Conflicto con el campo: El Gobierno aseguró que no subirá las retenciones
El ministro de Agricultura, Luis Basterra, confirmó que «el Presidente no quiere apelar a ningún instrumento de esta naturaleza»
El Gobierno se comprometió este miércoles ante la Comisión de Enlace a «no aumentar las retenciones» ni aplicar cupos a las exportaciones, y destacó que hubo acuerdo con las entidades agropecuarias en buscar que la población mejore sus posibilidades de acceso a los alimentos.
«Vamos a explorar todas las posibilidades que permitan que la población acceda a alimentos», destacó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, tras una consulta de la agencia NA.
Al finalizar el encuentro de una hora y media con el presidente Alberto Fernández, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes, sostuvo que «no va a haber incremento de retenciones».
«Decidimos que va a haber una continuidad y un acercamiento a las reuniones más seguido, porque hay que analizar cómo están funcionando las cadenas», resaltó Chemes.
En declaraciones a la prensa, subrayó que en el encuentro quedó claro que «el problema está en el resto de la cadena», y destacó: «Es importante transmitir a nuestros productores que tampoco habrá intervención».
Foco en los alimentos
En ese marco, el ministro de Agricultura indicó que el diálogo «se centró en trigo y maíz, porque uno tiene un impacto directo sobre un consumo masivo, como es el pan».
«Claramente la materia prima no es responsable en la proporción de los aumentos que han habido, pero de lo que se trata es de ver de qué manera cada actor de la cadena hace un aporte», enfatizó.
Consultado sobre la posibilidad de aplicar un incremento de los derechos de exportación, respondió: «El Presidente (Alberto Fernández) dijo que no quiere apelar a ningún instrumento de esta naturaleza».
«El Presidente fue claro en cuanto a sus expresiones, que fueron interpretadas de una forma, y que él en realidad expresó su voluntad de diálogo para resolver el problema, no para aplicar medidas», subrayó el ministro.
¿Una apuesta al modelo aceitero?
El abaratamiento de los alimentos en términos de salario es, por lejos, la prioridad política del Gobierno en el marco del año electoral. Y Alberto Fernández cree que encontró la fórmula.
Con el acuerdo de la industria aceitera, se procura una especie de auto regulación con subsidios cruzados, que logre el objetivo del abaratamiento, pero sin que se llegue a la instancia de que el Gobierno tome medidas que generan rechazo entre los productores.
Hasta ahora, vino aplicando una estrategia alternada de golpe y caricia. Anunció un cierre de exportación de maíz, que luego revirtió bajo la promesa de que no faltaría suministro al mercado interno. Luego criticó la suba del precio de la carne y amenazó con tomar medidas «que no le gustan» como la suba de retenciones y el establecimiento de cupos de exportación, pero que lo haría si no le dejaban otra salida.
Y a pesar de la andanada de críticas, amenazas de paros y recordatorios de todas las veces que esas medidas salieron mal, lo que se percibe en la dirigencia agropecuaria es cierta resignación.
En las videoconferencias que hacen entre dirigentes del sector, todos venían dando como un hecho que las retenciones volverían. De manera que ahora lo que se discute es la estrategia para que esto se produzca de forma negociada y Argentina no quede fuera del gran boom exportador agrícola.
«Vos no te diste cuenta, pero el año pasado el mercado del trigo estuvo intervenido. Lo que pasa es que en vez de hacerse en forma explícita, se forzó a que los empresarios hicieran acuerdos entre ellos para que el Estado no tomara medidas más distorsivas», comenta un consultor del sector.
Se refería al hecho de que el año pasado hubo un cierre virtual de exportaciones, acordado por los propios productores como forma preventiva para que el Gobierno no interviniera. De esa forma, las cifras fueron de venta al exterior fueron inferiores a las que los funcionarios dijeron que iban a permitir.
En el fondo, según los analistas que siguen de cerca el sector, lo que hay es un problema de credibilidad: este año, la cosecha de trigo es de 17 millones de toneladas, y se llevan exportadas 9 millones. En medio de un conflicto intrasectorial en el que los panificadores acusan a los molinos y los molineros acusan a los productores, todos miran lo que ocurrió con el mercado del maíz, donde el Gobierno había dicho que no tendría inconveniente en permitir una exportación de 38 millones de toneladas pero cerró el mercado cuando se llegó a 33 millones.
La prueba del aceite
La prueba de lo que el Gobierno quiere implantar como modelo para el sector agropecuario es el acuerdo que tuvo el sector aceitero. Allí, se acordó la formación de un fideicomiso en el que se produce una especie de subsidio cruzado entre los exportadores y la industria que procesa el girasol para confección del aceite en el mercado doméstico.
Para el Gobierno, es una de las formas de cumplir con el sueño del «desacople» de precios locales con los internacionales.
«Los aceiteros lo entendieron y organizaron un fideicomiso, resolvieron un mecanismo de compensación entre ellos», dijo en una entrevista Alberto Fernández. Según la argumentación oficial, ese fideicomiso –formado por un volumen equivalente al 75% del consumo interno- garantiza precios estables sin riesgo de desabastecimiento.
Lo que queda claro, además, es que el Gobierno no quiere repetir experiencias pasadas que lo enfrentaron a la clase media rural y que lo hicieron pagar altos costos políticos, como en recordado conflicto sojero de 2008. Es por eso que –aunque tiene potestades para subir tres puntos las retenciones de trigo y maíz- se está intentando que el campo vaya a una especie de autoregulación.
Tanto que el propio Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara Aceitera, fue uno de los voceros del acuerdo, al que puso como ejemplo de cooperación entre el sector privado y el Gobierno.
«Los que exportan van a compensar a los que abastecen en 190 millones de dólares anuales totales», dijo Idígoras, quien calificó el acuerdo como «un enorme esfuerzo pero es importante ante la realidad económica y social del país para abastecer el mercado y mantener el precio».
La duda es si ese modelo será extrapolable a otros sectores que aparecen más problemáticos, como el trigo, el maíz, y la carne. En principio, en el campo se percibe escepticismo.
En algunos sectores, el problema es el choque de incentivos entre los jugadores de una misma cadena. Pasa con los productos panificados, por ejemplo: los industriales piden al Gobierno autorización para una suba de precio, algo a lo que los funcionarios se niegan de plano.
Pero por otra parte los panaderos reciben la presión de los molineros, que están pidiendo una suba de hasta 17% por el precio de la harina, y se quejan de que mientras sus precios suben por escalera (sólo se les autorizó un 9%), el precio del trigo va en el ascensor al que lo sube el boom de commodities desde Chicago, y que lo hizo subir más de 60%.
Y, como suele suceder, están las acusaciones de acopio como parte de una estrategia especulativa por parte de quienes esperan una devaluación.
El gobierno intentará, como en el caso del aceite, que haya una transferencia de recursos que garantice un precio subsidiado al mercado interno. Pero la discusión no parece fácil. De hecho, desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires han estimado que el trigo sólo tiene una incidencia de 13% en el precio final del pan, y puso la lupa sobre todos los costos que van encareciendo la producción en el resto de la cadena, incluyendo los impuestos.
El pronóstico es que si desde el Gobierno se impusiera una reducción compulsiva en el precio del trigo, esto apenas incidiría en un 0,13% del precio del pan en las góndolas.
La dificultad del subsidio cruzado
A pesar de que es evidente que ambas partes quieren evitar una confrontación, sigue sin verse claro un acuerdo.
Así lo argumenta el consultor Salvador Di Stefano, uno de los más escuchados en el ámbito agropecuario: «Por más que el Gobierno intervenga en mercados como el maíz, eso no va a detener el avance de los precios. Entonces la tendencia del Gobierno es creer que Argentina está siendo agredida por potencias que nos quieren transferir inflación internacional.
Y agrega: «La cuestión es que el maíz vale $17.500 pero el Gobierno lo quiere a $15.000, y para eso le tiene que poner 10 puntos de retenciones. Como no lo puede hacer, presiona al exportador, pero el que cría el pollo tiene más costos cada vez más altos, entonces le va a subir el precio de todas maneras».
Desde la visión macroeconómica, el influyente Carlos Melconian no tuvo medias tintas respecto de lo que espera de la estrategia gubernamental. Rechaza la idea de la inflación importada porque, afirma, si ese fenómeno ocurriera, entonces la Argentina tendría que beneficiarse con una deflación de alimentos cuando los commodities caen, cosa que no ocurre.
«Ellos tienen un núcleo desde el punto de vista político a partir del cual necesitan echarle la culpa a alguien. Si vos querés que el precio de los productos no responda a un patrón internacional, entonces lo tenés que subsidiar», argumentó Melconian.
Pero inmediatamente agregó que él no recomienda el subsidio estatal porque dificulta el crecimiento económico. «Acá tiene que aumentar el poder adquisitivo de la gente para que pueda comprar esos alimentos sin mendigar, sin pedir un plan», afirmó
