El Gobierno creará un registro para controlar a los piqueteros
Habrá un registro de asociaciones de trabajadores de la economía popular para empadronar a sus miembros y garantizarles espacios de negociación.
El Gobierno dará a conocer esta semana una resolución que abrirá una inscripción para las organizaciones sociales y generar así una formalización de sus estructuras, empadronamiento de sus miembros y espacios garantizados en ámbitos de negociación. El objetivo, explicaron en el Ministerio de Trabajo, será dotar a los movimientos sociales y a sus líderes de mayores herramientas para canalizar sus reclamos y de ese modo reducir el volumen de la protesta social callejera.
El Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica se presentará mañana en la cartera laboral y tendrá como propósito brindarles a ese colectivo un “marco jurídico a nuevos sujetos que actúen como interlocutores que ejerzan su representación y que permitan canalizar en un ámbito de legalidad, las peticiones y las iniciativas para el desarrollo”. En los considerandos de la resolución se precisa que la formalización apunta a “preservar la paz social” con ese sector, que habitualmente utiliza las movilizaciones callejeras para hacerse escuchar.
La iniciativa atiende una de las exigencias históricas de las organizaciones sociales, tanto las que surgieron al calor de la crisis de 2001 como las más recientes, de contar con herramientas jurídicas y una estructura administrativa reconocida por el Estado para encarrilar sus demandas. En ninguna repartición pública cuentan en la actualidad con un padrón de miembros de movimientos sociales pero reconocen que son centenares de miles.
En el gobierno de Mauricio Macri dieron un paso al frente en términos de reconocimiento las entidades nucleadas en el denominado “triunvirato de San Cayetano” integrado por la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento Barrios de Pie. Esas organizaciones junto con el Frente Darío Santillán avanzaron a fin de 2019 en la conformación de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) con la pretendida idea de asimilarse lo más posible a un sindicato. Fue una acción planificada bajo la premisa de que Alberto Fernández promovería la unificación formal bajo un solo sello de la CGT, la CTA y los movimientos sociales más afines al Frente de Todos.
La idea de fusión duró poco y se frustró en su primera etapa. A pesar del impulso presidencial la CGT le cerró rápidamente la puerta a la CTA, bajo la premisa de que sus referentes habían conformado la central alternativa como respuesta a la “burocracia sindical” expresada en la organización más tradicional. De hecho, la resolución, a la que accedió este diario, reconoce que el registro atiende vacíos legales que dejaron las leyes 20.744, de Contrato de Trabajo, y 23.551, de Asociaciones Sindicales, que sólo contemplan como trabajadores a las formas tradicionales del asalariado en relación de dependencia con un empleador.
“Las personas que se desempeñan en el ámbito de la economía popular y de subsistencia básica podrán constituir asociaciones y ejercer los derechos que se le conceden en los términos de la presente resolución, una vez obtenida la pertinente inscripción”, señala la normativa que se presentará esta semana.
La resolución identifica a sujetos de la economía popular como todos aquellos “que se desempeñan de manera individual o colectiva, para generar un ingreso personal y familiar, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, como jardines, merenderos y comedores, venta en pequeñas ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos, cooperativas de trabajo o pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales”.
También contempla a quienes “bajo tipologías análogas y sin que exista una relación que permita tipificar el vínculo como contrato de trabajo en los términos de la Ley 20744, participen del proceso de producción de bienes y servicios con relaciones asimétricas, con la finalidad de subsistir”.
La vigencia de la ley de Asociaciones Sindicales puso a la Argentina en la mira de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en numerosas ocasiones a lo largo de los años, por consagrar el modelo de monopolio de representación sindical para una organización por cada actividad que tiene, como punta de la pirámide, a la CGT. También la Corte Suprema falló en varias oportunidades en contra de ese modelo y en línea con los postulados de la CTA, que sin embargo en los últimos años se mostró más proclive a regresar al formato tradicional bajo el paraguas de la CGT. Esas restricciones impiden incluso con más claridad el ingreso de organizaciones sociales y la resolución de esta semana buscará compensarles esa falta de andamiaje.
