes de los cambios en el Congreso.
El presidente Fernández luego de su plaza del 17 de noviembre, se siente fortalecido: ¿Por qué entonces no fija agenda? Sólo quedan quince días con la actual composición del Congreso nacional, a lo que se le debe sumar el tratamiento del Presupuesto 2022 y el proyecto plurianual.
El gobierno comienza el recorrido de los dos años que le restan. Debiera presentar un plan de acción con miras al desarrollo económico y humano. La CGT y el empresariado están dispuestos a ser pilares de la gobernabilidad. La coalición de gobierno, ¿está dispuesta a lo mismo?
Rosario pasó a ser la punta del iceberg de un problema nacional que va mucho más allá de la inseguridad, aunque parezca paradójico. Si en Rosario la batalla la gana el narcotráfico y el crimen organizado, los pilares que sustentan la democracia corren serios riesgos de desmoronarse. La corrupción ha escalado de tal manera que traba el accionar de la buena Justicia, la buena Policía y, por qué no, de la buena intencionalidad política. La actuación de las mafias organizadas y el narcotráfico, de consolidarse, serán las que impongan las leyes de la sociedad. Es difícil de ver, y mucho más cuando la política sólo mira al adversario con clara y única intención de derrotarlo y ocupar su lugar. Existe una línea delgada que divide hoy las leyes de la democracia con las leyes del crimen organizado. La cooptación, es decir, el avance de las mafias sobre los actores privados y públicos es vertiginoso. Si esto no se advierte, cuando sea visible será tarde.
Embrionariamente en Rosario está trabajando una mesa de diálogo para elaborar un plan de seguridad a 10 años, transversal, con independencia del partido político que gobierna. Se están dando diálogos institucionales de concientización para con los máximos niveles: gobernador, intendentes, legisladores. Hoy el principal peligro en Rosario son las extorsiones públicas y los pedidos de protección. El poder mafioso le disputa al poder real casi de igual a igual. Es decir, le compiten al ministerio de Seguridad y a las instituciones en sí. El peligro es tal que esto debe ser consensuado, acordado y aplicado antes del 2023. Los unos y los otros, es decir la política toda, el sector empresario y el gremial deben entender cuanto antes que sin seguridad no hay economía ni democracia, porque estas mafias van anulando a las instituciones.
Es conocido que el viernes pasado un equipo encabezado por el fiscal Matías Hernández fue a las oficinas en Santa Fe y Rosario del ministerio de Seguridad provincial, de donde se llevaron seis bolsos con documentación y teléfonos de funcionarios, para analizar si el ex ministro Marcelo Sain y su equipo incurrieron en el delito de espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios, funcionarios judiciales, etc.
Allegados al gobierno de Omar Perotti, entienden que no debieron llevarse nada sin la presencia de testigos y la orden de un juez. Según pudo saber Infobae, los fiscales santafesinos pueden allanar oficinas públicas sin orden de un juez, pero debe haber un documento que delimite el objeto de la medida. La autorización para abrir teléfonos debe provenir de un juez. Si bien debió haber testigos, tal vez se excuse el fiscal en que el acto fue filmado en su totalidad.
Consultado por Infobae el Fiscal General Jorge Baclini, manifestó que “desde setiembre los fiscales venían chequeando información en forma meticulosa y prolija. Los fiscales encontraron documentos rotos”. Consultado sobre qué documentación concreta hallaron, respondió “serán los fiscales quienes den a conocer los detalles” La situación interna dentro del ministerio de Seguridad, de rivalidad entre el actual ministro Jorge Lagna y el vice ministro Germán Montenegro del equipo de Saín, produjo que el Gobernador tuviese a disposición las renuncias de los funcionarios del ex ministro desde hace una semana atrás, cuya aceptación se concretó el mismo viernes.
Mañana miércoles y previo a estos hechos, el gobernador Perotti citó a presidentes de bloques de Diputados y al presidente de la comisión de Seguridad del Senado. Consultadas voces de la oposición, el senador Felipe Michlig dijo: “No conocemos los pormenores de la investigación que llevan adelante los fiscales. El Gobernador se vuelve a equivocar al no citarnos. Parece que tenemos un sistema unicameral. No hay conspiración contra el Gobernador, sí necesidad de aclarar este tema. Queremos que se investigue hasta las últimas consecuencias”
El presidente del bloque Juntos por el Cambio, el diputado Julián Galdeano, expresó: “el Gobierno no está reaccionando. Antes de manifestarnos, esperamos la reunión con el Gobernador el miércoles. Remarcamos la gravedad de la situación” .
El diputado Rubén Giustiniani del bloque Igualdad y Participación sostuvo: “Estamos carentes de información. Hasta dónde llega el tema, depende de si las carpetas son reales o si es una operación política que empieza y termina. Esperamos que el miércoles el gobernador nos dé una explicación”
El diputado Carlos del Frade del bloque Frente Social y Popular manifestó: “La investigación sobre el supuesto espionaje hay que profundizarla, pero no debe servir de excusa y evitar que todas las fuerzas políticas se comprometan a un acuerdo básico de cinco puntos para combatir la inseguridad”.
